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Una consumidora se ahorra 3.291,35 € que le reclamaba COFIDIS tras la modificación, por la Audiencia Provincial de Albacete, de la sentencia de 1ª Instancia

Una consumidora se ahorra 3291,35 € que le reclamaba COFIDIS tras la modificación, por la Audiencia Provincial de Albacete, de la sentencia de 1ª Instancia

La Audiencia Provincial de Albacete declara la nulidad de un préstamo revolving contratado con COFIDIS por tener asociados unos intereses usurarios del 24,51 % TAE. 

Señala la Sala que, no cabe duda alguna de que, el interés es desproporcionadamente alto en relación con otros préstamos o créditos con el mismo objeto de financiación de productos de consumo.

Las consecuencias de la ilicitud de la cláusula que fija los intereses remuneratorios, por usurarios, es su nulidad que la sentencia define como radical, absoluta y originaria, que además, es insubsanable y, por tanto, el consumidor estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

La Sentencia en Apelación, modifica parcialmente la resolución de primera instancia donde se condenaba a la consumidora a abonar a COFIDIS la cantidad de 4.957,21 €. Así, tras declararse la nulidad del contrato de préstamo, la consumidora deberá devolver solamente la cantidad que le faltaba por pagar, en este caso 1.665,86 euros, ahorrándose así un total de 3.291,35 €. 

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SENTENCIA

 

AUDIENCIA PROVINCIAL ALBACETE – SECCIÓN PRIMERA

Apelación Civil 51/17 – Verbal 695/16 del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Albacete

Apelante: XXXXXXX.

Procurador: XXXXXXX.

Letrada: XXXXXXX.

Apelado: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Procurador: XXXXXXX.

Letrada: XXXXXXX.

SENTENCIA 115/171

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ILMO. SR. MAGISTRADO PONENTE D. XXXXXXX.

En Albacete a treinta de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS en esta Audiencia Provincial en grado de apelación por el Iltmo. Sr. D. XXXXXXX designado como Ponente, según el turno establecido para el conocimiento y resolución de los autos nº 695/16 de juicio verbal, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Albacete y promovidos por Cofidís S.A. Sucursal en España contra XXXXXXX cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 28 de junio de 2.016 por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso la referida demandada.

ANTECEDENTES DE HECHO

ACEPTANDO en lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada y

1º.- Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: “FALLO: Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don XXXXXXX, en nombre y representación de la entidad COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, contra DOÑA XXXXXXX, sobre reclamación de cantidad por importe de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (4.957,21 €), DEBO CONDENAR Y CONDENO a la referida demandada a que abone a la actora dicha cantidad, la cual deberá incrementarse con arreglo a los intereses previstos legalmente desde la fecha de la interpelación judicial e incrementados en dos puntos a partir de esta resolución y hasta su completo pago.

– Las costas procesales causadas se imponen a la parte demandada.

– Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer, en el plazo de veinte días, recurso de apelación del que conocería la Iltma AP de Albacete.

– Líbrese certificación literal de la presente sentencia que se unirá a los presentes autos, quedando el original en el libro de sentencias de este Juzgado.

– Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.”.

2º.- Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por la demandada, representada por medio de la Procuradora Dª. XXXXXXX, bajo la dirección de la Letrado Dª. XXXXXXX, mediante escrito de interposición presentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazada la parte demandante, por la misma, representada por el Procurador D. XXXXXXX, bajo la dirección de la Letrado Dª. XXXXXXX, se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de diez días, compareciendo los mencionados Procuradores en las representaciones indicadas.

3º.- En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

VISTO siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. XXXXXXX.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por la representación de XXXXXXX se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por la ilustrísima Magistrada – Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Albacete en fecha 28 de Junio de 2016 que estimó la demanda en reclamación de 4.957,21 euros interpuesta por la representación de Cofidís S.A contra XXXXXXX solicitando la revocación de la referida resolución y que se dicte otra desestimando la demanda.

Segundo.- Alega en esencia la representación de XXXXXXX como motivos de su recurso:

1) Aplicación indebida de la Ley de Consumidores y Usuarios, de la Ley de Crédito al Consumo, así como la directiva 93/13/CEE de 5 de Abril (LA LEY 4573/1993), así como la doctrina jurisprudencial que desarrolla los mismos ya que la juzgadora debería haber tenido en cuenta los pagos efectuados reflejados en el documento nº 3 aportado por la demandante y los numerosos intentos realizados por la misma para intentar satisfacer la deuda debiendo haber desestimado la demanda al apreciar la nulidad de diversas cláusula del mismo y considerando que ha abonado de más determinada cantidad de dinero.

2) Error en la apreciación y valoración de la prueba admitida y practicada en autos, pues si bien la parte demandada no niega en ningún caso haber suscrito la solicitud del préstamo no realizó la aceptación de seguro alguno que implicara un sobre coste al pago de la cuota de cuyo importe de 155 euros mensuales se informó de manera verbal, cantidad que fue abonando mensualmente desde el 5/6/2012 hasta el 28/2/2015 cuando al no obtener respuesta para saber el capital amortizado así como el pendiente dejó de abonar el mismo esperando una respuesta.

3) Aplicación indebida del artículo 394.1 de la LEC (LA LEY 58/2000) en materia de costas, pues si en la propia sentencia se dice que no se incluyen los importes correspondientes a gastos de indemnización por vencimiento anticipado ya que de oficio se declaró el carácter abusivo de dicha cláusula es obvio que la demanda no ha sido estimada en su integridad, por lo que no procede hacer expresa imposición de costas a la parte demandada si, de otra parte, nos encontramos con un tema jurídicamente dudoso por no ser de aplicación el vencimiento anticipado máxime si las dudas también alcanzan a los hechos controvertidos.

Tercero.- Al respecto de los motivos del recurso interpuesto por la representación de XXXXXXX ha de indicarse:

Por COFIDIS se presentó demanda frente a XXXXXXX, en reclamación del saldo deudor de 5.226,58 euros de principal que presentaba el crédito ‘VIDA LIBRE’ que le había concedido el 16 de Mayo de 2012.

Por auto de fecha 29 de febrero de 2016 se declaró el carácter abusivo de la cláusula relativa a los gastos de indemnización por vencimiento anticipado continuando el procedimiento sin aplicación de la misma por la cantidad de 4.957,21 euros que incluía 4.181,66 euros de capital impagado, 578,48 euros de interés remuneratorio impagado y 197,07 euros de seguro impagado.

Respecto a la adhesión al seguro opcional ha de estarse a lo indicado por la juzgadora y aceptarse lo que se reclama por tal concepto, pues en la solicitud de crédito que no se niega fue suscrita por la demandada se aceptó dicha contratación.

En cuanto a la alegación de que la demandada ha intentado pagar sin éxito no consta que haya efectuado reclamación fehaciente al respecto.

Respecto a los intereses remuneratorios ha de indicarse que en el contrato únicamente se contempla la existencia de intereses remuneratorios de diferente magnitud en función de cual sea el saldo dispuesto y dado que en el caso de autos, como dicho saldo no supera los 6.000 euros, el TIN aplicable es del 22,12 %, lo que equivale a un TAE del 24,51 %.

Pues bien, según recuerda la STS de 26 de octubre de 2011, que sigue en este punto la doctrina del TSJUE referente al art. 4.2 de la Directiva 13/93/CEE (LA LEY 4573/1993), “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida…”, se ha de convenir que dicho interés remuneratorio, también llamado ordinario, en cuanto que es el precio que se paga por tomar dinero a préstamo, forma parte esencial del contrato y, consecuentemente, la cláusula que lo establece, en principio, queda excluida de cualquier control de abusividad, pues el mismo tan solo puede proyectarse sobre cláusulas no esenciales del contrato, esto es, sobre aquellas que para el caso de ser suprimidas, no afectarían a la subsistencia del contrato.

Ahora bien, lo anterior no significa que el interés remuneratorio se encuentre exento de cualquier control porque, por un lado, se encuentra el control de validez que resulta de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura (LA LEY 3/1908), y por otro el de transparencia que impone la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LA LEY 1490/1998) y que, seguidamente, pasaremos a realizar.

Al respecto conviene recordar que conforme al art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura, “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

La sentencia núm. 628/15 de 25 de noviembre (LA LEY 172714/2015) dictada por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo resulta de obligada referencia en esta materia por cuanto se dicta en un crédito ‘revolving’ similar al de autos.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo, tras recordar que dicha Ley, también conocida como ley Azcárate (LA LEY 3/1908), se configura como un límite a la autonomía negocial y aclarar cuál debe la interpretación correcta del precepto (basta con que se estipule un ‘interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso’ sin que sea exigible que, cumulativamente, haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales’) aborda seguidamente el problema de precisar cuándo nos encontramos con un ‘interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Para la integración de este concepto jurídico indeterminado recurre a dos reglas principales:

1) que el porcentaje que ha de tomarse en consideración no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE) y,

2) que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”.

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés ‘normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia’, señalando que para conocer este “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que elabora el Banco de España con la información que periódicamente le remiten las entidades de crédito acerca de los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Es así como en el caso examinado, un préstamo revolving con un TAE al 24,6 %, concluye que se trata de un interés ‘notablemente superior’ por cuanto excedía del doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se había concertado.

Finalmente, esta sentencia solventa el requisito de que el interés sea además “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso” estableciendo que dicha desproporción se presume concurrente en los préstamos al consumo salvo que la entidad financiera que concede el crédito “revolving” acredite la concurrencia de circunstancias excepcionales (v.gr., una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo que justificara que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal) entre las cuales no puede incluirse el alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Pues bien, trasladada dicha doctrina al caso de autos, hay que tener en cuenta que, conforme a la doctrina fijada por el TS y como se ha dicho antes corresponde a la entidad financiera que concedió el crédito la carga de justificar la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo y la sentencia del TS comentada precisamente analiza este extremo y excluye como justificativo de la entidad de la tasa una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, no se justifica ni siquiera sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto es obvio que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

En el caso de autos, como dicho saldo no supera los 6.000 euros, el TIN aplicable es del 22,12 %, lo que equivale a un TAE del 24,51 %, por lo que no cabe duda alguna de que, cualquiera que sea la referencia que se tome, el interés es desproporcionadamente alto en relación con otros préstamos o créditos con el mismo objeto de financiación de productos de consumo.

Es también un interés desproporcionado en relación a las circunstancias ya que precisamente Cofidís S.A. en el escrito de oposición al recurso alega que en el momento de suscripción del contrato la demandada manifestó que era casada, propietaria, sin hipoteca y con un salario de 2.473 euros mensuales por lo que estamos en presencia de una persona de bajo riesgo considerada en abstracto y con efectivas posibilidades de recuperar el importe debido mediante el embargo de la nómina que pueda percibir que por tanto no justifica la imposición de un interés remuneratorio tan elevado que en este caso ha de tacharse de usurario.

Las consecuencias de la ilicitud de la cláusula que fija los intereses remuneratorios, por usurarios, es su nulidad que la sentencia define como radical, absoluta y originaria, que además, es insubsanable.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) , esto es, el consumidor estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

Una reciente STJUE (Sala Tercera) de 21 de abril de 2016, en el asunto C-377/14, nos recuerda que el importe total del crédito, en el sentido de la Directiva 2008/48 (LA LEY 6793/2008), se define en el artículo 3, letra l) de ésta como el importe máximo o la suma de todas las cantidades puestas a disposición del consumidor en el marco de un contrato de crédito.

En consecuencia, siendo usurario el préstamo u operación equivalente, el prestamista carecerá de acción para exigir ninguna otra cantidad.

Teniendo en cuenta los pagos efectuados reflejados en el documento nº 3 aportado por la demandante como en el presente caso la cantidad total prestada ha sido de 5.217 euros más 993,86 euros que debía abonar en concepto de seguro (6.210,86 euros en total) y lo pagado por la prestataria, en distintos conceptos ha sido 4.535 euros la condena ha de reducirse a la diferencia entre esas dos cantidades, esto es, a 1.665,86 euros.

Razones que exigen estimar parcialmente el recurso interpuesto por la representación de XXXXXXX estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de Cofidís S.A. contra XXXXXXX por la cantidad de 1.665,86 euros más intereses legales desde la interpelación judicial.

Cuarto.- Al estimarse parcialmente el recurso y la demanda no ha lugar a hacer expresa condena a ninguna de las partes ni en primera instancia ni en esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

En virtud de lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución Española aprobada por el pueblo español.

VISTOS los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de XXXXXXX contra la sentencia dictada por la ilustrísima Magistrada – Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Albacete en fecha 28 de Junio de 2016, en el Juicio Verbal nº 695-16, debo revocar y revoco parcialmente la misma estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de Cofidís S.A. contra XXXXXXX por la cantidad de 1.665,86 euros más intereses legales desde la interpelación judicial.

No ha lugar a hacer expresa condena a ninguna de las partes ni en primera instancia ni en esta alzada

Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248 (LA LEY 1694/1985) -4º de la Ley orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) 6/85, de 1º de Julio.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.


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