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Sentencia anulando el contrato de una tarjeta VISA PASS de Carrefour

Sentencia anulando el contrato de una tarjeta VISA PASS de Carrefour

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Avilés, estima la demanda interpuesta contra “Servicios Financieros Carrefour, EFC, S.A.” y, declara la nulidad del contrato de una tarjeta de crédito VISA PASS Carrefour suscrito entre las pares, condenando a “Servicios Financieros Carrefour, EFC, S.A. a abonar a la actora la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante. Sin imposición de costas”.

Según la sentencia del TS de 25/11/15, no se han acreditado las circunstancias excepcionales que expliquen un interés que es superior al normal del dinero, conforme al módulo que tiene en cuenta en la Sentencia del Tribunal Supremo y las dos dictadas por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias tras aquella, debiendo considerarse por tanto usuario.

También, según la Jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Asturias, ha de desencadenarse “la consecuencia que para tal pronunciamiento se prevé el art. 3 de la Ley de 1908 según el cual “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado (entre otras, sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 8 de febrero de 2016).

Sigue analizando la sentencia la antes mencionada SAP de Asturias, en el sentido de que ha de deferir para ejecución la determinación concreta del capital que se halle pendiente de devolución, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandada.

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SENTENCIA

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 AVILÉS

SENTENCIA: 00107/2016

JUICIO ORDINARIO 184/16

SENTENCIA nº 107/16

En Avilés, a 26 de octubre de 2016.

Magistrado-Juez: XXXXXXXX.

Demandante: XXXXXXXX.

Abogado/a: XXXXXXXX.

Procurador/a: XXXXXXXX.

Demandado/s: Servicios Financieros Carrefour, EFC, S.A.

Abogado/a: XXXXXXXX.

Procurador/a: XXXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 15/04/16 por la indicada representación de la parte actora se presentó escrito de demanda en la que con fundamento en los hechos y fundamentos legales que cita se concluía solicitando:

1º) La declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito VISA PASS Carrefour suscrito el 04/10/05 entre la actora y la demandada.

2º) La condena de la demandada a abonar a la actora la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado; con imposición de costas.

Admitida la demanda a trámite por Decreto de 18/05/16 tras subsanación por la actora de defecto procesal, se emplazó a la parte demandada para contestar lo que hizo el 21/06/16 oponiéndose, suplicando imposición de costas a la actora.

SEGUNDO.- El día 12/07/16 se celebró la Audiencia Previa y se convocó a vista para el 20/09/16, en la que se practicó como prueba la documental, y la testifical de XXXXXXXX.

Formuladas conclusiones por las partes, los autos quedaron sobre la mesa del Juez para dictar Sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Expone la actora que el 04/10/05 suscribió un contrato de apertura de tarjeta, VISA PASS, con un TAE inicial del 19,28 % cuando el tipo de interés medio para los préstamos de consumo en esa fecha era del 9,05 %, siendo el interés nominal mensual del 1,48 % (anual 17,76 %) y actualmente se le aplica un TAE mensual del 1,67 % lo que supone un TAE anual del 21,99 % cuando el tipo de interés medio para los préstamos de consumo en diciembre de 2015 es del 8,43 %.

Considera que el interés pactado es desproporcionado y usurario, por lo que ha de declararse la nulidad del préstamo con las consecuencias del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura. Además, sostiene que el contrato no cumple el requisito de transparencia, del artículo 80.1.b del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) pues la letra es inferior al milímetro y medio.

La demandada sostiene que no puede compararse el interés remuneratorio pactado en el contrato objeto de litigio con el tipo de interés medio para los préstamos al consumo, sino que la comparación ha de ser con los interese que se estén ofreciendo de forma habitual en el mercado en operaciones similares.

Que en el contrato figuran todos los datos para saber qué se está contratando y el coste que va a tener, que podía hacer gastos también con el “sistema Contado” sin interés alguno, que en los extractos mensuales que ha venido recibiendo durante 10 años figuran los tipos de interés aplicados, que tarjetas similares de otras superficies comerciales ofrecen un interés similar, e incluso superior. Además, el pacto sobre el interés remuneratorio está escrito en una letra legible que cumple los requisitos de tamaño del artículo 80.1.b del TRLGDCU.

SEGUNDO.- En cuanto a la alegación de ilegibilidad del texto del contrato, ha de señalarse en primer lugar que el requisito de legibilidad de las cláusulas no negociadas individualmente, por referencia a un tamaño concreto de letra se introdujo en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por la reforma efectuada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, (artículo 80. Requisitos de las cláusulas no  negociadas individualmente.

1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: (…). b) “Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido.

En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura”), pues a fecha de la suscripción del contrato (04/10/05) no se contenía dicha previsión en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, vigente en aquel momento.

No obstante, y, en cualquier caso, se ha aportado el documento original, y en el mismo, en tamaño que alcanza los dos milímetros como se puede apreciar con cualquier regla que se tenga a mano, y legible, figura entre los “datos de la tarjeta” el Tipo de Interés Mensual de Crédito del 1,48 % (TAE 19,28 %). Con lo que el concreto dato del interés remuneratorio pactado está claro y es legible en el contrato. Otra cosa es que otras previsiones del contrato no superen el sencillo test de la regla, pero lo que se discute en este litigio es exclusivamente el carácter usurario o no de dicho interés remuneratorio.

TERCERO.- INTERESES REMUNERATORIOS. Se sostiene por la parte demandada que los intereses remuneratorios son abusivos y usurarios. Se establecen en el contrato, suscrito el 04/10/05 unos intereses mensuales del 1,48 %, lo que supone anuales del 17,76 %, siendo el TAE del 19,28 %.

Conforme al artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1.908 de Represión de la Usura (“Ley Azcárate” en alusión al jurista y diputado D. Gumersindo de Azcárate) “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Señala la STS de 25/11/15 que la Ley de Represión de la Usura no es aplicable sólo a los contratos de préstamos sino también a los de crédito pues su artículo 9 prevé su aplicación “a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

Mientras que el interés de demora puede y ha de ser objeto de control de abusividad de oficio, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio, al tratarse de un elemento esencial del contrato, concretamente el precio que paga el consumidor.

Y continúa dicha sentencia: “En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en  que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

La cuestión fáctica reside por tanto en cotejar el TAE con el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado. La jurisprudencia, anteriormente había considerado que el término de comparación es el interés habitual en el mercado para ese tipo de créditos (STS 18/06/12), pero en la STS de 25/11/15 el módulo de comparación pasa a ser el interés medio de los préstamos al consumo en que fue concertado. Hay que matizar que tales intereses medios no son iguales cuestión que, ha de presumirse, el TS habrá tenido en cuenta.

Al respecto ha de señalarse que el Banco de España no publica cuál era dicho interés sino a partir de 2007, datos que son accesibles públicamente en su Web, y en su Boletín estadístico, con datos publicados a partir de 2003.

Aplicando esta nueva doctrina del TS, cabe señala la SAP de Asturias, sección 1ª, de 08/02/16, que estima usurario un interés remuneratorio del 30,06 % TAE, y previamente la SAP de Asturias, sección 4ª, de 25/01/16, para un interés remuneratorio del 22,5 % TAE.

Se ha aportado el tipo medio de interés en los préstamos al consumo en la fecha de la celebración del contrato, 9,05 %, no discutido por la contraparte, en tanto que el interés remuneratorio del contrato celebrado era un nominal mensual del 1,48 % (anual 17,76 %) y el TAE 19,28 %. Actualmente se le está aplicando un interés mensual del 1,67 % y un TAE anual del 21,99 %.

Para tener un criterio adicional sobre la desproporción, podemos acudir al de los intereses de demora, que son siempre sancionatorios. El interés legal en 2005 era del 4%. En dicha fecha, el criterio de abusividad de la Ley 7/1995, de 23 de marzo de Crédito al consumo, para los descubiertos en cuentas corrientes para consumidores de 2,5 veces el interés legal (artículo 19.4), determinaba que no se considerase abusivo a tales efectos un interés que no superase el 10%.

Por ello resulta que el interés remuneratorio pactado en el caso que nos ocupa, no sólo es notablemente superior al del dinero tomando como módulo el interés medio de los préstamos al consumo, sino que incluso supera con creces el límite para los intereses de demora que son siempre sancionatorios.

Continúa la STS de 25/11/15, “No se trata, como dice la sentencia de 2 de Octubre de 2001 de comparar el interés pactado con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia”, pudiendo acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican” (…) “Para fijar la desproporción, hay que partir de la base de que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, y en el caso analizado sólo se ha probado que se trata de un crédito al consumo, sin que el banco haya justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

No se han acreditado las circunstancias excepcionales que expliquen en el caso que nos ocupa, un interés que es a todas luces superior al normal del dinero, conforme al módulo que tiene en cuenta la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo y las dos dictadas por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias tras aquella, debiendo considerarse por tanto usuario.

En consecuencia, como señala la SAP de Asturias, sección 1ª, de 08/02/16, ha de desencadenarse “la consecuencia que para tal pronunciamiento se prevé el art. 3 de la Ley de 1908 según el cual “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado“.

Como prevé dicha, sentencia se ha de deferir para ejecución la determinación concreta del capital que se halle pendiente de devolución, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandada.

TERCERO.- Costas. Conforme a lo dispuesto en el art. 394.1 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo apreciación de serias dudas de hecho o de derecho que no se dan en este litigio.

Dado que nos hallamos ante una materia en la que el criterio del Tribunal Supremo no está consolidado al no existir todavía dos sentencias con la doctrina expuesta, y que la materia se presta a la interpretación jurídica, considero que concurren serias dudas de derecho y por tanto no procede imponer costas.

Vistos los artículos precitados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que ESTIMO la demanda interpuesta por XXXXXXXX frente a “Servicios Financieros Carrefour, EFC, S.A.” y, en consecuencia:

1º) DECLARO la nulidad del contrato de tarjeta de crédito VISA PASS Carrefour suscrito el 04/10/05 entre la actora y la demandada;

2º) CONDENO a la demandada a abonar a la actora la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante.

Sin imposición de costas.

Notifíquese a las partes.

Contra la presente resolución cabe interponer, en el plazo de 20 días desde su notificación, recurso de apelación, acreditando el depósito en la cuenta correspondiente a este procedimiento de los 50 € exigidos por la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ (reforma LO 1/2009), así como en su caso del ingreso de la tasa exigida por la Ley 10/2012.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

PUBLICACIÓN.-  La anterior Sentencia ha sido leída  y  publicada  por  el Magistrado-Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe, en Avilés a 26 de octubre de 2.016.


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