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Ratificada la condena contra COFIDIS que anulaba un préstamo Vida Libre por intereses usurarios del 24,51 % TAE

Ratificada la condena contra COFIDIS que anulaba un préstamo Vida Libre por intereses usurarios del 24,51 % TAE

COFIDIS en Primera Instancia demandó a su cliente por el impago de las cuotas del préstamo revolving que le fue concedido por la entidad; la cual reclamaba al cliente 3.679,58 € resultante de la adición del capital adeudado, intereses, prima del seguro gastos, indemnización y vencimiento anticipado y comisiones de devolución, pero dicho préstamo constaba de un capital prestado de 1.200 €, y el cliente a la fecha de comenzar los impagos de las cuotas, ya llevaba amortizada la suma de 2.187 €.

Teniendo en cuenta que el interés del préstamo se trata de un interés usurario, al tratarse de una tasa del 24,51 % TAE, que en relación al interés legal del año 2008, del 9,08 % TAE según las estadísticas que publica mensualmente el Banco de España, el contrato de crédito es nulo. 

Esta nulidad del contrato conlleva a que la cantidad reclamada por parte de COFIDIS queda abolida, así como el seguro asociado a dicho préstamo, y resto de comisiones y cláusulas correspondientes. Además, como el capital devuelto es mayor que el capital prestado, COFIDIS deberá devolver a su cliente la diferencia entre lo realmente préstamo (1.200 €) y lo amortizado por el cliente (2.187 €).

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SENTENCIA

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE, SECCIÓN OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

PROCEDIMIENTO Juicio Verbal 1258/15

JUZGADO Instancia e Instrucción num. 1 Elda

SENTENCIA Nº 254/16

Ilmo. Magistrado: D. XXXXXX

En la ciudad de Alicante, a veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis

El Magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, ha visto los autos de Juicio Verbal, dimanante de Procedimiento Monitorio 615/2015, sobre reclamación de cantidad, seguido en instancia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de Elda con el número 1258/15 y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la entidad Cofidís S.A., Sucursal en España, representado en este Tribunal por el Procurador Dª. XXXXXX y dirigida por el Letrado Dª. XXXXXX y como parte apelada el demandado, D. XXXXXX, representado en este Tribunal por el Procurador D. XXXXXX y dirigido por el Letrado D. XXXXXX, que ha presentado escrito de oposición.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de los de Elda, en los referidos autos tramitados con el núm. 1258/15, se dictó sentencia con fecha 29 de febrero de 2016 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Que debo desestimar y desestimo la demanda planteada por Cofidís S.A. Sucursal en España, condenándole al pago de todas las costas.”

SEGUNDO.– Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación y tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a las demás partes. Tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 21 de junio de 2016 donde fue formado el Rollo número 335/VC-35-181/16. Designado el Magistrado a quien por turno corresponde el conocimiento del recurso de apelación y transcurrido el emplazamiento y denegada por Auto de este Tribunal de fecha 28 de junio de 2016 , la propuesta de prueba de la parte apelante, quedaron los autos vistos para Sentencia en fecha 22 de septiembre de 2016.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el caso, el negocio jurídico cuestionado tuvo lugar el día 27 de mayo de 2008, fecha en la que D. XXXXXX concertó con Cofidís S.A., Sucursal en España un contrato de crédito o línea de crédito al consumo tipo “revolving”, que permitía al cliente sucesivas financiaciones hasta el importe máximo pactado.

Fue en este marco que se le concedió al demandado un crédito, denominado “Vida Libre”, por importe de 1.200 euros a reintegrar, intereses incluidos, en veinticuatro cuotas mensuales por importe de 63 euros por cuota, fijándose un TAE “desde” 24,51 %, y un interés mensual de 1,84 % distinto al comprendido en cada cuota.

Hasta junio de 2010 el Sr. XXXXXX abonó puntual y regularmente las cuotas mensuales, comenzando a partir de tal fecha a producirse impagos de forma periódica, dándose por cerrada finalmente la cuenta en septiembre de 2013 por importe de a 3.679,58 € resultante de la adición del capital adeudado, intereses, prima del seguro gastos, indemnización y vencimiento anticipado y comisiones de devolución.

La sentencia de instancia ha desestimado la demanda al considerar que siendo el interés remuneratorio usurario en el sentido de la Ley Azcárate (LA LEY 3/1908) –del 24,51 % TAE en relación al interés legal del año 2008, fijado en el 5,5 %- y del TAE de ese año con tasa, según el Banco de España, en el 9,08 %-, el contrato de crédito es nulo.

A tales conclusiones formula en su escrito de apelación diversas cuestiones Cofidís S.A., incluía una directamente vinculada con la prueba de un hecho capital en la pretensión que se ejercita, al relativa al capital dispuesto en la línea de crédito concedida al demandado, por Cofidís. Y a esta cuestión, sobre la que la recurrente propuso prueba que se denegó por este Tribunal por no estar comprendido en los supuestos del art. 460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) nos debemos referir en primer lugar en tanto de su apreciación depende que proceda el resto de cuestiones que se formulan en el recurso de apelación.

SEGUNDO.- En efecto, y como veremos, no consta acreditado que el prestatario solicitara y obtuviera, de conformidad con lo pactado, la ampliación en la financiación hasta en tres ocasiones, en abril de 2011 por importe de 978 euros, en noviembre del mismo año por un total de 699 euros y finalmente en abril de 2010 por 695 euros ni por tanto, que el capital finalmente dispuesto fuera de 3.572,00 euros.

Cofidís afirma que el demandado, valiéndose de la facultad contemplada en la cláusula primera del contrato en virtud de la cual, el importe inicialmente concedido podía ampliarse, sucesivamente o de una sola vez hasta el importe de la línea de crédito máxima autorizada, solicitó ampliaciones del capital que se describen por Cofidís en el novedoso trámite de impugnación a la oposición al monitorio con el siguiente detalle:

  • Entre el 02/04/2009 y el 15/04/2009, previa solicitud le fueron transferidos 978,00 euros.
  • Entre el 05/11/2009 y el 15/11/2009, previa solicitud le fueron transferidos 699,00 euros.
  • Entre el 02/04/2010 y el 10/04/2010, previa solicitud le fueron transferidos 695,00 euros.

Lo cierto es que desde la oposición al requerimiento monitorio tales importes, excepto el inicial del contrato Vida Libre, se han negado por el demandado, en modo tal que solo reconoce el crédito por importe de 1.200 euros a reintegrar en 24 mensualidades por importe de 63 euros y un interés mensual del 1,84 %.

Desde la perspectiva de la carga o gravamen de la prueba, está fuera de toda duda que corresponde al prestamista la prueba del capital prestado – art 217-2 LEC (LA LEY 58/2000) – como presupuesto del gravamen del prestatario de la prueba del pago – art 217-3 LEC (LA LEY 58/2000) -, obligación probatoria del prestamista que en el caso, tratándose de entregas bancarias vía transferencia, resulta evidente que no presentaba mayor dificultad.

Sin embargo Cofidís ni ha aportado las transferencias ni obtenido la prueba en el proceso de las mismas, en modo tal que no ha probado, más allá de la prueba de la disposición inicial del importe que origina la firma del contrato, la ampliación del capital hasta la cifra que dice, prueba (de extraordinaria sencillez) que tampoco entendemos pueda quedar sustituida por el hecho de que se prolongaran los pagos más allá de los dos años, hasta abril de 2011, más allá lo pactado porque ni el tiempo pagado más allá de la fecha inicial de cierre de cuenta es un plazo lo suficientemente amplio como para justificar necesariamente una respuesta lógica del prestatario ante una ampliación injustificada del plazo ni tanto menos cuando se habían producido ya impagos que podían hacer sospechar al prestatario que ello podría tener como consecuencia, la ampliación del periodo de devolución de capital.

Y tal ausencia probatoria no solo es relevante de forma relativa sino, dadas las cifras, es relevante de forma absoluta pues lo que afirma Cofidís es que lo que el Sr. XXXXXX le ha abonado hasta el cierre de la cuenta es 2.187 euros por lo que, siendo el crédito probado de 1.200 euros, resulta evidente que no es posible estimar su pretensión que se sustenta en realidad, en el incumplimiento de un capital que triplica el que realmente aparece probado como entregado con arrastre económico del resto de conceptos aplicados, comisiones de devolución, indemnización, intereses y prima del seguro, vinculados en sus importes al capital no demostrado.

Procede en consecuencia, y sin necesidad del análisis sobre el carácter usurario del crédito y las cuestiones que sobre tal cuestión formula en su recurso Cofidís, desestimar el recurso de apelación y confirmar la desestimación de la demanda, por los argumentos de nuestra Sentencia.

TERCERO.- En cuanto a las costas de esta alzada, habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino hacer expresa imposición de las costas al apelante conforme lo prevenido en los artículos 398 (LA LEY 58/2000) y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO.- Habiéndose desestimado el recurso de apelación, se produce la pérdida para el recurrente del depósito efectuado para recurrir – Disposición Adicional Décimoquinta nº 9 LOPJ (LA LEY 1694/1985) -, al que se le dará el destino previsto en dicha disposición.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación la entidad Cofidís S.A., Sucursal en España, representado en este Tribunal por el Procurador Dª. XXXXXX, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera e Instrucción número uno de los de Elda de fecha 29 de febrero de 2016, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución y con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ (LA LEY 1694/1985) -.

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno, siendo firme en derecho.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta mi Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronuncio, mando y firmo.

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