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La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de CETELEM y le cierra el camino del monitorio

La Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de CETELEM y le cierra el camino del monitorio

La Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso de apelación interpuesto por CETELEM contra el Auto que indamitió la petición de procedimiento monitorio contra dos consumidores por la supuesta deuda de un préstamo revolving con TAE del 18,72 %.

Tras presentar una petición inicial de procedimiento monitorio contra dos consumidores para reclamar una supuesta deuda de 3.779,59 € a raíz de un préstamo revolving, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Martorell decidió inadmitir a trámite la demanda al considerar que los documentos aportados no eran legalmente aptos, por su falta de transparencia (medida y el tipo de letra, ilegible), claridad, concreción y sencillez.

Ahora, tras recurrir a la Audiencia Provincial, se declara la inadimisión definitiva y firme de la demanda de CETELEM por vulnerar las normas exigencias de transparencia en sus contratos y de información a sus clientes.

Señala el Tribunal que el contrato aportado por CETELEM, es ilegible; el tamaño y el tipo de letra con la que están redactadas sus cláusulas hace imposible su lectura y comprensión. A mayor abundamiento de la ilicitud de las prácticas de CETELEM, expone el Tribunal que las cláusulas integradas en el contrato, no le permiten al consumidor demandado, evaluar las consecuencias económicas derivadas a su cargo, lo que ya conduce a la nulidad de dichas previsiones.

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SENTENCIA

 

Sección nº 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Recurso de apelación 271/2017 -1ª

Materia: Monitorio

Órgano de origen: Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Martorell

Procedimiento de origen: Juicio Monitorio 153/2016

Parte recurrente/Solicitante: BANCO CETELEM, S.A.
Procurador/a:.
Abogado/a: XXXXXXX.

Parte recurrida: XXXXXXX.
Procurador/a:
Abogado/a:

AUTO Nº 272/2017

Magistrados: XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX y XXXXXXX.

Lugar: Barcelona.

Fecha: 23 de noviembre de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 22 de febrero de 2017 se han recibido los autos de Juicio Monitorio 153/2016 remitidos por la Sección Civil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Martorell a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el/la Procurador/a XXXXXXX, en nombre y representación de BANCO CETELEM, S.A. contra el Auto de 14/12/2016.

Segundo.- El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente: “Debo inadmitir e inadmito a trámite la petición inicial de procedimiento monitorio presentada por el Procurador don XXXXXXX en nombre y representación de BANCO CETELEM, S.A.

Tercero.-  El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos, y se designó ponente a la Magistrada XXXXXXX.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo, que ha tenido lugar el día 15/11/2017.

Cuarto.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Para la resolución del presente recurso resulta necesario partir de una serie de datos y antecedentes obrantes en las actuaciones:

1.- Por la entidad BANCO CETELEM se formuló petición inicial de juicio monitorio frente a D. XXXXXXX en reclamación de 3.779,59.-euros de principal, más intereses legales, derivados de un contrato de “línea de crédito” (que se acompaña como doc. nº 1 junto a la solicitud monitoria), autodenominado “contrato de tarjeta de crédito sistema flexipago aurora” por 634,99 €., con seguro opcional (por fallecimiento, gran invalidez, incapacidad temporal o pérdida de empleo, a amortizar en cuotas mensuales).

Conforme a dicho contrato se establece un interés ordinario mensual del 1,44%, TAE 18’72 %, una penalización 8% del importe de la mensualidad impagada, en caso de impago de alguna mensualidad a su vencimiento, comisiones por devolución, sin garantías adicionales.

2.- Por incumplimiento de la obligación del pago de cuotas, se produjo el cierre de la cuenta en fecha 23 de noviembre de 2015 según la certificación de deuda y extracto de la cuenta (doc. nº 2; ff. 17 vto. y ss.).

3.- Por providencia de 23 de marzo de 2016, y previamente a admitir la petición, pudiendo ser calificada como abusiva alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que han determinado la cantidad exigible, se acuerda dar traslado a las partes, traslado que fue evacuado por la entidad instante que alegó que no pueden considerarse abusivas ni la cláusula penal por mora prevista en la condición común 7ª del contrato ni las comisiones por reclamación extrajudicial del saldo deudor fijadas en un máximo de 30 euros en la misma condición común.

4.- Por auto de 14 de diciembre de 2016 se acordó inadmitir a trámite la demanda al considerarse que los documentos aportados no son legalmente aptos, por su falta de transparencia (atendida la medida y el tipo de letra, ilegible), claridad, concreción y sencillez, para dar curso a la petición monitoria.

Frente a dicha resolución se alza la actora al considerar que los documentos aportados, en particular el contrato suscrito por las partes, la certificación del saldo deudor y el extracto de movimientos, son suficientes para cubrir las exigencias prevista en el art. 812 LEC para sustentar sobre los mismos una demanda monitoria, quedando perfectamente acreditada la deuda.

SEGUNDO.- La resolución que es objeto de recurso inadmite a trámite la demanda de juicio monitorio por considerar que la parte demandante no aporta documentación suficiente y clara que justifique el crédito reclamado.

Partiendo de los datos señalados en el ordinal anterior, para la resolución del presente recurso debemos señalar, como hemos indicado en resoluciones anteriores de esta misma Sección ante supuestos análogos, que el proceso monitorio pretende lograr una protección rápida y eficaz del crédito dinerario líquido de muchos justiciables.

Para poder acudir a dicho procedimiento es preciso que se reclame una deuda dineraria, determinada, vencida y exigible, y, además, es preciso aportar con la solicitud inicial los documentos que, de manera específica o genérica contempla el art. 812 LEC, mediante los que se acredite la deuda reclamada.

Por lo tanto, a los efectos de admisión a trámite de la petición monitoria se ha de comprobar si con ella se han presentado documentos que, integrados con las alegaciones del acreedor sobre el origen y cuantía de la deuda, constituyen un principio de prueba acreditativo de la realidad de la misma, en la cuantía reclamada, pero sin que pueda exigirse, en este momento procesal, una justificación plena de la existencia o certeza del crédito.

Además, el artículo 814 de la propia LEC dispone que el procedimiento monitorio comenzará por petición del acreedor, en la que se expresarán la identidad del deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose el documento o documentos a que se refiere el ya anteriormente citado artículo 812, y, por su parte, el artículo 815 de la misma norma legal contiene la normativa referida a la admisión y al requerimiento de pago.

En conclusión, del conjunto de dichas normas se sigue que, para dar curso a la petición monitoria, el juzgador debe verificar, por un lado, el cumplimiento de los presupuestos procesales exigibles, esto es, la identidad del acreedor y deudor, los domicilios manifestados y lugar donde pudieran ser hallados, y la competencia territorial del Tribunal, y por otro lado si, como decíamos, existe una apariencia jurídica de deuda.

Pues bien, revisada la documental adjuntada a la demanda monitoria, y por lo que se refiere a la acreditación de la deuda, se debe hacer constar que el contrato que sirve de base a la pretensión del actora, que se compaña por fotocopia y no por original como dice la instante, fue suscrito por las partes el día 21 de diciembre de 2004.

En una primera aproximación se puede constatar que, bien que denominado “Contrato de Tarjeta de Crédito Flexipago Aurora”, el contrato tienen por objeto una línea de crédito que permitiría una disposición de 634,99.- euros a devolver mediante el pago de cinco cuotas fijas, de 31,74  € cada una con vencimientos desde el 5 de enero hasta el 5 de junio de 2005, y una última cuota final por importe de 476,29  € para cuyo pago el contrato establece dos posibilidades: (i) en un único pago con vencimiento el día 5 de junio de 2015, o (ii) mediante el sistema de pago a crédito de la tarjeta a partir de la fecha de vencimiento.

Por otra parte en el contrato, como hemos avanzado, únicamente se contempla la existencia de intereses remuneratorios, indicando la cuota mensual, lo que complica hacerse cargo de la carga (precio) real anual de contrato.

En otro orden de cosas, conviene señalar que el contrato contiene, bien es cierto que en una letra que por su tamaño resulta prácticamente ilegible, unos contenidos opcionales (seguro), un condicionado común a dos modalidades contractuales, la de autos y los contratos con sistema revolving, y ya en el anverso del documento, el condicionado propio del llamado “Contrato de Tarjeta de Crédito Flexipago Aurora” en donde, entre otras disposiciones, y con una letra de tamaño aún más pequeño, su cláusula séptima incorpora una cláusula penal para el caso de incumplimiento.

Así las cosas consideramos, en primer término, que este contrato, ni por su sistemática ni por su presentación supera el control de transparencia, ni en relación con la regulación de los intereses remuneratorios ni en relación con la cláusula penal antes mencionada, en los términos en que viene siendo exigido por la Sala 1ª Tribunal Supremo.

Según la jurisprudencia de dicha Sala 1ª del TS, en sus sentencias de 18 de junio de 2012 (Roj STS 5966/2012), 9 de mayo de 2013 (Roj STS 1916/2013), 8 de septiembre de 2014 (Roj STS 3903/2014), 24 de marzo de 2015 (Roj STS 1279/2015), 25 de marzo de 2015 (Roj STS 1280/2015) y 29 de abril de 2015 (Roj STS 2207/2015), “el control de transparencia de la cláusula que regula un elemento esencial del contrato, como es el interés remuneratorio pactado, analiza la comprensibilidad real y no formal de los aspectos básicos del contrato, permitiendo al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato y las consecuencias económicas y jurídicas que se derivan del contrato al que se adhiere”.

En la antes citada STS 24 de marzo de 2015 , declara el TS que las condiciones generales que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución pueden ser declaradas abusivas si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación.

Por su parte, la STS 29 de abril de 2015 (Roj STS 2207/2015), resuelve que “la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales establecida por la Directiva 93/13 /CEE no puede reducirse solo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical.

Esa exigencia de transparencia debe entenderse de manera extensiva, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él”.

Por tanto, creemos que las indicadas cláusulas no le permiten al consumidor demandado, al adherirse a las mismas, evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo, lo que ya conduciría a la nulidad de dichas previsiones.

Pero es que es más: en segundo término debemos recalcar que, a diferencia de lo que ocurre en otros supuestos que analizamos, del resto de la documentación aportada tampoco resulta una buena apariencia de deuda por el importe reclamado.

La actora ha aportado una certificación unilateral del saldo deudor de la cuenta del demandado en donde se afirma que la suma ahora reclamada se corresponde con el saldo deudor por la utilización de la tarjeta de crédito sin mayor desglose.

Por otra parte se acompañan los extractos de la supuesta utilización de la tarjeta, con unas cifras y conceptos que, además de no poderse constatar a qué responden dada su vaguedad, resultan de todo punto inverosímiles desde una perspectiva económica, habida cuenta que no hay constancia efectiva de qué opción adoptó el demandado respecto del pago de la última cuota de la tarjeta, que es lo que supuestamente se podía financiar con dicho instrumento según el contrato y que, recordemos, ascendía a la cantidad de 476,29.-euros, y dado también que la propia actora reconoce la existencia de pagos superiores a la suma de 12.000.-euros.

Por lo tanto, como se indica en el auto apelado, consideramos que en este caso la solicitud inicial del procedimiento monitorio no se acompaña de documentos de los que resulte una base de buena apariencia jurídica de la deuda, por lo que no resulta procedente la admisión a trámite de la demanda.

Por lo expuesto procede la desestimación del recurso y, la consiguiente confirmación de la resolución impugnada.

TERCERO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada conforme a lo dispuesto en el 398.2 de la LEC.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BANCO CETELEM,S.A. contra el auto dictado el día 14 de Diciembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Martorell en autos de juicio monitorio seguidos con el nº 153/2016 de los de ese Juzgado, CONFIRMAMOS la resolución recurrida.

Todo ello, con expresa condena a la apelante al pago de las costas causadas en esta alzada y con pérdida del depósito para recurrir.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno (art. 495.3 LEC). Lo acordamos y firmamos.


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