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Declarada la nulidad de un préstamo revolving de CETELEM por tener asociado un interés de usura del 19,99 € TAE

Declarada la nulidad de un préstamo revolving de CETELEM por tener asociado un interés de usura del 19,99 € TAE

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª), declara la nulidad de un préstamo revolving contratado entre el Banco Cetelem y un consumidor, por tener asociado un interés (19,99 % TAE) “notablemente superior al normal del dinero”.

La Sala, declara usurario el tipo de interés, siguiendo los criterios del Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de noviembre de 2015, por superar en más del doble el tipo de interés medio mensual de los créditos al consumo.

El Tribunal, considera decisivo que el crédito no fue utilizado por parte del consumidor para una inversión especialmente lucrativa o para un negocio de alto riesgo o especulativo, sino que se empleó para financiar la adquisición de unos concretos productos de un establecimiento específico (Media Markt).

Así, tras este pronunciamiento, el consumidor solo deberá devolver a Cetelem la cantidad que realmente le fue prestada, ahorrándose así más de 6.000 € que le reclamaba la entidad en concepto de intereses y comisiones que ahora son anulados tras la declaración de nulidad radical y absoluta, que no admite prescripción, de todo el préstamo contratado.

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SENTENCIA

Audiencia Provincial de Madrid, Sección 20ª, Sentencia 549/2016 de 30 Dic. 2016, Rec. 200/2016.

Ponente: XXXXXXX.

PRÉSTAMO MERCANTIL.

A Favor: PRESTATARIO.
En Contra: PRESTAMISTA.

Audiencia Provincial Civil de Madrid, Sección Vigésima.

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 02 de Alcalá de Henares.

Autos de Procedimiento Ordinario 530/2015.

APELANTE: D./Dña. XXXXXXX.
PROCURADOR: D./Dña. XXXXXXX.

APELADO: BANCO CETELEM S.A.
PROCURADOR: D./Dña. XXXXXXX.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: D. XXXXXXX, D. XXXXXXX, Dña. XXXXXXX.

En Madrid, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis.

La Sección Vigésima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 530/2015 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 02 de Alcalá de Henares a instancia de D. XXXXXXX apelante – demandado, representado por la Procuradora Dña. XXXXXXX contra BANCO CETELEM S.A. apelado – demandante, representado por el Procurador D. XXXXXXX todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 27/10/2015.

VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. XXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 02 de Alcalá de Henares se dictó Sentencia de fecha 27/10/2015, cuyo fallo es el tenor siguiente: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador D. XXXXXXX en nombre y representación de Banco Cetelem S.A. frente a D. XXXXXXX debo condenar y condeno a este último a abonar a la actora la cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS Y SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (6.487,63 €) más el interés legal desde la presentación de la demanda.

No ha lugar a efectuar pronunciamiento en materia de costas.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación.

Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario.

Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La entidad Banco Cetelem S.A. formuló petición inicial de procedimiento monitorio contra D. XXXXXXX en reclamación del crédito que la citada entidad ostentaba contra el indicado demandado, por importe de 8.508,78 euros, derivado de una línea de crédito para la financiación de determinados bienes y servicios.

Tras ser requerido de pago, el deudor presentó escrito de oposición de conformidad con el art. 818.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) y excediendo la cuantía de la pretensión de la propia del juicio verbal, se interpuso la correspondiente demanda de juicio ordinario, dictándose sentencia, tras la sustanciación del proceso por sus trámites, en la que se estimaba parcialmente la demanda y se condenaba al demandado al pago de la cantidad de 6.487,63 euros más el interés legal desde la presentación de la demanda.

El demandado recurre en apelación dicha sentencia interesando su revocación y la declaración del carácter abusivo de la clausula reguladora de los intereses y, por tanto, su total supresión, sin que quepa su integración moderadora, con desestimación íntegra de la demanda y absolviendo de la misma al demandado apelante.

SEGUNDO.- El demandado suscribió con la entidad bancaria demandante el 10 de mayo de 2003 un contrato de préstamo denominado “Reflexion 3” en virtud del cual y mediante la utilización de una tarjeta de crédito “Aurora” se concedía una línea de crédito para adquirir bienes y servicios en los establecimientos que admitan como medio efectivo de pago el cargo a dicha tarjeta.

El tipo de interés mensual pactado fue el de 1,53 % y TAE de 19,99 %.

TERCERO.- La sentencia de instancia no considera abusivos los intereses pactados al tipo del 1,53 % mensual (TAE 19,99 %) pues la clausula que los regula va referida al objeto principal del contrato y cumple una función definitoria o descriptiva esencial al fijar el precio a satisfacer por el prestatario, no siendo susceptible, en consecuencia, del control de equilibrio y eventual abusividad por cuanto el art. 4.2 de la Directiva 13/93 (LA LEY 4573/1993) dispone que “la apreciación del carácter abusivo de las clausulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas clausulas se redacten de manera clara y comprensible”.

Recuerda la resolución recurrida que la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 señala que los controles establecidos a favor de los consumidores no alcanzan o afectan al principio de libertad de precios o a su proyección respecto de la libertad del pacto de tipos de interés ya que su determinación se remite a los mecanismos del mercado y a su respectiva competencia y dispone expresamente que la legislación sobre consumo “no permite que la valoración del carácter abusivo pueda extenderse ni a la definición del objeto principal del contrato, ni a la adecuación entre precio y retribución por una parte, ni tampoco a los servicios o fines que hayan de proporcionarse como contrapartida, esto es, dicho control de contenido no permite entrar a enjuiciar la justicia y el equilibrio contraprestacional de los elementos esenciales del contrato y, por tanto, a valorar la posible “abusividad” del interés convenido.

No hay, por así decirlo, desde la perspectiva de las condiciones generales, un interés “conceptualmente abusivo” sino que hay que remitirse al control de la usura para poder alegar un propio “interés usurario” que afecta a la validez del contrato celebrado”.

Se indica en la sentencia que no siendo posible el denominado control de equilibrio, en el caso enjuiciado se comprueba del contrato aportado como documento nº 1 que en el anverso aparece de forma clara y transparente el coste del crédito, indicando el tipo de interés que debe abonar el consumidor (1,53 % mensual, TAE 19,99 %) que le permite tener un conocimiento claro y preciso de las obligaciones asumidas por lo que, en consecuencia, los intereses remuneratorios pactados superan el control de incorporación y transparencia por lo que no pueden ser calificados de abusivos al no ser susceptibles del denominado control de equilibrio.

Tampoco estima la sentencia que los intereses remuneratorios pactados al tipo del 1,53 % mensual puedan reputarse de usurarios pues no ha probado en absoluto el demandado que en el año 2003 en que se suscribió el contrato el interés remuneratorio convenido fuese notablemente superior al normal del dinero, entendiendo éste no como interés legal u oficial, pues la calificación como usurarios de unos intereses remuneratorios no puede hacerse derivar de la proporción que guarden con el interés legal del dinero, sino como el habitual o medio en el mercado bancario conforme a la práctica y a los usos mercantiles para operaciones de préstamo semejantes y con garantías o situaciones de riesgo similares, teniendo en cuenta que el préstamo litigioso es un préstamo personal sin garantías adicionales, personales o reales.

Tampoco se acredita que el prestatario se encontrase entonces en una situación económica angustiosa o de precariedad laboral que le impeliera a aceptar las condiciones del contrato o que se hiciera entrega de una cantidad inferior a la que se expresa en el contrato.

En resumen, la estimación parcial de la demanda obedece a la inclusión en la certificación del saldo deudor de los conceptos de tasa de seguro y gastos e indemnizaciones, por importe de 1.361,17 y 659,98 euros, respectivamente, que han de detraerse del total de la reclamación por no estar redactada de manera clara o comprensible y por carecer de soporte contractual, quedando fijada la condena dineraria en 6.487,63 euros.

CUARTO.- Por razones de sistemática, procede examinar en primer lugar el motivo del recurso que combate el pronunciamiento de la sentencia de primer grado que considera que no pueden reputarse usurarios los intereses remuneratorios pactados al tipo del 1,53 % mensual y a tal fin ha de traerse a colación la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 que aborda la cuestión ahora sometida a enjuiciamiento al examinar el carácter usurario de un crédito concedido a un consumidor, permitiendo la aplicación de regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) a una operación que, por sus características, similares a las del supuesto de autos, puede ser encuadrada en el ámbito de crédito al consumo, por remisión del art. 9 al art. 1 de dicha ley, que establece que “lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido” , señalándose como requisitos para que una operación crediticia sea tildada de usuraria “que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso” sin que sea exigible la concurrencia de la circunstancia cumulativa consistente en que “ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

La centenaria Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), coloquialmente conocida como “Ley Azcárate” por haber sido su impulsor el político progresista de la Restauración y jurista D. Gumersindo de Azcárate, continúa siendo de aplicación al seguir vigentes 14 de los 16 artículos que la conforman tras la derogación parcial llevada a cabo por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).

En este sentido, la precitada sentencia de 25 de noviembre de 2015, que constituye la resolución de referencia en este recurso, señala que “cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014) , exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley”.

Con base a los criterios jurisprudenciales expresados, ha de determinarse si el interés remuneratorio del 1,53 % mensual (TAE 19,99 %) estipulado en el contrato litigioso debe considerarse usurario para lo cual es necesario precisar si tal interés es, conforme a lo requerido por la norma de aplicación, notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso, cometido éste difícil de solventar al no marcar la sentencia del Pleno de 25 de noviembre de 2015 una cifra concreta que pueda servir de referencia para delimitar con exactitud lo que se ha de interpretar como “interés usurario”.

La sentencia de referencia indica que “El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”.

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre (LA LEY 7252/2001)).

Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001 (LA LEY 14620/2001), sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras? y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio (LA LEY 1062/2002), dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada”.

Siguiendo estas orientaciones, y consultado el portal del Banco de España, resulta que el porcentaje anual del interés legal del dinero en España en el año 2003 en que tuvo lugar la suscripción de la operación crediticia era del 4,25 %, por lo que cabe afirmar que el TAE fijado en la operación (19,99 %) sobrepasaba destacadamente lo que de modo razonable puede describirse, en terminología de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), como “interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

Dado que no se ha acreditado que el supuesto enjuiciado presente circunstancias excepcionales que respalden la aplicación de un interés más alto al que puede considerarse normal en las operaciones de crédito al consumo, como la que se examina, y habida cuenta de la no utilización por parte del prestatario del dinero recibido para una inversión especialmente lucrativa o para un negocio de alto riesgo o especulativo, puesto que se ha empleado en financiar la adquisición de unos concretos productos de un establecimiento específico (Media Markt), ha de descartarse que medie razón alguna atendible para imponer un tipo de interés tan elevado.

Por ello, y sin que sirva de índice, al ser cada situación de hecho casuística por las singularidades del caso, cabe considerar que el interés remuneratorio de un préstamo personal de consumo del tipo pactado en el presente caso debe considerarse usurario de acuerdo con la doctrina contenida en la paradigmática sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 que no se pudo tener en cuenta en la sentencia recurrida por ser ésta de fecha anterior al criterio jurisprudencial sentado en la meritada resolución, que proclama que “en este marco, la Ley de Represión de la Usura (LA LEY  3/1908) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (LA LEY 1/1889) aplicable a los préstamos y, en general, a cualesquiera operación de crédito “sustancialmente equivalente” al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014) ” .

QUINTO.- La declaración del carácter usurario del interés estipulado en el contrato de préstamo conlleva su nulidad, que en la sentencia 539/2009, de 14 de julio (LA LEY 125064/2009), se califica como “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”.

La consecuencia básica de dicha nulidad se prevé en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) que señala que “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida? y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

Desglosándose el total de 8.508,78 euros reclamados en 2.627,54 euros de principal, 3.860,09 euros de intereses remuneratorios, 1.361,17 euros de tasa de seguro y 659,98 euros de gastos e indemnizaciones, la condena dineraria ha de limitarse a la devolución de la suma 2.627,54 euros que se corresponde con la parte del capital no satisfecho por ser la única suma susceptible de reclamación, todo ello sin devengo de intereses y sin perjuicio de los que por mora procesal regulados en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) se devenguen desde esta sentencia.

SEXTO.- La estimación del motivo examinado con la consiguiente revocación parcial de la sentencia de primera instancia releva de entrar a conocer del restante motivo articulado en base a que los intereses remuneratorios pactados son abusivos y en el que se invoca como aplicables los arts. 82.1 (LA LEY 11922/2007) y 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007), citando diversas sentencias del Tribual de Justicia de la Unión Europea.

SÉPTIMO.- La estimación del recurso de apelación implica que, de conformidad con el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), no se condene en las costas procesales a ninguno de los litigantes.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. XXXXXXX contra la sentencia de 27 de octubre de 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alcalá de Henares en el procedimiento ordinario nº 530/15, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha sentencia para estimar parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Banco Cetelem S.A. y condenar a D. XXXXXXX a que abone a la actora la cantidad de 2.627,54 euros más los intereses del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) que por mora procesal se devenguen desde la presente resolución, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales de la primera instancia ni de las de esta alzada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal, en los supuestos previstos en los artículos 477 (LA LEY 58/2000) y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley, a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional.

Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros, previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J (LA LEY 1694/1985)., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre (LA LEY 19390/2009), sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con el nº 2.838 en la sucursal 6.114 del Banco de Santander sita en la calle Ferraz nº 43 de Madrid.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.


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