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Un consumidor se ahorra 5.375,05 € que le reclamaba COFIDIS en concepto de intereses, comisiones y gastos

Un consumidor se ahorra 5.375,05 € que le reclamaba COFIDIS en concepto de intereses, comisiones y gastos

La Audiencia Provincial de Madrid sentencia que, solo se le puede exigir al consumidor el pago de la parte del dinero realmente prestado, que aún no haya devuelto. 

La Sala, revoca en parte la sentencia de 1ª Instancia del Juzgado nº 7 de Arganda del Rey modificando la cuantía que deberá devolver el consumidor.

Inicialmente se le condenó a pagar 6.172,14 € y ahora, en Apelación, se declara que solamente deberá devolver 797,09 €, es decir, la cantidad de dinero realmente prestado que le faltaba por pagar.

Así, se absuelve al consumidor del pago de los gastos de devolución por impago de recibos que no contienen el importe realmente adeudado y se anula, por abusiva, la cláusula que contiene los intereses moratorios.

De esta manera, este consumidor consigue ahorrarse un total de 5.375,05 € que le reclamaba COFIDIS en concepto de intereses, comisiones y gastos.

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SENTENCIA

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigésima
Recurso de Apelación 509/2015
O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 07 de Arganda del Rey
Autos de Procedimiento Ordinario 198/2011

APELANTE: D./Dña. XXXXXXX.
PROCURADOR: D./Dña. XXXXXXX.

APELADO: XXXXXXX.
PROCURADOR: D./Dña. XXXXXXX.

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: D. XXXXXXX, D. XXXXXXX, Dña. XXXXXXX.

En Madrid, a nueve de mayo de dos mil dieciséis.

La Sección Vigésima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Procedimiento Ordinario 198/2011 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 07 de Arganda del Rey a instancia de D. XXXXXXX apelante – demandado, representado por el Procurador D. XXXXXXX contra COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA apelada – demandante, representada por el Procurador D. XXXXXXX, todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 01/04/2013.

VISTO, siendo Magistrado Ponente D. XXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 07 de Arganda del Rey se dictó Sentencia de fecha 01/04/2013, cuyo fallo es el tenor siguiente: “Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Sr. XXXXXXX, en nombre y representación Cofidis Hispania EFC S.A., debo condenar y condeno a XXXXXXX a pagar a la actora la cantidad de 6.172’14 euros más los intereses desde la fecha de sentencia, sin hacer expresa imposición de las costas procesales”.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación.

Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose al recurso formulado de contrario. Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, y quedando pendientes de resolución, se señaló fecha para la deliberación y votación, que se ha llevado a cabo por los Magistrados de esta Sección.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Solo se aceptan los de la resolución apelada en aquello que no se opongan a los de la presente.

PRIMERO.- En las presentes actuaciones, la entidad “COFIDIS HISPANIA EFC, S.A.“, primero mediante demanda de procedimiento monitorio y, tras la oposición formulada por el demandado, en el presente declarativo, ejercita una acción en reclamación de la cantidad de 7.672 euros, más intereses legales, frente a DON XXXXXXX, por incumplimiento del contrato de crédito al consumo o línea de crédito, denominado “VIDA LIBRE” suscrito el 2 de mayo de 2.003, con un importe inicial de 1.200 euros, modificable de mutuo acuerdo por ambas partes a devolver en cuotas fijas de 48 euros mensuales.

Solicitadas ampliaciones posteriores por el demandado, la demandante realizó transferencias monetarias a su favor hasta un importe total de 9.228,89 euros, dejando de abonar las cuotas de amortización a partir del mes de mayo de 2.010, por lo que la demandante, en uso de la facultades que le otorga el contrato, dio por vencido el mismo y realizada la certificación correspondiente, resulta un saldo acreedor a su favor por importe de 7.672 euros que aquí se reclama.

El demandado, admitiendo la suscripción del contrato, mostró su disconformidad con la cantidad adeudada, al considerar nulo el contrato por tratarse de un préstamo usurario, solicitando la desestimación de la demanda.

En el acto de la Audiencia Previa tras ratificar la solicitud de desestimación de la demanda, interesó con carácter subsidiario, se reduzca la condena al saldo pendiente de abonar de la cantidad percibida.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y condenó al demandado abonar la cantidad de 6.172,14 euros, importe que se corresponde con la cantidad pendiente de abonar de la recibida por el demandante (797,09 €) intereses reclamados (4.788,40 €) y gastos (586,65 €).

Desestimó la cantidad reclamada por seguro, al que el demandado se adhirió al suscribir la línea de crédito, al considerar que no existió suscripción válida de dicho seguro.

Frente a dicha resolución interpuso recurso de apelación el demandado. Alega error en la interpretación da la jurisprudencia respecto de los préstamos usurarios, considerando abusivo el mismo, así como que habiendo dispuesto de 9.228,89 euros y pagado 8.431,80 euros, se le condene a abonar 6.172,14 euros, al aplicársele un interés anual del 20,84 % y una Tasa Anual Equivalente del 22,95 %, invocando el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) , el artículo 1.288 del CC. (LA LEY 1/1889), 10 de la LGDCyU y jurisprudencia recaída al respecto.

La entidad demandante se opuso al recurso alegando que el demandante suscribió el contrato aceptando libremente su oferta y las condiciones generales del contrato, por lo que no existe desequilibrio entre los derechos y obligaciones del consumidor, ni cabe considerar abusivos los intereses reclamados.

SEGUNDO.- Planteado en los términos precedentes el objeto de este recurso, a la hora de analizar el carácter usurario de la relación contractual que sirve de base a la pretensión de la entidad demandante, hemos de traer a colación la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia del Pleno de su Sala primera de fecha 25 de noviembre de 2.015 (rec.2341/2013 (LA LEY 172714/2015)).

En dicha sentencia, al analizar un contrato de crédito o línea de consumo similar al que es objeto de este procedimiento, declara aplicable la Ley de 23 de julio de 1908 de Represión de la Usura, y en concreto su artículo 1 a pesar de no tratarse propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer a distancia mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria y ello “puesto que el art. 9 establece: «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

Como indica el Tribunal Supremo, la flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas y tanto en este como en el supuesto allí analizado, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

Continúa señalando dicha sentencia “el párrafo primero del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

El art. 315 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885) establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (LA LEY 20192/2011), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (LA LEY 1/1889) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014).

A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio , y677/2014 de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014), exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

El recurrente considera que el crédito “revolving” que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso”.

TERCERO.- La aplicación de la anterior doctrina al caso presente, nos lleva a concluir, como hacía el Tribunal Supremo en el supuesto contemplado en la referida sentencia, que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

Así el interés remuneratorio estipulado fue del 20,84 % y una Tasa Anual equivalente del 22,95 %, por lo que como señala el Tribunal Supremo “si conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”.

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de
2 de octubre (LA LEY 7252/2001)).

Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001 (LA LEY 14620/2001), sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras, y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio (LA LEY 1062/2002), dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada”.

Con base a lo indicado, no puede compartirse lo indicado en el fundamento de derecho primero de la sentencia de primera instancia, al considerar válidos y aplicables los intereses pactados y la gastos reclamados, básicamente por aplicación del principio de autonomía de la voluntad, al no considerar abusivos los interés pactados, dada la finalidad de éstos en operaciones de crédito personal y la falta de acreditación por el demandado de las circunstancias que le llevaron a solicitarlo.

Los intereses aplicados en el contrato, del 20,84 %, superaban ampliamente el 4,25 % del interés legal en la fecha de suscribirse la línea de crédito y, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015, “La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

Como sigue indicando el Tribunal Supremo, para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

CUARTO.- Lo anteriormente indicado es plenamente aplicable al supuesto de hecho aquí contemplado, lo que determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) y cabe por tanto considerar usurario la línea de crédito “VIDA LIBRE”, en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

En cuanto a las consecuencias que se derivan de dicha declaración, éstas deben ser las de declarar su nulidad, que ha sido calificada por el Tribunal Supremo como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio (LA LEY 125064/2009).

En definitiva y conforme señala el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

Conclusión que es igualmente la que se derivaría de analizar la posible abusividad de la cláusula que regula los intereses remuneratorio, a la luz de la normativa protectora de los derechos de los consumidores y la Directiva 1993/13/CEE, de 5 abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, en cuya artículo 4.2 establece que «la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible», pues como señala la sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, con referencia a la anterior sentencia núm. 406/2012, de 18 de junio, consideró que el control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las “contraprestaciones”, que identifica con el objeto principal del contrato, a que se refería la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en el artículo 10.1.c en su redacción originaria, de tal forma que no cabe un control del precio.

En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, STJUE) de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, declara, y la de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, ratifica, que la exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control.

Pero, se añadía en la citada sentencia núm. 241/2013, con la misma referencia a la sentencia anterior, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia, en virtud del cual, además del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, en el sentido de que se redacten de manera clara y comprensible que posibiliten el conocimiento real de su contenido, debe controlarse que no se produzca una alteración subrepticia del objeto del contrato o del equilibrio subjetivo económico sobre el precio y la prestación, tal como se le pudo representar al consumidor.

QUINTO.- La aplicación de lo indicado en el caso presente, conlleva que admitido por el demandado adeudar la cantidad de 797,09 euros por capital recibido, la demanda deberá estimarse parcialmente por dicha cantidad, sin que proceda conceder cantidad alguna por intereses y gastos.

Respecto de los gastos, a lo indicado tan sólo añadir que declarada la nulidad de la condición general que establece el interés remuneratorio de la línea de crédito, no se pueden aceptar unos gastos de devolución por impago de unos recibos cuyo importe no se corresponde con lo adeudado.

En relación a los intereses moratorios, aunque expresamente nada se indica en el contrato, en la cláusula 9ª de las condiciones generales del contrato de préstamo se establece una penalización por mora del 8% sobre la cuota impagada, con la posibilidad de capitalizar los intereses y de aplicarla cada vez que sea presentada la deuda así generada al cobro – hasta tres veces, – y resulte impagada.

Dicha clausula resulta abusiva por ser contraria a lo establecido en los arts. 82 (LA LEY 11922/2007), 85.6 (LA LEY 11922/2007), 87.6 y concordantes de texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y jurisprudencia a la que venimos haciendo referencia, así como la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias num. 265/2015, de 22 de abril (LA LEY 49720/2015) y 469/2015, de 8 de septiembre (LA LEY 125945/2015)), según las cuales, apreciada la abusividad de la cláusula, el art. 6.1 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) impone a los jueces nacionales dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma.

No obstante, admitido por el demandado adeudar una determinada cantidad por el principal reclamado, dicha cantidad sí devengará el interés legal a partir de la interposición de la demanda, al amparo de lo establecido en los artículos 1.108 y ss de la LEC.

En definitiva, acogiendo las pretensiones, formuladas con carácter subsidiario, de la parte demandada, la única obligación que le sería exigible y a cuyo pago debe ser condenado es la de abonar el principal del préstamo que aún no haya devuelto, que ha quedado acreditado es la de 798,09 euros, incrementado con los intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda de monitorio.

SEXTO.- Lo indicado comporta la estimación parcial del recurso interpuesto por la demandada y la desestimación de la impugnación formulada por la demandante, con la consiguiente revocación de la sentencia de primera instancia.

En cuanto a las costas procesales, las causadas en primera instancia al estimarse parcialmente la misma no procede imponérselas a ninguna de las partes (art. 394.1 de la LEC (LA LEY 58/2000)).

En cuanto a las causadas en esta alzada, al estimarse el recurso, no ha lugar a formular pronunciamiento de condena, en aplicación de lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000).

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación.

FALLAMOS

SE ESTIMA EN PARTE el recurso de Apelación interpuesto por la representación y de DON XXXXXXX, contra la sentencia de fecha 1 de abril de 2.013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de los de Arganda del Rey, dictada en los autos de Procedimiento Ordinario, seguidos bajo el nº 198/2011, la cual SE REVOCA PARCIALMENTE, en el siguiente sentido SE ESTIMA PARCIALMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE “COFIDIS HISPANIA EFC, S.A.”, FRENTE A DON XXXXXXX, Y SE CONDENA A ESTE A ABONAR A LA ACTORA LA CANTIDAD DE SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (797,09 €), INCREMENTADA CON LOS INTERESES LEGALES DESDE LA FECHA DE LA INTERRELACIÓN JUDICIAL.

NO SE IMPONEN LAS COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA A NINGUNA DE LAS PARTES.

Todo ello sin formular pronunciamiento de condena sobre las costas procesales causadas en esta alzada a la parte apelante.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal , en los supuestos previstos en los artículos 477 (LA LEY 58/2000) y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley, a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.


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