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COFIDIS condenado a anular varias cláusulas de un préstamo revolving, entre ellas la del tipo de interés, por ser considerado de usura

COFIDIS condenado a anular varias cláusulas de un préstamo revolving, entre ellas la del tipo de interés, por ser considerado de usura

En la demanda inicial del proceso, COFIDIS S.A. reclama frente a la demandada el pago de 4.707’15 euros adeudados como consecuencia de los impagos producidos en el contrato de préstamo suscrito por ambas. La demandada se opuso a la demanda, alegando en el juicio que ha pagado una cantidad superior a lo prestado, con lo cual cubriría los intereses; considerando abusivas las cláusulas correspondientes a gastos, comisiones e intereses.

La sentencia de Primera Instancia estima parcialmente la demanda. Considera abusivas y nulas las cláusulas del contrato referidas a prima de seguro y gastos por vencimiento anticipado, considerando asimismo válidas las cláusulas correspondientes a interés remuneratorio y comisión por devolución de recibos y concluye con la condena de pago a cargo de la demandada por importe de 1.238’49 euros.

Se tomaron en consideración los siguientes aspectos:

La abusividad derivada de un evidente incumplimiento del deber la transparencia en la contratación en relación con consumidores, ya que ni siquiera consta firmada la hoja de “condiciones generales”, y por ello la operación crediticia, con el referido interés de 1’73 % mensual, TAE 22’95 %, puede ser considerada usuraria, con las consecuencias de inaplicación del interés, por lo que sólo queda vigente la obligación de reintegrar al capital. En el supuesto juzgado, no existe el mínimo rastro que permita deducir la existencia de negociación individual de las cláusulas denunciadas en el juicio, y por ello procede la nulidad de su incorporación al contrato.

La contratación de un seguro, no aparece justificada desde la propia normativa del seguro, pues no consta regularmente extendida la correspondiente póliza por escrito; no existe prueba de que efectivamente se suscribiera un contrato de seguro accesorio al de préstamo. El hecho de que se giren diversos cargos en tal concepto, que fueran abonados por la demandada, tampoco revela que el seguro realmente existiera, pues sólo acredita que la demandante percibió dichas cantidades cuyo destino concreto no se justifica, ni siquiera como una caución en prevención de eventuales impagos

Las cláusulas por gastos de vencimiento anticipado y comisión por devolución de recibos, además de incorporarse de forma no transparente y en perjuicio de la demandada, tampoco aparecen mínimamente justificadas en la existencia de un efectivo y real perjuicio.

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SENTENCIA

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ÁLAVA. SECCIÓN PRIMERA

ARABAKO PROBINTZIA AUZITEGIA. LEHEN SEKZIOA

Apel.j.verbal L2 / E_Apel.j.verbal L2 306/2016-C

Autos de Juicio verbal 1223/2014 (e)ko autoak

Recurrente/Errek.: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Procuradora/Prokuradorea: XXXXXXXXX

Abogado/a / Abokatua: XXXXXXXXX

Recurrido/a / Errekurritua: XXXXXXXXX

Procurador/a / Prokuradorea: XXXXXXXXX

Abogado/a/ Abokatua: XXXXXXXXX

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz constituida como Tribunal Unipersonal por el Ilmo. Sr. Magistrado D. XXXXXXXXX, ha dictado el día treinta de junio de dos mil dieciséis,

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 237/16

En el recurso de apelación civil, Rollo de Sala nº 306/16, procedente del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Vitoria-Gasteiz, Autos de Juicio Verbal nº 1223/14, promovido por COFIDIS S.A. dirigido por la Letrada Dª. XXXXXXXXX y representado por la Procuradora Dª. XXXXXXXXX, frente a la sentencia nº 217/15 dictada el 11-12-15, siendo parte apelada e impugnante Dª. XXXXXXXXX dirigida por la Letrada Dª. XXXXXXXXX y representado por el Procurador D. XXXXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Vitoria-Gasteiz se dictó sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Cofidis S.A, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXXXXX, debo condenar y condeno a doña XXXXXXXXX a abonar a la actora la cantidad de 1.238,49 euros más el interés previsto en el artículo 1108 del CC (LEG 1889, 27) y 576 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892).

Todo ello sin expresa imposición de costas.”.

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación de COFIDIS S.A., recurso que se tuvo por interpuesto con fecha 14-03-16 dándose el correspondiente traslado a la contraparte personada por diez días para alegaciones, presentando la representación de Dª. XXXXXXXXX, escrito de oposición e impugnación al recurso planteado de contrario. Teniéndose por impugnada la resolución apelada con fecha 12-04-16 y dándose traslado a la otra parte por plazo de diez días para manifestaciones, presentó la representación de COFIDIS S.A. escrito de oposición a la impugnación al recurso de apelación en el traslado conferido, elevándose seguidamente, los autos a esta Audiencia Provincial con emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Sala, el 24-05-16, se mandó formar el Rollo de apelación, registrándose y turnándose la Ponencia. Finalmente, por providencia de 01-06-16 se señaló para fallo el día 14 de junio de 2016.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda inicial del proceso COFIDIS S.A. reclama frente a Dña. XXXXXXXX el pago de 4.707’15 euros adeudados como consecuencia de los impagos producidos en el contrato de préstamo suscrito por ambas, en virtud del cual la actora entregó a la demandada diversas cantidades, desde el 5 de abril de 2006, hasta el 30 de julio de 2010, con un total de 4.784 euros, al tipo de interés remuneratorio del 1’76 % mensual, TAE 22’95 %. Las cantidades reclamadas corresponden a capital, intereses, seguro, gastos vencimiento anticipado y comisiones por devolución.

La demandada se opuso a la demanda. Alega en el juicio que ha pagado una cantidad superior a lo prestado, con lo cual cubriría los intereses. No obstante, considera abusivas las cláusulas correspondientes a gastos, comisiones e intereses.

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda. Considera abusivas y nulas las cláusulas del contrato referidas a prima de seguro (934’51 euros) y gastos por vencimiento anticipado (259’49 euros). Considera asimismo válidas las cláusulas correspondientes a interés remuneratorio y comisión por devolución de recibos y concluye con la condena de pago a cargo de la demandada por importe de 1.238’49 euros.

Frente a la sentencia se alza en apelación la demandante. Considera que la misma incurre en error en la valoración de la prueba, en relación con la validez de la cláusula 9º del contrato referida a la indemnización por vencimiento anticipado, y en relación con la partida del seguro. Asimismo, considera que la Juzgadora incurre en error material al calcular la liquidación, que según los fundamentos de la sentencia debe arrojar una deuda de 2.578’64 euros.

La demandada se opone a los motivos del recurso de apelación, sobre lo que muestra su conformidad con lo resuelto en la sentencia. Al mismo tiempo formula impugnación de la misma, en el concreto aspecto que afecta a la abusividad y consiguiente nulidad de la cláusula sobre intereses remuneratorios. Por ello interesa la desestimación de la demanda o que subsidiariamente se estime la demanda sólo en relación con la cantidad de 609’54 euros.

SEGUNDO.- Interés remuneratorio.

El contrato de autos, denominado “cuenta vida libre” constituye lo que se denomina genéricamente un “crédito revolvente” o “revolving” concedido a un consumidor. Básicamente se trata de créditos personales al consumo, sometidos a la disciplina de la Ley 16/2011, de 24 de junio (RCL 2011, 1206), concedidos de forma rápida por una entidad financiera a un cliente, que tiene un rotativo, es decir el límite del crédito es variable y se rebajará o disminuirá en la medida en que el cliente lo utilice y se restablecerá o aumentará de nuevo en la medida que haga pagos el cliente para restituirlo.

Así puede deducirse de las cláusulas 1 y 2 del contrato, folio 49, donde se hace especial mención a la disponibilidad de una tarjeta de crédito, que es un ejemplo clásico del referido tipo de contratación financiera con consumidores.

Bajo la precedente consideración debemos resaltar asimismo la referida al hecho acreditado de que el tipo de interés remuneratorio aplicado conforme al contrato de autos es de 1’73 % mensual, con TAE del 22’95 %. Asimismo, cabe señalar que la cláusula relativa al interés remuneratorio, como pusimos de relieve en la sentencia dictada en el rollo nº 225/16: debe ser calificada como cláusula que define el objeto principal del contrato, por tanto, no cabe el control del precio, solo podemos analizar el control de transparencia, que comprende el control de inclusión, la información que se le dio al cliente, y el control de comprensibilidad, si llegó a entender el contenido de la cláusula y lo que significa.

De otra parte, la sentencia de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, en un supuesto semejante establece lo siguiente:

La Sala declara que al contrato de crédito concertado entre las partes le es de aplicación el art. 1 de la Ley 23 de julio de 1908 de Represión de Usura. En el caso objeto del recurso, la referida normativa debe ser aplicada, al estar encuadrada la operación crediticia en el ámbito del crédito al consumo.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (LEG 1889, 27) aplicable a los préstamos y, en general, a cualquier operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo, conforme esta Sala ya tiene declarado en STSS de 18 de junio de 2012, 22 de febrero de 2013 y 2 de diciembre de 2014.

Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En el análisis de los dos requisitos, en el presente caso, la Sala alcanza las siguientes conclusiones:

1. Que el interés fijado del 24.6 % TAE, dada la diferencia entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el crédito, se considera como «notablemente superior al normal del dinero».

2. No puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto la concesión irresponsable de préstamos al consumo al tipo de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Las consecuencias de la declaración del carácter usurario del crédito “revolving” concedido por el Banco al demandado, conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» STS 14 de julio de 2009.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida.

En el presente caso, sin perjuicio de la abusividad derivada de un evidente incumplimiento del deber la transparencia en la contratación en relación con consumidores, pues ni siquiera consta firmada la hoja de “condiciones generales”, folio 49, es de plena aplicación la referida doctrina jurisprudencial y por ello la operación crediticia, con el referido interés de 1’73 % mensual, TAE 22’95 %, puede ser considerada usuraria, con las consecuencias de inaplicación del interés, por lo que sólo queda vigente la obligación de reintegrar al capital.

Capital que en el supuesto de autos, en total 4.784 euros, aparece amortizado con los pagos hechos por la demandada, que según la propia demandante, folio 46, sería el resultante de los giros (6.842 euros) menos los impagos (1.969 euros), total 4.873 euros, que es superior a dicho capital o importe acumulado del préstamo.

TERCERO.- Seguro. Gastos vencimiento anticipado. Comisión devolución de recibos. Cláusulas abusivas.

Sobre lo que debe entenderse por “cláusula abusiva”, que tiene su ámbito propio en la relación con los consumidores, hay que estar a lo previsto en los art. 3.1 y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE (LCEur 1993, 1071), del Consejo, y en el art. 82 apartados 1º y 3º TRLCU.

El art. 3.1 dispone que “Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato“.

En parecidos términos se pronuncia el art. 82.1, al definir las cláusulas abusivas como “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato“.

En el supuesto de autos no existe el mínimo rastro que permita deducir la existencia de negociación individual de las cláusulas denunciadas en el juicio, y por ello debemos estimar procedente la nulidad de su incorporación al contrato.

Así la referida a la contratación del seguro, dando por reproducidos los fundamentos de la sentencia de instancia sobre el particular, la misma existencia del contrato no aparece justificada desde la propia normativa del seguro, ley 50/1980, de 8 de octubre (RCL 1980, 2295), pues no consta regularmente extendida la correspondiente póliza por escrito en los términos resultantes de lo regulado en los arts. 3, 5 y 8 de la referida ley.

La referencia a dicho seguro en el contrato de autos no aparece siquiera expresamente recogida en el documento de “solicitud de crédito preconcedido” folio 48, que firmó la demandada, pues no consta marcada la casilla referida a la contratación del seguro, y en el documento unido al folio 50 de autos, se hace una declaración de adhesión al seguro opcional, pero nada consta sobre las condiciones del referido seguro, fecha, efecto, duración, su concreto condicionado, ni siquiera el importe de la prima.

En definitiva, no existe prueba de que efectivamente se suscribiera un contrato de seguro accesorio al de préstamo. El hecho de que se giren diversos cargos en tal concepto, que fueran abonados por la demandada, tampoco revela que el seguro realmente existiera, pues sólo acredita que la demandante percibió dichas cantidades cuyo destino concreto no se justifica, ni siquiera como una caución en prevención de eventuales impagos.

Por ello la cláusula contractual y la consiguiente suscripción del documento de “confirmación de alta en nuestro seguro” se muestran afectados por la nulidad consecuente a una cláusula abusiva.

La misma calificación deben otorgarse en relación con las cláusulas referidas a los gastos por vencimiento anticipado y comisión por devolución de recibos, pues además de tratarse de cláusulas afectadas por la referida abusividad, por la carencia de la debida negociación, información y desequilibrio contractual en perjuicio del consumidor, se muestran arbitrarias y carentes de justificación material.

Sobre las comisiones bancarias la Orden ENA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente bancario, establece en su art. 3 que: “Las Comisiones percibidas por servicios bancarios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes. Sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos“. El mismo precepto añade que las entidades de crédito deberán poner a disposición de sus clientes las comisiones debidamente actualizadas por los servicios que prestan en todos sus establecimientos y sitios electrónicos.

Pocas dudas caben hoy día de que la normativa pública de transparencia bancaria tiene efectos jurídico-privados en la integración e interpretación de los contratos bancarios, por lo que resulta pertinente y necesario atender a su contenido para interpretar las cláusulas contractuales, en particular su posible carácter abusivo.

Por lo que respecta en particular a la comisión de reclamación de posiciones deudoras, la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España de 2011 (pgs. 69-70) considera que, desde la óptica de las buenas prácticas bancarias, su adeudo sólo puede ser posible si, además de aparecer recogida en el contrato, se acredita que:

i) su devengo está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor (algo que a juicio del Servicio de Reclamaciones, no está justificado con la simple remisión de una carta periódicamente generada por el ordenador).

ii) es única en la reclamación de un mismo saldo.

iii) su cuantía sea única, cualquiera que sea el importe reclamado, no admitiéndose tarifas porcentuales, Y como criterio adicional se considera que su aplicación automática no constituye una buena práctica bancaria, ya que la reclamación debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada impagado y de cada cliente, pues sólo cuando se analiza caso por caso la procedencia de llevar a cabo cada reclamación, se justifica, bajo el principio de la buena fe, la realización de gestiones individualizadas de recuperación.

En el supuesto de autos las referidas cláusulas por gastos de vencimiento anticipado y comisión por devolución de recibos, además de incorporarse de forma no transparente y en perjuicio de la demandada, tampoco aparecen mínimamente justificadas en la existencia de un efectivo y real perjuicio.

Por ello, dado su carácter abusivo, se han de considerar ineficaces, en los términos que la demandada ya expuso en el juicio, sin perjuicio del control de oficio incluso en la apelación, dado que el artículo 6.1 de la Directiva, según el cual las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, constituye una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (asuntos Banco Español de Crédito, apartado 40, Banif Plus Bank, apartado 20, citados en la STJUE de 30 de mayo de 2013, asunto Asbeek Brusse y de Man Garabito, C 488/11 , apartado 38).

Por todo ello, con independencia de que efectivamente la liquidación de la deuda en la sentencia de instancia se encuentre afectada de un error evidente, al desconocer la diferencia entre las cantidades giradas y las impagadas, como base de lo que realmente se ha pagado, sin embargo, en cualquier caso, la liquidación, excluidas las cláusulas abusivas, arroja un resultado ligeramente superior al importe de la cantidad reclamada por capital, y por ello la demanda debe ser desestimada en su integridad.

CUARTO.- La desestimación de la demanda y de la apelación, así como la estimación de la impugnación, conforme a lo regulado en los arts. 394 y 398 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), son causa suficiente para imponer a la demandante las costas de la instancia y las de la apelación, sin especial declaración sobre las causadas con la impugnación.

Vistos los artículos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por COFIDIS S.A. y estimar la impugnación formulada por Dña. XXXXXXXX, ambos contra la sentencia nº 217/15, dictada en el procedimiento verbal seguido bajo nº 1223/14 ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. Seis de Vitoria-Gasteiz, y en consecuencia acordamos.

1.- Revocar la sentencia de instancia, dejándola sin efecto.

2.- Desestimar la demanda inicial promovida por COFIDIS S.A., y absolver a la Sra. XXXXXXXX de las pretensiones contra ella dirigidas.

3.- Imponemos a COFIDIS S.A. las costas de la instancia y de la apelación, sin especial declaración sobre las causadas con la impugnación

Dese el destino legal al depósito constituido para recurrir.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, si se acredita interés casacional. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículos 477 y 479 de la LECn).

También podrán interponer recurso extraordinario por INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habrá de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículo 470.1 y Disposición Final decimosexta de la LECn).

Para interponer los recursos será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros si se trata de casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el número XXXXXXXXXXXX.

Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” código 06 para el recurso de casación, y código 04 para el recurso extraordinario por infracción procesal. La consignación deberá ser acreditada al interponer los recursos (DA 15ª de la LOPJ (RCL 1985, 1578 y 2635)).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Al escrito de interposición deberá acompañarse, además, el justificante del pago de la tasa judicial debidamente validado, salvo que concurra alguna de las exenciones previstas en la Ley 10/2012.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la firma y leída en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.


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