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COFIDIS condenada a devolver el capital aportado en exceso y la nulidad del contrato por intereses usurarios

COFIDIS condenada a devolver el capital aportado en exceso y la nulidad del contrato por intereses usurarios

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almendralejo condena a COFIDIS a devolver a un cliente el capital aportado en exceso al realizar la liquidación entre capital prestado y el realmente devuelto, siendo éste último notablemente superior al realmente prestado por COFIDIS a su cliente.

Además se condena a la nulidad del contrato debido al interés fijado del 24.6 % TAE, dada la diferencia entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el crédito, se considera como «notablemente superior al normal del dinero», por lo que se considera usurario.

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SENTENCIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 ALMENDRALEJO

SENTENCIA: 00043/2018

DEMANDANTE D/ña. XXXXXX
Procurador/a Sr/a. XXXXXX

DEMANDADO D/ña. COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Procurador/a Sr/a. XXXXXX
SENTENCIA nº 43/18

En Almendralejo, a 19 de abril de 2018.

Vistos por la Ilma. Sra. Dª.XXXXXX, Magistrada titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Mérida (Almendralejo) los presentes autos de Juicio ordinario número 485/2.017 en el que interviene como demandante XXXXXX, representado por el procurador ante los Tribunales Sr. XXXXXX y asistido de letrado, y como demandado COFIDIS S.A SUCURSAL EN ESPAÑA, representado por el procurador ante los tribunales Sra. XXXXXX y asistido de letrado, ha dictado, en nombre del Rey, la presente sentencia en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 21 de diciembre de 2018 por la representación procesal de XXXXXX se interpuso petición inicial de procedimiento ordinario frente a COFIDÍS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, con el contenido que obra en su escrito.

Conferido traslado a la demandada por la misma se contestó a la demanda con el contenido que consta en su escrito.

SEGUNDO.- Teniendo por cumplidas las prescripciones legales se citó a las partes al acto de la audiencia previa al juicio que se celebró el día 10 de abril de 2018 y en el que, no siendo posible un acuerdo entre las partes, se admitió la prueba propuesta.

Habiendo sido propuesta y admitida únicamente prueba documental quedaron las actuaciones vistas para sentencia en el mismo acto tal y como establece el art. 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento, por la parte actora se ejercita una acción de nulidad del contrato de crédito celebrado por las partes en febrero de 1999 así como del contrato de seguro, en el caso de haberse celebrado. Así mismo interesó que se condene a la entidad crediticia demandada a la devolución de la cantidad pagada que haya excedido del total el capital prestado, más intereses legales, y las costas causadas. En el otro si segundo interesó igualmente, que la parte demandada sea condenada al pago de una multa como corrección disciplinaria.

SEGUNDO.- El objeto controvertido del pleito se centra en resolver sobre validez o nulidad del contrato que une a las partes y del contrato de seguro y sus efectos.

TERCERO.- Tiene su origen esta reclamación en el contrato de préstamo bajo la modalidad de línea de crédito que une a las partes celebrado el febrero de 1999, por el que la demandada se obligó a poner a disposición de la actora una cantidad de dinero y esta a su vez a pagar por ella un interés y una serie de condiciones.

Establece el art. 1.740 del Código Civil: Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. El comodato es esencialmente gratuito. El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés.

Mediante el documento primero de la demanda se acredita la existencia y realidad del contrato que las partes no discuten, tratándose de un contrato de consumo como se ha afirmado en la demanda y no se ha desvirtuado en la contestación y con un clausulado general que incorpora una serie de condiciones generales de la contratación que deben ser examinadas, de acuerdo con lo solicitado en la contestación y de oficio por tratarse de contrato de consumo.

CUARTO.- Entrando a valorar la posible nulidad del contrato celebrado por las partes. Para casos como el que ahora nos ocupa es especialmente clarificadora la sentencia del TS de 25 de noviembre de 2015, que para un caso similar al enjuiciado, la sentencia de Pleno de la Sala de 25 de noviembre de 2015, estima el recurso de casación interpuesto por el demandado casa la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, dejándola sin efecto adopta un criterio distinto al seguido hasta el momento con la siguiente argumentación.

“La Sala declara que al contrato de crédito concertado entre las partes le es de aplicación el art. 1 de la Ley 23 de julio de 1908 de Represión de Usura, normativa que debe ser aplicada, al estar encuadrada la operación crediticia en el ámbito del crédito al consumo.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1.255 del Código Civil (LA LEY 1/1889) aplicable a los préstamos y, en general, a cualquier operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo, conforme esta Sala ya tiene declarado en STSS de 18 de junio de 2012, 22 de febrero de 2013 y 2 de diciembre de 2014.

Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso“.

En el análisis de los dos requisitos, la Sala alcanza las siguientes conclusiones: Que el interés fijado del 24.6% TAE, dada la diferencia entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el crédito, se considera como «notablemente superior al normal del dinero», y que no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto la concesión irresponsable de préstamos al consumo al tipo de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Así, STS 14 de julio de 2009, y las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida, lo que aplicado al caso enjuiciado, en el que el interés remuneratorio pactado como ya recoge la sentencia de instancia era 20,84 % anual, notablemente superior al norma del dinero debe conducir a declarar, previa estimación del recurso, el carácter usurario del contrato de crédito al consumo o línea de crédito denominado “Direct Cash”, suscrito el día 14 de marzo de 2001, por la entidad financiera con los demandados, y en consecuencia declaramos su nulidad con lo que los demandados deberán reintegrar a Cofidis SA, Sucursal de España, únicamente el importe adeudado de la suma recibida.

En esa misma línea la Ilma. Audiencia Provincial de Badajoz, en sentencia de fecha 15 de febrero de 2017, donde tras analizar el interés remuneratorio pactado en un caso similar al que ahora nos ocupa declaró la nulidad el tipo de interés remuneratorio establecido en el contrato por ser «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Establece dicha sentencia: “Siguen todas estas resoluciones, como también hace la presente, la sentencia del Pleno de Tribunal Supremo, de fecha 25 de noviembre de 2015, recurso núm. 2.341/2013, que acertadamente invocan los recurrentes, tanto en su escrito de contestación a la demanda, como en su escrito de recurso, sentencia que, en un supuesto de un crédito “revolving” concedido a un consumidor, consistente en que le permitía hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o mediante el uso de una tarjeta expedida por el Banco, hasta un límite de 500.000 pesetas, límite que podía ser modificado por el Banco, teniendo un tipo de interés remuneratorio fijado del 24,6 % TAE, entiende que le es de aplicación la Ley de Represión de la Usura, que se configura como un límite a la autonomía negocial, y concluye que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues, concurren los dos requisitos legales, el interés es notablemente superior al normal del dinero y el interés estipulado es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. (…).

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada (…).

Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito “revolving” en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.”

Por todo lo cual en el supuesto que nos ocupa, estamos ante un interés notablemente superior al normal del dinero, dada esa diferencia entre el interés anual y el TAE del 26,82 %, fijados en el contrato, y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el mismo, que tal y como acredita la parte demandada era de 8,91 %, manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, desproporción que se presume concurrente en los préstamos al consumo salvo que la entidad financiera que concede el crédito “revolving” acredite la concurrencia de circunstancias excepcionales, acreditación que no se ha producido en el supuesto que nos ocupa.

Por lo que debe estimarse la pretensión del actor, y entender abusiva la cláusula de intereses remuneratorios, por ser notablemente superior a la a normal del dinero, y manifiestamente desproporcionado al caso que nos ocupa, con los efectos establecidos en la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, en su artículo 3, esto es, “el prestatario deberá entregar la suma recibida y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de los percibido, exceda del capital prestado”.

Dicha nulidad es predicable igualmente del contrato se seguro colectivo, que está contenido en la condición general 13 a 15: las cláusulas 13 y 14 hablan de la adhesión al seguro y la cláusula 15 de la renuncia al seguro diciendo “de no interesar el seguro opcional escriba NO en la casilla y firme a continuación”. Al lado aparece un espacio minúsculo donde difícilmente podría escribirse el “no” referido y el espacio para la firma.

Esta cláusula de seguro ha de declararse nula, por tratarse de una condición general de la contratación previamente redactada por una de las partes e impuesta a la otra.

Por carecer de toda transparencia y visibilidad, máxime cuando las condiciones específicas aparecen en el folio primero y esta aparece escondida en el clausulado general con una letra diminuta y difícil de leer y con una redacción oscura y engañosa: leyendo las cláusulas 13 a 15 no queda claro si se contrata o no el seguro. Pero es que es más, el seguro no es el objeto del contrato, que recordemos es un préstamo, ni los dos consumidores querían un seguro ni era necesario para poder solicitar el préstamo.

Por todo ello debe estimarse íntegramente la demanda con expresa conde en costas a la parte demandada.

QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1.101, 1.108 y 1.109 del Código Civil, se condena al demandado a los intereses legales desde el momento de la interpelación judicial.

SEXTO.- En cuanto a las costas debemos aplicar el criterio general del vencimiento art. 394 de la LEC imponiéndose a la parte demandada que ha visto rechazadas sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales descritos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador ante los tribunales Srª. XXXXXX en nombre y representación de XXXXXX contra COFIDÍS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA:

– Declaro la nulidad de pleno derecho del contrato de préstamo por usurario celebrado entre las partes en febrero de 1999;

– Condeno a la entidad crediticia demandada a la devolución de la cantidad pagada que haya excedido del total del capital prestado, que será determinada en ejecución de sentencia mediante liquidación que en la misma se aporte por la entidad demandada, más intereses legales desde la interpelación judicial.

Se condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Badajoz que podrán interponer ante este mismo Juzgado en los veinte días siguientes a su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

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