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COFIDIS condenada a anular un contrato de crédito DINERO YA por tener una TAE del 24,51 %

COFIDIS condenada a anular un contrato de crédito DINERO YA por tener una TAE del 24,51 %

La Audiencia Provincial de Barcelona, estima parcialmente la demanda. Declara la nulidad del contrato de una póliza de crédito Dinero Ya de COFIDIS, por considerar usurero el interés (24,51 %).

En Primera Instancia, se estima íntegramente la demanda interpuesta por Cofidis, condenando a una usuaria a abonar 4.530,25 € en concepto de principal. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sólo tendrá que abonar la cuantía que le queda por abonar para completar el dinero efectivamente prestado por la entidad, ahorrándose todos los intereses.

La demandada presenta recurso de apelación alegando que un tipo de interés del 24,51 % es usurario, es decir, tiene que considerarse abusivo; y reclama la improcedencia de un pago en concepto de prima de seguro que no se contrató. Por otro lado, las estipulaciones del contrato no son claras ni compresibles, párrafos del contrato son de imposible lectura y la cláusula general, no supera el control de transparencia necesario. Por todo esto, se pide decretar la nulidad del contrato por entenderse abusivo.

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SENTENCIA

 

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11ª, Sentencia 77/2017 de 2 Mar. 2017, Rec. 154/2016

AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA SECCIÓN 11ª

CIVIL

ROLLO DE APELACIÓN Nº 154/2016

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE ARENYS DE MAR

JUICIO VERBAL Nº642/2014

SENTENCIA nº 77/2017

En Barcelona, a 2 de Marzo de 2017.

La Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, constituida por el Magistrado Ilmo. Sr. don XXXXXX en aplicación del artículo 82.2 (LA LEY 1694/1985), 1º de la L.O.P.J, ha visto en grado de apelación el procedimiento verbal núm. 642/2014, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Arenys de Mar por demanda de COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por el Procurador don XXXXXX y asistido por el Letrado doña XXXXXX, contra doña XXXXXX, representada por el Procurador doña XXXXXX y con la asistencia del Letrado don XXXXXX, por virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha 23 de julio de 2015, pronuncia la presente resolución en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda, estableciendo literalmente su fallo lo siguiente: “Que DEBO ACORDAR Y ACUERDO ESTIMAR EN SU INTEGRIDAD LA DEMANDA interpuesta por COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por el Procurador XXXXXX, contra XXXXXX representada por el/la Procurador/a de los Tribunales D. XXXXXX y, en consecuencia, se condena a esta última a que firme que sea la presente resolución haga pago a la actora de la cantidad de 4.530,25 euros, en concepto de principal, más los intereses de conformidad con el fundamento de derecho tercero de esta resolución con expresa condena en costas a la demandada”.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución la representación de la Sra. XXXXXX interpone recurso de apelación, alegando, en síntesis:

(i) el tipo de interés fijado en el contrato del 24,51 % debe considerarse usurario, al ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso;

(ii) subsidiariamente, el interés debe considerarse abusivo conforme al art. 20.4 de la Ley de Crédito al Consumo;

(iii) improcedencia del pago de la suma de 815,81 euros en concepto de prima de seguro, al no haberse contratado.

Admitido a trámite el anterior recurso la parte contraria presentó escrito de oposición, fueron emplazados los litigantes ante la Superioridad y comparecieron en tiempo y forma.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, sin necesidad de celebración de vista, se señaló para resolución el día 22 de febrero de 2017.

CUARTO.- En la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional se han observado todas las prevenciones legales en vigor, a excepción del plazo global de duración debido al cúmulo de asuntos que penden ante esta Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El primer motivo del recurso de apelación formulado por la Sra. XXXXXX versa sobre el tipo de interés remuneratorio fijado en el contrato, que asciende en cómputo anual al 24,51 %, argumentando que debe considerarse usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

El motivo debe ser estimado.

Conforme a la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993), artículo 4, apartado dos, “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”.

Como se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 (apartado 191), “el hecho de que una cláusula sea definitoria del objeto principal no elimina totalmente la posibilidad de controlar si su contenido es abusivo”. Según el artículo 4, apartado dos, de la citada directiva, a contrario sensu, la apreciación de falta de claridad y comprensibilidad en la adecuación entre precio y contrapartida en el contrato puede dar lugar a la ulterior apreciación de la abusividad de la cláusula no negociada individualmente si, pese a las exigencias de la buena fe, causan, en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

En el supuesto ahora examinado las estipulaciones contractuales no son claras ni comprensibles. Para empezar, resulta imprescindible la ayuda de una lupa para poder leer las condiciones generales, están transcritas en letra microscópica, por lo que difícilmente han podido ser aceptadas por la parte prestataria.

Además, aún de un examen con lupa, determinados párrafos del contrato son de imposible lectura y la cláusula general que fija el interés remuneratorio de la línea de crédito no supera el necesario control de transparencia de un elemento esencial del contrato que permita al consumidor percibir de una manera clara cual es la carga económica que le afecta de dicho contrato, lo cual permite examinar la abusividad de la condición general, con la consecuencia en este caso de decretar su nulidad, por abusiva.

Así se ha entendido en casos similares por otros tribunales, como en las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secciones 1ª y 14ª, respectivamente de 2 de diciembre de 2013 y 28 de mayo de 2015, Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias en sentencia de 12 de diciembre de 2014, Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 20 de febrero de 2015, Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Baleares de 31 de marzo de 2015 y Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2015.

SEGUNDO.- La reciente Sentencia núm. 628/15 de 25 de noviembre (LA LEY 172714/2015) dictada por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo resulta de obligada referencia en esta materia por cuanto se dicta en un crédito “revolving” similar al de autos.

El Tribunal Supremo, tras recordar que la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, también conocida como ley Azcárate (LA LEY 3/1908), se configura como un límite a la autonomía negocial y aclarar cuál debe la interpretación correcta del precepto (basta con que se estipule un “interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso” sin que sea exigible que, acumulativamente, haya sido “aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”) aborda seguidamente el espinoso problema de precisar cuándo nos encontramos con un “interés notablemente superior”.

En efecto, para la integración de este concepto jurídico indeterminado recurre a dos reglas principales:

(i) que el porcentaje que ha de tomarse en consideración no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), y

(ii) que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”.

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés “normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia”, señalando que para conocer este “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que elabora el Banco de España con la información que periódicamente le remiten las entidades de crédito acerca de los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Es así como en el caso examinado, un préstamo revolving con un TAE al 24,6 %, concluye que se trata de un interés “notablemente superior” por cuanto excedía del doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se había concertado.

Finalmente, esta sentencia solventa el requisito de que el interés sea además “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso” estableciendo que dicha desproporción se presume concurrente en los préstamos al consumo salvo que la entidad financiera que concede el crédito “revolving” acredite la concurrencia de circunstancias excepcionales (v.gr., una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo que justificara que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal) entre las cuales no puede incluirse el alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Pues bien, trasladada dicha doctrina al caso de autos, la conclusión no puede ser otra más que la de considerar usurero el interés pactado en la póliza de crédito “DINEROYA” suscrita. El tipo medio de los préstamos al consumo en febrero del año 2008, para los contratos de entre 1 y 5 años de duración, se situaba en el 10,48 % y el TAE del 24,51 % pactado en contrato supera con creces el doble de aquel tipo medio.

En consecuencia, y de conformidad con el art. 3 de la citada Ley, el prestatario estará obligado a devolver tan sólo la suma recibida. En nuestro caso, descontando el importe de los intereses que figuran en la certificación acompañada con la demanda (2.415,44 euros) a la suma objeto de reclamación (4.530,25 euros), la deuda que puede ser reclamada quedará fijada en la suma de 2.114,81 euros.

TERCERO.- El segundo motivo del recurso es el relativo a la improcedencia del pago de la suma de 815,81 euros en concepto de prima de seguro. Esta cuestión fue planteada efectivamente en el acto de juicio por la defensa de la Sra. XXXXXX si bien la sentencia no contiene pronunciamiento alguno sobre esta cuestión.

El motivo no puede ser estimado dado que la sentencia recurrida no contiene mención alguna a la cuestión enunciada por lo que este tribunal, de competencia revisora, no puede pronunciarse sobre la misma al no haber cumplimentado la hoy recurrente el trámite a que se refiere el art. 215.2 LEC (LA LEY 58/2000) ( art. 459 LEC (LA LEY 58/2000)). En cualquier caso, consta en las actuaciones que la apelante aceptó la contratación de este tipo de seguro y, de hecho, abonó la prima sin oposición alguna durante la vigencia del contrato.

CUARTO.- La estimación parcial del recurso de apelación determina la no imposición en costas, conforme a lo dispuesto en el art. 398 LEC (LA LEY 58/2000).

Conforme a la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), procede la devolución del depósito.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estimo parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña XXXXXX contra la sentencia dictada en fecha 23 de julio de 2015, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Arenys de Mar en autos de juicio verbal nº642/2014, de los que el presente Rollo dimana, sin imposición de las costas y devolución del depósito constituido por la apelante.

Revoco la expresada sentencia de instancia, acordando la estimación parcial de la demanda presentada por COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA. Condeno a doña XXXXXX al pago de la suma de 2.114,81 euros e intereses legales desde la fecha de la sentencia dictada en primera instancia, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en la instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma, comunicándoles que contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, juzgando de manera definitiva en segunda instancia, lo pronuncio y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.

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