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Cetelem condenado a anular el contrato de una tarjeta Flexipago Aurora con una TAE del 23,14 %

Cetelem condenado a anular el contrato de una tarjeta Flexipago Aurora con una TAE del 23,14 %

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Vigo, condenó a un usuario a abonar a Cetelem la cantidad de 6.862,21 € más los intereses legales por el contrato de una tarjeta Flexipago Aurora.

Cetelem reclamaba al usuario la suma de 7.791,43 € por una tarjeta Flexipago Aurora, pero la sentencia de instancia estimó parcialmente la reclamación del consumidor y desestimó los importes reclamados en concepto de tasa de seguro y gastos e indemnizaciones.

La sentencia fue apelada ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, la cual finalmente estima parcialmente el recurso de apelación, es decir, el usuario únicamente tiene que abonar a Cetelem la cantidad realmente recibida (3.521,56 €), en lugar de los 7.791,43 € reclamados inicialmente, por lo tanto, el consumidor apelante se esta ahorrando 4.269,87 €, que es el importe correspondientes a la suma de todos los intereses, comisiones y seguro abonados durante la vida de la tarjeta.

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SENTENCIA

 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA SECCIÓN SEXTA, SEDE VIGO

SENTENCIA: 00553/2016

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACIÓN (LECN (LA LEY 58/2000)) 0000112/2016

Juzgado de procedencia: XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 10 de VIGO

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000241/2015

Recurrente: XXXXXX

Recurrido: EUROCREDITO EFC S.A.

LA SECCIÓN SEXTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SEDE VIGO, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados XXXXXX, Presidente; XXXXXX y XXXXXX, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

SENTENCIA núm. 553

En Vigo, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000241/2015, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 10 de VIGO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACIÓN (LECN (LA LEY 58/2000)) 0000112/2016, en los que aparece como parte apelante, XXXXXX, representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. XXXXXX, asistido por el Abogado D. XXXXXX, y como parte apelada, EUROCREDITO EFC S.A., representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. XXXXXX, asistido por el Abogado D. XXXXXX.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D./Dª XXXXXX, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 10 de VIGO, con fecha 14.12.15, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por la entidad BANCO CETELEM, S.A. frente a D. XXXXXX, DEBO CONDENAR Y CONDENO a éste a abonar a la actora la cantidad de 6.862,21 euros, más los intereses legales desde la presentación de la demanda.

No se hace declaración de condena en costas.”

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por el Procurador XXXXXX, en nombre y representación de XXXXXX, se preparó y formalizó recurso de apelación que fue admitido a trámite y, conferido el oportuno traslado, se formuló oposición al mismo por la parte contraria.

Una vez cumplimentados los trámites legales, se elevaron las presentes actuaciones a esta Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sede Vigo, señalándose para la deliberación del presente recurso el día 27.10.16.

TERCERO.En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Reclamado por la entidad accionante, Cetelem, S.A., la suma de 7.791,43 euros resultante de un denominado “contrato de tarjeta de crédito sistema flexipago Aurora” concertado el 4 de mayo 2009, la sentencia de instancia estimó parcialmente la reclamación, en tanto que, por las razones que expresa, desestimó los importes reclamados referidos a los conceptos tasa del seguro y gastos e indemnizaciones.

Recurre en apelación la representación del demandado solicitando la nulidad del contrato de préstamo por usurario al establecer un interés remuneratorio excesivo y desproporcionado, se opone la parte apelada.

SEGUNDA: En relación con los intereses remuneratorios, la Ley de 23 de julio de 1908 en su art. 1 sanciona con la nulidad tres clases de préstamos usurarios: los préstamos en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero, y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; los préstamos que contengan condiciones tales que resulten leoninos, habiendo motivos para estimar que han sido aceptados por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia, o de lo limitado de sus facultades mentales; y los préstamos en que se suponga recibida mayor cantidad de la verdaderamente entregada, cualquiera que sea su entidad y circunstancias.

En el supuesto de autos, el interés remuneratorio aplicable entre las partes resultó ser del 1,75 % mensual, correspondiente a un tipo de interés nominal anual del 21 % y una T.A.E. del 23,14 %.

Consideramos que el recurso debe ser estimado en aplicación de la STS de 25 de noviembre 2015, en la que se planteaba el carácter usurario de un “crédito revolving” concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE, la cual establece lo siguiente “… La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

Eart. 315 CCo (LA LEY 1/1885). establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (LA LEY 20192/2011), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 CC (LA LEY 1/1889) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio , 113/2013, de 22 de febrero y677/2014, de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014).

A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio 677/2014 de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014), exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

El recurrente considera que el crédito “revolving” que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre (LA LEY 7252/2001)).

Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002 (LA LEY 14620/2001), de 20 de diciembre de 200, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras, y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio (LA LEY 1062/2002), dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero» .

Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» .

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), al no haber considerado usurario el crédito “revolving” en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

El carácter usurario del crédito “revolving” concedido por Banco Sygma al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva»sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio (LA LEY 125064/2009) y las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida….

En mayo de 2009, según las Tablas publicadas por el Banco de España en las operaciones de crédito al consumo a plazo entre 1 y 5 años el interés anual era de 7,73 % y el TAE era de 10,31 %, en consecuencia no hay duda que el autos al 21 % anual y con un TAE de 23,14 %, es notablemente superior al interés normal del dinero en operaciones de crédito, sin que se haya justificado por la demandante circunstancia excepcional alguna que justifique un tipo de interés notoriamente superior al referido.

Lo expuesto lleva a la estimación parcial del recurso y la obligación por el apelante de devolver únicamente la suma recibida que, de acuerdo con el extracto de cuenta aportado con la demanda, ha de fijarse, una vez deducidos los intereses, en la suma de 3.521,56 euros.

TERCERO: La estimación parcial del recurso conlleva que no se haga especial declaración respecto a las costas procesales ocasionadas en esta alzada (art. 398 LEC (LA LEY 58/2000)).

En atención a lo expuesto y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere la Constitución Española.

FALLAMOS

Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Doña XXXXXX, en nombre y representación de Don XXXXXX, frente a la sentencia dictada en fecha 14 de diciembre 2015 por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 10 de Vigo, en Procedimiento Ordinario núm. 241/2015, la cual se revoca en el sentido de condenar al demandado, Don XXXXXX, a que abone a la demandante Banco Cetelem, S.A. la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS, CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.521,56 €), se mantienen los demás pronunciamientos y no se hace expresa declaración respecto a las costas procesales que se hubieren devengado en esta instancia.

Procedase a la devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de casación para el caso de que se acredite interés casacional o, en su caso, infracción procesal, en base a lo establecido en el art. 477 LEC (LA LEY 58/2000), debiendo interponerse dentro de los veinte días siguientes a su notificación en la forma establecida en el art. 479 LEC (LA LEY 58/2000).

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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