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Catalunya Banc condenada a la anulación de la cláusula suelo y a la devolución de 10.065,62 €

Catalunya Banc condenada a la anulación de la cláusula suelo y a la devolución de 10.065,62 €

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El Juzgado de 1ª Instancia Nº 1 de Móstoles (Madrid) declara nula la cláusula suelo de préstamo hipotecario concertado por las partes, condenando a Catalunya Banc S.A. a eliminar dicha cláusula del contrato, restituyendo  a los demandantes las cantidades que en concepto de interés se han abonado indebidamente y cobrado en exceso, desde el día 9 de mayo de 2013, más los intereses legales correspondientes calculados desde la fecha de cobro de cada una de las cuotas hasta al día de su pago (10.065,62 €). Todo ello con imposición de las costas del recurso.

Esta demanda fue dirigida por Natalia Rodríguez Picallo, abogada colaboradora de Economía Zero y experta en cláusula suelo, IRPH, gastos de constitución hipotecarios y demás reclamaciones bancarias.

La sentencia del Juzgado hace suyos los razonamientos de las sentencias del TS de 9 de mayo de 2013 y 8 de septiembre de 2014, en las que, entre otros, se afirma que:

a) La cláusula suelo puede inducir a error al cliente sobre un aspecto fundamental del contrato, es decir, elegir una oferta cuyo tipo variable es inferior pero que, por efecto de la cláusula – suelo, en realidad lo es a un tipo superior durante la vida del contrato que otra oferta del mercado;

b) Falta de transparencia e información definitoria;

c) Las cláusulas suelo se incluyen en el contrato ofertadas como préstamos a interés variable, pero en realidad “les convierte en préstamos a interés mínimo fijo del que difícilmente se benefician de las bajadas del tipo de referencia”.


SENTENCIA

 

Juzgado de 1ª Instancia Nº 1 de Móstoles

Procedimiento: procedimiento ordinario 168/2016

SECCION 5

Demandante: D./Dña. XXXXXXX y D/Dña. XXXXXXX

PROCURADOR D./Dña.: XXXXXXX

Demandado: CATALUNYA BANC S.A.

PROCURADOR D./Dña.: XXXXXXX

SENTENCIA Nº 362/2016

En Móstoles a 21 de noviembre de 2.016. Vistos por Dña. XXXXXXX, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Número 1, los autos de juicio ordinario nº 168/2016-5 seguidos a instancia de D. XXXXXXX y Dña. XXXXXXX, representados por la Procuradora Sra. XXXXXXX y bajo la dirección letrada de la Sra. Rodríguez Picallo contra la entidad Catalunya Banc S.A., representada por el Procurador Sr. XXXXXXX y asistida por el letrado Sr. XXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.

La Procuradora de los Tribunales Sra. XXXXXXX en la representación dicha presentó con techa 19 de febrero de 2.016, demanda de juicio ordinario ejercitando acción de nulidad de cláusula suelo.

Por Decreto de fecha 18 de marzo de 2.016, se tuvo por formulada la demanda acordándose dar traslado de la misma a la parte demandada.

El Procurador Sr. XXXXXXX en la representación dicha presentó con fecha 28 de abril de 2.016 escrito de contestación a la demanda.

El día 10 de noviembre de 2016 se celebró la audiencia previa prevista en la ley, en dicho acto ambas partes ratificaron sus respectivos escritos y tras admitirse únicamente prueba documental se declararon los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.

La parte actora pretende la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula inserta en la escritura de préstamo hipotecario de fecha 18 de febrero de 2.005 (condición financiera tercera bis C) que establece que el tipo de interés nominal anual aplicable resultante de la revisión pactada de los intereses ordinarios no podrá ser inferior al 3,50% ni superior al 12% y devolución de las cantidades correspondientes de conformidad con la ST del T.S de 9 de mayo de 2013.

La referida cláusula es abusiva, toda vez que limita la variabilidad del interés a la baja en beneficio del banco, mientras que el consumidor no goza de esta limitación del a variabilidad del interés al alza, lo que produce un evidente y manifiesto desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.

La parte demandada se opone a dicha reclamación sobre la base de las siguientes consideraciones; La actora suscribió la escritura del préstamo de forma voluntaria y con pleno conocimiento de las condiciones financieras del mismo, condiciones que conocía con anterioridad a la firma.

No puede hablarse de falta de transparencia de la entidad demandada, pues la documentación aportada acredita un cumplimiento riguroso de la normativa bancaria vigente y un claro conocimiento por los prestatarios del contenido obligacional del contrato. El préstamo tiene un tipo de interés variable, cuyo límite inferior está perfectamente claro y determinado sin que pueda inducir a error alguno a la actora sobre su aplicación.

SEGUNDO.

Con carácter previo, debe puntualizarse que no se cuestiona por las partes litigantes que la relación jurídica, que refleja el contrato de fecha 18 de febrero de 2.005 es una relación de consumo; tampoco hay duda de que se trata de un contrate de adhesión, en cuanto no consta -y al empresario incumbe la prueba- que la cláusula cuestionada fuera negociada individualmente.

La tan conocida sentencia nº 241/13 del Pleno de la Sala 1ª de nuestro Tribunal Supremo, cuando declara que “el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos de condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es transparente”.

Así como que “la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato”. En relación al objeto principal del contrato, la transparencia garantiza que el cliente conozca o pueda conocer la carga económica que el contrato supone para él y la prestación que va a recibir de la otra parte y, además, garantiza la adecuada elección del consumidor en aquello cuya determinación se confía al mercado y la competencia, lo que supone que más allá de la mera exigencia de claridad de los términos de las cláusulas, se pretende asegurar que el consumidor tenga una posibilidad real de comparar las distintas ofertas y alternativas de contratación del producto (SSTS 406/2012, de 18 de junio; 221/2013, de 11 de abril y 241/2013, de 9 de mayo).

En consonancia con ello, la Sentencia nº 241/2013, tras resolver que las cláusulas- suelo forman parte de los elementos esenciales del contrato (precio/prestación), decide que lo que debe controlarse en cada caso concreto es la transparencia. Es decir, dado que las cláusulas que se refieren a los elementos esenciales del contrato no se someten a control del contenido, la cuestión es decidir cuándo son transparentes y cuándo no.

El enfoque del Tribunal Supremo es el de comenzar por los requisitos de incorporación para concluir que, aunque se contemplan los requisitos para que la cláusula quede incorporada al contrato (aceptación por el adherente, claridad, completitud, legibilidad y que se le facilite un ejemplar -arts. 5 y 7 LCGC), con ello no acaba el análisis.

Una cláusula “incorporable” e “incorporada” al contrato, cuando se refiere a los elementos esenciales del mismo, puede no ser válida porque se considere que no es trasparente. El Tribunal Supremo trata de concretar el requisito de transparencia apelando, en principio, a que exista una proporción entre la “comunicación” que haya hecho el predisponente del contenido de la cláusula y “su importancia en el desarrollo razonable del contrato”.

Y el reproche que la Sala 1ª del Tribunal Supremo hace a las entidades bancarias es, precisamente, que se da a la cláusula suelo una relevancia “secundaria”: “(las) propias entidades les dan un tratamiento impropiamente secundado, habida cuenta de que las cláusulas “no llegaban a afectar de manera directa a las preocupaciones inmediatas de los prestatarios”, lo que incide en falta de claridad de la cláusula, al no ser percibida por el consumidor como relevante al objeto principal del contrato”.

La falta de transparencia se predica aun en mayor medida de la oferta vinculante aportada.

La razón de que la cláusula suelo deba ser objeto de una “especial” comunicación al cliente es que su efecto -más o menos pronunciado según los tipos en vigor y según la “altura” del suelo – es que “convierte un préstamo a interés variable en un préstamo a interés mínimo fijo, que no podrá beneficiarse de todas las reducciones que sufra el tipo de referencia (el euribor)”.

Es decir, la cláusula suelo puede inducir a error al cliente sobre un aspecto fundamental del contrato y llevarle a adoptar una decisión irracional, esto es, elegir una oferta cuyo tipo variable es inferior pero que, por efecto de la cláusula – suelo , en realidad lo es a un tipo superior durante la vida del contrato que otra oferta del mercado a tipo variable “puro” con un diferencial superior, pero que se aprovecha de las bajadas en el tipo de referencia ilimitadamente. Variabilidad al alza que no es una mera cuestión teórica, sino que se pone de manifiesto cuando se revisa la liquidación del saldo deudor”.

La doctrina expuesta en esta Sentencia (luego ratificada en la de 8 de septiembre de 2.014), se puede concentrar, a los efectos que aquí interesan en las siguientes afirmaciones:

1ª- La cláusula suelo, constitutiva de una condición general de la contratación, no es de por sí ilícita, pero está sometida, en los contratos con consumidores, a un doble filtro o control: de su incorporación (artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación) y el de la transparencia (artículo 80.1 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios).

2ª- Desde esta segunda perspectiva, la transparencia comporta estas dos consideraciones, en términos literales de la sentencia de la sentencia citada:

a) Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente considerada, exigidos por la Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para la para la incorporación a los contratos de condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es transparente,

b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato”.

3ª- Las cláusulas examinadas, pese a incluirse en el contrato ofertados como préstamos a. interés variable, de hecho, de forma razonablemente previsible para el empresario y sorprendente para el consumidor, “les convierte en préstamos a interés mínimo fijo del que difícilmente se benefician de las bajadas del tipo de referencia”.

4ª- Por ello, “las cláusulas analizadas superan el control de transparencia a efectos de su inclusión como condición general en los contratos, pero el de claridad exigible en las cláusulas -generales o particulares- de los suscritos con consumidores”, en cuanto no son transparentes -siempre en términos de la Sentencia citada- porque:

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas.

e) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir” o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas”.

5ª- Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2.014 precisa que la actuación del Notario haciendo las advertencias legales, no es suficiente para superar la falta de transparencia real y efectiva, por cuanto sin perjuicio de· la importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación …… la comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ello solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de trasparencia”.

No cabe desconocer en relación a la cláusula suelo de la entidad demandada que el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid con fecha 7 de abril de 2016 en la que se anularon las cláusulas -suelo de 40 bancos y cajas, entre las que se encuentra la de la entidad demandada. Dicha sentencia fue recurrida por el Banco Sabadell y Popular, sin que la entidad demandada haya acreditado la firmeza de la misma cuando extemporáneamente plantea la excepción de cosa juzgada.

En dicha sentencia se declara la nulidad de las cláusulas-suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario suscritos con consumidores idénticas a las transcritas, entre las que se encuentra la aquí analizada.

Respecto a las consecuencias de dicha declaración debe precisarse: que la doctrina aplicable es la irretroactividad, explicada tanto en la STS de 9 de mayo de 2013 (número 241/2013) como en la STS de 25 de marzo de 2015 (número de resolución 139/2015).

La de 9 de mayo de 2013 justifica la irretroactividad de la sentencia en el apartado 2.4 de su Fundamento de Derecho Decimoséptimo (párrafo 493); y declaró en el punto Décimo de su Fallo (de acuerdo con el párrafo 294);

«No ha lugar a la retroactividad de esta sentencia, que no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia»,

La sentencia de 25 de marzo de 2015, recogiendo la doctrina de la primera, declara en el punto 4 de su Fallo:

«Se fija como doctrina: “Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, RC 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013”.

No cabe, por tanto, la devolución de cantidades devengadas antes del 9 de mayo de 2013.

TERCERO

En lo que se refiere a las costas procesales, y conforme a lo prevenido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procederá su imposición a la entidad demandada al haberse estimado la pretensión ejercitada en la demanda.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta a instancia de D. XXXXXXX y Dña. XXXXXXX contra la entidad Catalunya Banc S.A. procede hacer los siguientes pronunciamientos:

Debo declarar y declaro nula la cláusula suelo recogida en la escritura de préstamo hipotecario concertado por las partes con fecha 18 de febrero de 2.005, condenando a la entidad demandada a eliminar dicha cláusula del contrato referido

Debo condenar y condena a la entidad demandada, a restituir a la parte actora las cantidades que en concepto de interés se han abonado indebidamente y cobrado en exceso, en virtud de la estipulación impugnada, desde el día 9 de mayo de 2.013, así como los que se devenguen o se cobren en exceso por la entidad demandada con posterioridad a la interposición de la presente demanda, más los intereses legales correspondientes calculados desde la fecha de cobro de cada una de las cuotas hasta al día de su pago.

Procede la imposición de costas procesales a la entidad demandada.

Notifíquese a las partes, con indicación de que podrán interponer recurso de apelación dentro de los veinte días siguientes, y ante este Juzgado, siendo exigible el depósito de la cantidad de 50 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado como requisito necesario para la admisión a trámite del recurso.

Así por esta mi sentencia, de la que se extenderá certificación en los presentes autos, lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Juez/Magistrado/a Juez

PUBLICACIÓN: En el día de la fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a, Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en los artículos 236 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia.


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