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Caja Rural de Asturias condenada a anular una cláusula suelo y devolver las comisiones por reclamación de posiciones deudoras

Caja Rural de Asturias condenada a anular una cláusula suelo y devolver las comisiones por reclamación de posiciones deudoras

La Audiencia Provincial de Asturias desestima el recurso presentado por la Caja Rural de Asturias, y la condena a la anulación de la cláusula suelo, y a la devolución de los intereses cobrados de más desde la contratación de la hipoteca (1.464’32 euros).

La entidad también es condenada a devolver 90 € por las comisiones por reclamación de posiciones deudoras cobradas, además de todas las cantidades que por notificación de esas mismas comisiones se hayan estado cobrando durante el tiempo que ha durado el procedimiento.

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SENTENCIA

Audiencia Provincial de Asturias, Sección 4ª, Sentencia 235/2014 de 29 Sep. 2014, Rec. 293/2014

Ponente: XXXXXXXXX. Nº de Sentencia: 235/2014

Nº de Recurso: 293/2014

Jurisdicción: CIVIL

LA LEY 157295/2014

Texto

AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 4

OVIEDO

SENTENCIA: 00235/2014

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN Nº 293/2014

NÚMERO 235

En OVIEDO, a veintinueve de Septiembre de dos mil catorce, Don XXXXXXXXX, Presidente de la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo, actuando como órgano unipersonal designado para el conocimiento del presente recurso, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA

En el recurso de apelación número 293/2014, en autos de Juicio Verbal seguidos con el número 52/2014, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de Oviedo, promovido por la entidad CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C. , demandada en primera instancia, contra DOÑA XXXXXXXXX, demandante en primera instancia.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Oviedo dictó Sentencia con fecha quince de Mayo de dos mil catorce cuya parte dispositiva dice así:

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. XXXXXXXXX, en nombre y representación de Dª XXXXXXXX, contra Caja Rural de Asturias Sociedad Cooperativa de Crédito, y declaró la nulidad de la estipulación del contrato de préstamo hipotecario nº NUMOOO, de 5 de noviembre de 2005, suscrito entre las partes que establece un tipo mínimo de interés del 3% y un máximo del 15%, resultando en consecuencia que el interés remuneratorio a aplicar a este préstamo en su fase a interés variable ha de ser el euribor más 0’75 puntos porcentuales, condenando a la demandada a estar y pasar por tal nulidad; condenó a la demandada a devolver y abonar a la demandante la cantidad de 1.464’32 euros más el interés legal del dinero desde el cobro de cada cantidad que suma tal importe correspondiente al exceso cobrado con la cláusula suelo, condenando asimismo a la demandada a reintegrar a la demandante las cantidades que haya pagado por exceso desde febrero de 2014 y durante la sustanciación del procedimiento judicial en virtud de la cláusula suelo anulada, con intereses legales desde cada fecha de cada cobro; declaró la nulidad por abusividad de la cláusula del contrato de préstamo hipotecario original firmado entre las partes por la que se impone a la prestataria una cuota por la notificación de posiciones deudoras con la entidad bancaria, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración de nulidad así como a abonar a la demandante 90 euros más las cantidades que por notificación de posiciones deudoras se hayan cobrado durante el procedimiento.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada recurso de apelación, del cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso, y constituido el Tribunal con un solo Magistrado, se señaló para la decisión del presente recurso el día nueve de Septiembre de dos mil catorce.-

TERCERO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia, debido a la demora producida por la celebración de una reunión entre los magistrados de esta Audiencia para unificar criterios respecto de la competencia objetiva en esta clase de acciones, que se celebró el pasado día 25 del mes en curso.-

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Con amparo principalmente en la normativa general sobre nulidad por vicios en la contratación (arts. 1300 y concordantes del Código Civil (LA LEY 1/1889)) y en la regulación, comunitaria y nacional, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, Doña XXXXXXXX interesó en la presente demanda que se declarasen nulas las estipulaciones de sendos contratos de préstamo hipotecario celebrados con la demanda, Caja Rural de Asturias, relativas a la conocida como cláusula suelo, a los intereses de demora y a la imposición de una cuota por notificación de posiciones deudoras, solicitando, además, la restitución de las sumas satisfechas en virtud de tales estipulaciones.

La sentencia de primera instancia rechazó la declaración de nulidad referida a los intereses de demora y acogió sustancialmente las restantes pretensiones. Doña XXXXXXXXX se aquietó con dicha resolución mientras que la demandada interpuso recurso de apelación en el que tras exponer que no es objeto de recurso la desestimación de la demanda en cuanto no declaró nulo el interés de demora, reprodujo las excepciones procesales y de fondo que ya había planteado en la instancia.

SEGUNDO.- Sostiene la recurrente, en primer lugar, que el juzgado carece de competencia objetiva para conocer de las cuestiones debatidas en este proceso, por corresponder a los juzgados de lo mercantil de acuerdo con lo establecido en el art. 86 ter. 2 d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), en tanto atribuye a los juzgados de ese orden la competencia respecto a “las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia”. Esta excepción ya fue planteada en primera instancia a través de la oportuna declinatoria, que fue desestimada por Auto de 28 de abril del año en curso con el argumento de que la demanda no se fundaba en la Ley de Condiciones generales de la Contratación (LA LEY 1490/1998) y no se pedía la condena de la demandada a eliminar la cláusula del contrato de préstamo. Es claro, frente a lo que sostiene la apelada, que la demandada puede reproducir esta cuestión en esta segunda instancia, tal y como le permite expresamente el art. 66 L.E.C., además de que, en todo caso, se está ante una materia que debe ser examinada de oficio, tan pronto se advierta, por el Tribunal que esté conociendo del asunto, incluso en la segunda instancia o en fase de casación ( art. 48 de la misma ley ).

Este tema ha sido objeto de pronunciamientos diversos en los tribunales; discrepancia motivada en gran medida por la falta de precisión del texto legislativo, especialmente cuando lo que se debate es la competencia referida a una acción individual de nulidad de una condición general, como aquí sucede. Una primera línea, de la que podría servir de exponente la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 31 de julio de 2013 atiende principalmente a cual sea la acción que se dice ejercitada en la demanda, de tal modo que si lo que si se interpone es una acción basada en vicios del consentimiento, fundada en al Código Civil y no en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LA LEY 1490/1998), o se articula con fundamento en la ley de defensa de consumidores y usuarios, la competente será la jurisdicción civil.

Una segunda opción incide más en las previsiones contenidas en los arts. 8 y 9.1 de la L.C.G.C., en tanto regulan la acción individual de nulidad, tanto por tratarse de cláusulas abusivas atendiendo a la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, como cuando se interesa esa nulidad “de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual”, de tal modo que la invocación a los arts. 1300 y concordantes del Código Civil (LA LEY
1/1889) o a la normativa de protección de los consumidores quedaría embebida en esos arts. 8 y 9 y la competencia sería de los juzgados de lo mercantil. Lo determinante sería así analizar si se está o no ante una condición general de la contratación.

Con relación a las cláusulas suelo, hubo quien sostuvo que, al constituir una limitación a los intereses pactados, formaba parte de los elementos esenciales del contrato de préstamo, su aceptación se presumía libre y voluntaria y, por tanto, no podía merecer la calificación de condición general de la contratación (así, A.P. de Servilla de 7 de octubre de 2011 o Burgos de 2 de febrero de 2012). Por el contrario, otros Tribunales (Cáceres, 14 de diciembre de 2012, Zamora, 22 de enero de 2013, Huelva, 20 de abril de 2012) consideraron que se estaba ante condiciones generales predispuestas, cuya incorporación al contrato venía impuesta por el Banco, que las redactaba con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos, es decir, que reunían los presupuestos establecidos en el art. 1 L.C .G.C. Esta última interpretación fue la definitivamente seguida por la conocida sentencia del T.S. de 9 de mayo de 2013 que al examinar esta clase de cláusulas no dudó en atribuirles ese carácter por más que versaran sobre elementos esenciales del contrato (véase, en especial, el fundamento séptimo de dicha resolución, epígrafes 131 a 142).

De este modo si la cláusula suelo, -al igual que la referida a la imposición de cuotas por notificaciones deudoras- es una condición general de contratación, y la acción de nulidad individual basada en su carácter abusivo o en la normativa común de nulidad de los contratos está contemplada en la ley reguladora de dichas condiciones generales, se darían los distintos presupuestos exigidos en el art. 86 (LA LEY 1694/1985) ter. 2.d) L.O.P.J. para atribuir su conocimiento a los juzgados de lo mercantil.

TERCERO.- Ante la disyuntiva expresada, esta Audiencia, en reunión para unificación de criterios de fecha 25 de los corrientes, optó por seguir la primera de las soluciones indicadas, es decir, atribuir a la jurisdicción civil la competencia para conocer de las acciones individuales de nulidad de una condición general de la contratación cuando se funden bien en vicios generales del consentimiento, bien en su carácter abusivo de acuerdo con la Ley de Consumidores, siguiendo la pauta que ya había anticipado el Auto de la Sección Séptima de esta Audiencia de fecha 23 de junio del año en curso.

Ante lo dudoso de la cuestión y la imprecisión de la normativa, se tiene en cuenta especialmente que el citado art. 86 ter exige para atribuir la competencia a los juzgados de lo mercantil no sólo que se trate de una acción relativa a una condición general de la contratación, sino, además, que se esté ante uno de “los casos previstos en la legislación sobre la materia”; que tanto la acción de nulidad por vicios del consentimiento como la de nulidad por abusividad están contempladas en otros textos legales (Código Civil, Ley de Consumidores), respecto de las que no se plantean dudas acerca de la competencia de estos tribunales; que si bien es cierto que a ellas también se remiten los arts. 8 (LA LEY 1490/1998) y 9 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LA LEY 1490/1998), no por ello ha de entenderse que se trate de acciones típicas de esta normativa, sino que más bien se está ante una reiteración, en gran medida innecesaria, de las acciones indicadas ya previstas en otros textos legales; que, de este modo, el art. 86 ter habrá de interpretarse como referido únicamente a las acciones típicas, específicamente previstas en la L.C.G.C., cuando alude a los “casos previstos en la legislación sobre esta materia”; y, en fin, que en la duda deberá prevalecer la competencia de la jurisdicción civil, dado su carácter residual, sobre la especializada, cuyo conocimiento no puede comprender otras cuestiones distintas de las explicitadas en las leyes que regulan su competencia.

Debe observarse que esta pauta se acomoda en mayor medida a la satisfacción del principio de tutela judicial efectiva y a su manifestación de evitar dilaciones indebidas, permitiendo acumular ante esta jurisdicción civil otras acciones relativas a un mismo título, como sucede en este caso con la impugnación de los intereses moratorios, evitando, en fin, que por esta vía se llegue a una atribución de competencia desproporcionada o desmedida de los juzgados de lo mercantil, que no parece que fuera el propósito buscado por el legislador, máxime si se tiene en cuenta que sería esa jurisdicción especializada la competente para conocer de las acciones acumuladas a las que sean claramente de su competencia (véanse sentencias del T.S. de 10 de septiembre de 2012 y 23 de mayo de 2013).

CUARTO.- Esas mismas consideraciones conducen a la desestimación de la segunda de las excepciones planteadas, en la que la demandada y ahora apelante denuncia inadecuación de procedimiento por haberse seguido el trámite del juicio verbal en lugar del ordinario. Efectivamente el art. 249.1.5º L.E.C . prevé que se decidirán en juicio ordinario las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación, pero, al igual que sucede con el repetido art. 86 ter L.O.P.J. (LA LEY 1694/1985), añade “en los casos previstos en la legislación sobre esta materia”; y ya se ha razonado que debe interpretarse que las acciones aquí ejercitadas no deben incluirse en el inciso indicado.

Por otro lado, el art. 252.2 L.E.C. es claro al señalar que cuando se ejercitan varias acciones que provienen de un mismo título y el importe de alguna de ellas no fuere cierto y líquido, sólo se tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera. Supuesto que es el aquí analizado en el que junto a varias acciones de cuantía indeterminada, se ejercita otra de reclamación de cantidad cuya cuantía no excede de los límites del juicio verbal.

QUINTO.- Ya con relación a las cuestiones de fondo, denuncia el apelante, en primer lugar, error en la valoración de la prueba al haber apreciado el Juzgador de instancia la existencia de vicio del consentimiento en íntima conexión con la falta de transparencia de la cláusula suelo en cuestión. Sin embargo, el análisis de esa prueba conduce a la misma conclusión a la que llegó la sentencia apelada. Y así:

1º) La demandante suscribió el mismo día con la demandada dos escrituras, una de subrogación de préstamo hipotecario y otra, inmediatamente a continuación, de ampliación y novación de ese préstamo. Mientras en la primera no se hacía referencia a límites mínimos o máximos del interés variable pactado, en la segunda sí aparecía la indicada cláusula suelo/techo, estableciendo que ese interés no podría ser superior al 15 por ciento ni inferior al
3 por ciento. Esta limitación no aparece destacada en modo alguno, de tal forma que sólo una lectura muy atenta y detenida de la escritura permitiría tener conocimiento de tal estipulación; conocimiento tanto más dificultoso si se tiene en cuenta que son dos las escrituras que se firman en ese acto y que no se hace una referencia específica a que este extremo sea objeto de novación, limitándose prácticamente a transcribir en este apartado lo pactado en cuanto a los intereses remuneratorios para añadir, puede decirse que sorpresivamente, la indicada cláusula.

2º) La oferta vinculante que se incorporó a la primera de las escrituras, firmada y sellada, que lleva fecha de 25 de julio de 2005, explica claramente, en una sola hoja, las condiciones del préstamo, señalando cual es el capital, los intereses remuneratorios, los moratorios o el plazo pactado, pero no refleja indicación alguna sobre las limitaciones mínima y máxima del interés variable. Es cierto que la Caja demandada acompañó otro documento titulado “solicitud de préstamo”, también firmado por la demandante, en el que sí se recogen un mínimo y un máximo del interés variable, aunque el primero (2’8%) ni siquiera coincide con el fijado en la escritura.

Ahora bien, este documento, impugnado por la actora, carece de fecha y sólo aparece firmado (también la firma fue cuestionada) en la última página de las tres de las que consta, que sólo contiene referencias al tratamiento de datos personales. No existe razón, por ello, para dar prevalencia a esta “solicitud” respecto a la anterior “oferta” y, aunque se apuntó a que ésta se refería a la subrogación en el préstamo y la “solicitud” a la novación, las características expresadas de ausencia de fecha, y firma que no ampara su total contenido, unido a la falta de explicación razonable del porqué de la introducción de esa cláusula en la novación de otro contrato que se pacta el mismo día, impide concederle la eficacia que pretende otorgarle la recurrente. Y

3º) Al acto del juicio fue llamado como único testigo, D. XXXXXXX, empleado de la demandada, que afirmó haber explicado claramente a la actora la presencia de la cláusula en cuestión. Pero aparte de las cautelas que ha de merecer su testimonio, dada esa condición de dependiente y, en parte, interesado en el resultado de este litigio, su declaración aparentó basarse más en la mecánica que dijo que habitualmente seguía en estos casos, que en la elaboración de los concretos contratos litigiosos, difíciles de recordar, por otro lado, dado el largo tiempo transcurrido. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, la especial circunstancia que aquí se daba, referida a la suscripción de dos contratos en los que la cláusula sólo aparece en el segundo de ellos, lo que exigía una explicación muy detenido y precisa para asegurar que la demandante tenía conocimiento bastante de este extremo.

Reconociendo incluso dicho testigo que no recordaba haber efectuado simulaciones de cómo operaba esa cláusula ante los distintos escenarios posibles, aunque dijo que más bien creía que no las hacía en estos casos.

SEXTO.- Siendo esto así la conclusión ha de ser la misma que la alcanzada por el juzgador de instancia, cuyos acertados y completos razonamientos sobre el particular se dan aquí por reproducidos en evitación de inútiles repeticiones. Concurren en el caso todos y cada uno de los presupuestos, incluso acentuados, que llevaron al Tribunal Supremo en su conocida sentencia de 9 de mayo de 2013 a declarar la nulidad de esta clase de cláusulas.

Así, se crea una apariencia de un contrato de préstamo a interés variable cuando en la realidad las oscilaciones a la baja quedan limitadas, en perjuicio del consumidor, circunstancia que queda enmascarada no sólo por aparecer situada entre una abrumadora cantidad de datos y no destacarse en modo alguno, sino por la situación confusa y contradictoria que origina la suscripción de dos préstamos hipotecarios el mismo día, en uno de los cuales no se refleja la cláusula y en el otro se añade sorpresivamente. No se realizaron -o no consta que se efectuaran- simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual. No se acreditó tampoco que se advirtiera de modo claro y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad. Y, en fin, no cabe considerar probado por lo ya dicho (documental contradictoria, testifical insuficiente) que la entidad financiera hubiera informado al consumidor para que este pudiera conocer con sencillez tanto la carga económica que para él suponía la celebración del contrato como su carga jurídica, y ello, tal y como exige dicha sentencia, de modo tal que aquél esté “en condiciones de obtener, antes de la conclusión del contrato, la información necesaria para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa”, y “prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste”. Ausencia de prueba cuyas negativas consecuencias ha de soportar la entidad bancaria, que era a quien incumbía su demostración.

SÉPTIMO.- Dichas apreciaciones son bastantes para contestar a los diferentes argumentos que en este punto esgrime el apelante. Ya se ha dicho que la existencia de vicio del consentimiento queda en estos casos íntimamente ligada a la infracción del deber de transparencia a que se ha hecho mención (véase en este sentido sentencia del T.S. de 20 de enero de 2014). El que la cláusula suelo afecta a uno de los elementos esenciales del contrato de préstamo, en cuanto incide en el tipo de interés, no necesita de mayores razonamientos, además de haberlo destacado ya la repetida sentencia de 9 de mayo de 2013. Y que la citada cláusula incide negativamente en la posición del consumidor, creando un desequilibrio en beneficio de la entidad financiera, no es menos patente. Se establece un tipo mínimo muy cercano al que se fijó de referencia, de tal modo que ante las posibles bajadas de ese índice -circunstancia que en modo alguno cabe calificar de imprevisible-, éstas no beneficiasen al cliente y, por el contrario, mantuvieran en beneficio de la entidad bancaria un tipo más elevado que el que había pactado como variable. No consta en modo alguno, en fin, que esa limitación encontrase alguna clase de contraprestación que la justificara, como mejores condiciones o tipo de interés en relación a otros préstamos, ni menos aún que se hubiera informado a la demandante de otras posibles opciones que no incluyeran esta cláusula y de la comparación en términos económicos y jurídicos de unas y otras.

OCTAVO.- Afirma asimismo la recurrente que la sentencia de primer grado vulnera la jurisprudencia en tanto acuerda la restitución del exceso cobrado por ella en virtud de la cláusula declarada nula. No existe tal vulneración. El juzgador de instancia explica convincentemente en el fundamento cuarto las razones de ese proceder. En realidad lo que hace es aplicar el claro mandato establecido en el art. 1303 del Código Civil (LA LEY 1/1889), a cuya literalidad se atiene, como también a su finalidad cual es la de restablecer la situación económica entre las partes previa al efecto invalidador, en aplicación del principio que veda el enriquecimiento injusto, pues de no acordarse ese efecto restitutorio se aprovecharía la parte que precisamente dio lugar a la patología contractual. Son numerosísimas las sentencias del Tribunal supremo que han aplicado este precepto teniendo en cuanto tales consideraciones, bastando citar entre las más expresivas, las de 30 de diciembre de 1996, 11 de febrero de 2003 ó 22 de abril de 2005.

Es cierto que en algunas ocasiones ha matizado ese efecto, en especial en contratos de tracto sucesivo en el que una de las partes ya consumió la prestación o el servicio y la restitución no es posible (así, en la sentencia de 13 de marzo de 2012), pero que no guardan relación con el caso aquí analizado. El que la sentencia de 9 de mayo de 2013 hubiera negado ese efecto restitutorio tampoco tiene la trascendencia que pretende otorgarle la apelante. Sin necesidad de profundizar en el carácter sólo complementario del ordenamiento jurídico que tiene la jurisprudencia (art. 1.6 del Código Civil (LA LEY 1/1889)) y que para que exista como tal es preciso que medien dos sentencias al menos en relación a casos similares o análogos (sentencias de 21 de mayo de 1997, 17 de julio de 2001, 18 de marzo de 2003, 29 de abril de 2005 ó 17 de enero de 2006), expresivas de un criterio uniforme o reiterado que revele cual es la doctrina que de ellas emana -aunque es cierto que se reconocen determinadas excepciones a esta exigencia, vid. sentencia de 17 de noviembre de 1998 -, lo cierto es que entre el caso aquí enjuiciado y el analizado en la sentencia de 9 de mayo de 2013 existen considerables diferencias que impiden trasponer la decisión tomada sobre este aspecto.

Se trataba allí de una acción colectiva de cesación que afectaba a un gran número de contratos, de tal modo que una de las razones que determinó ese pronunciamiento, -quizá la decisiva- fue que declarar la retroactividad generaría “riesgos de trastornos graves con transcendencia al orden público económico”. Ni siquiera se había interesado en la demanda que se condenara a las entidades bancarias a proceder a esa restitución.

Por el contrario, lo que se examina aquí en una acción individual de nulidad de una concreta cláusula, en la que sí se pide la devolución de lo indebidamente percibido. No se observa aquí riesgo alguno de trascendencia en el orden público económico. No existe, en consecuencia, identidad de razón para aplicar la doctrina establecida en la citada sentencia. El supuesto “efecto llamada” al que alude la recurrente ni es tal, pues aquí lo que se valora es una cláusula concreta inserta en unos determinados contratos de préstamo en relación con la actuación del Banco en ese caso individualmente contemplado, ni cabría valorarlo a los efectos de excluir la normativa imperativa de protección del consumidor. De hecho igual “efecto llamada” cabría predicar de otras sentencias del Tribunal Supremo que han admitido esa retroactividad, como la que declaró la nulidad de la condición que tenía como efecto el redondeo al alza de los tipos de interés (sentencia de 29 de diciembre de 2010) o en las numerosas recaídas en los últimos años sobre productos bancarios complejos. Y, en fin, no es de recibo invocar razones de seguridad jurídica cuando ésta se satisface plenamente con la aplicación de las normas que lo son al caso enjuiciado y con la de una jurisprudencia que ha venido reiterando este concreto efecto, como ya ha quedado expuesto.

Debe destacarse que son numerosas las sentencias de Audiencias Provinciales que han afirmado esta retroactividad al declarar la nulidad de cláusulas suelo similares a la presente (así, entre otras muchas, la de Málaga de 12 de marzo de 2014, Barcelona de 16 de diciembre de 2013, Alicante de 12 de julio de 2013, Jaén de 27 de marzo de 2014 o esta misma Sala de 8 de mayo de 2014).

NOVENO.- La misma suerte desestimatoria ha de seguir el último de los motivos del recurso, referido a la nulidad de una cláusula que establece una comisión por reclamación de posiciones deudoras. Nuevamente habrán de darse aquí por reproducidos los atinados razonamientos del Juzgador de instancia, en modo alguno desvirtuados por las alegaciones de la apelante.

Bastaría poner de relieve que esa cláusula deja al arbitrio del Banco cual sea la cantidad que deba satisfacer por este concepto (“la cuantía… será la que en cada momento tenga establecida la Caja Rural en sus tarifas de comisiones por este concepto”). Pero es que, además, en modo alguno se acredita que se haya informado a la demandante de su existencia. Antes bien, una comisión por ese concepto sólo aparece reflejada en el documento de solicitud -no en la oferta vinculante- y se contempla allí como de cuantía fija (12 €), lo que, aparte lo ya dicho sobre dicho documento -ausencia de fecha, firma sólo en la última página, contradicción con las condiciones que refleja la oferta vinculante-, ni siquiera ampara la que finalmente se reflejó en la escritura de subrogación.

Tal cláusula es patente que perjudica al consumidor, al cargarle sumas, inicialmente indeterminadas, sin que respondan a una contraprestación efectiva (de hecho, la declaración del testigo sobre este punto se limitó a referir la realización de llamadas telefónicas en el caso de producirse posiciones deudoras, seguidas, de no ser atendidas, de la remisión de comunicaciones por escrito). Concurren, pues, las condiciones exigidas por el art. 10 bis de la Ley de Consumidores, en la redacción vigente al tiempo de establecerse, para tener por nula por abusiva la indicada cláusula.

DÉCIMO.- Traduciéndose lo anterior en la total desestimación del recurso, habrán de imponerse a la apelante las costas aquí causadas (art. 398 L.E.C.).

En atención a lo anteriormente expuesto,

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C., contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Oviedo con fecha quince de Mayo de dos mil catorce en los autos de Juicio Verbal seguidos con el número 52/2014, confirmando dicha resolución con expresa imposición a la apelante de las costas procesales del recurso.

Dese al depósito constituido para recurrir el destino legal.

Las resoluciones definitivas dictadas por las Audiencias Provinciales, de conformidad con lo prevenido en el art. 466 de la L.E.C., serán susceptibles de los Recursos de Infracción Procesal y de Casación, en los casos, por los motivos y con los requisitos prevenidos en los arts. 469 y ss., 477 y ss. y Disposición Final 16ª, todo ello de la L.E.C ., debiendo interponerse en el plazo de VEINTE DÍAS ante éste Tribunal, con constitución del depósito de 50 euros en la cuenta de consignaciones de este Tribunal en el Banco de Santander XXXXXXXX e indicación de tipo de recurso (04: Extraordinario por infracción procesal y 06: por casación) y expediente.

Así, por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.


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