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Caja Laboral condenada a devolver 966,25 €, más los intereses, en comisiones por descubierto aplicadas de forma ilegal

Caja Laboral condenada a devolver 966,25 €, más los intereses, en comisiones por descubierto aplicadas de forma ilegal

El Juzgado nº 5 de Primera Instancia de Donostia condena a la entidad Caja Laboral Popular (Laboral Kutxa), a la devolución de 966,25 € cobrados de forma ilegal en concepto de comisiones por descubierto e impago de cuotas de tarjetas de crédito. Impone también el pago de los correspondientes interés desde la fecha de presentación de la carta de reclamación de las comisiones ante el SAC de la entidad.

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SENTENCIA

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE DONOSTIA

JUICIO VERBAL

Demandante / Demandatzailea: XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Procurador I Prokuradorea: XXXXXX XXXXXX

Demandado(a) I Demandatua: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO

Procurador I Prokuradorea: XXXXXX XXXXX XXXXX

SENTENCIA Nº 252/2017

JUEZ QUE LA DICTA: Don XXXXXXX XXXXXXXXX

Lugar: DONOSTIA I SAN SEBASTIÁN
Fecha: veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete

OBJETO DEL JUICIO: CONTRATO BANCARIO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- XXXXXX, en su propio nombre y derecho, presentó el 5 de junio de 2017 demanda contra CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CRÉDITO, en reclamación de cantidad de 966,25 euros, más intereses de mora desde 8 de marzo de 2016, y costas que procedan.

SEGUNDO.- La demanda fue admitida en decreto de 11 de julio de 2017, emplazándose a la demandada para que compareciera, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía, en otro caso, y si le conviniera, contestara la demanda en plazo de 10 días.

TERCERO.- La contestación de la demandada, bajo representación del Procurador Sr. XXXXXXX, se produjo en tiempo y forma, el 4 de septiembre de 2017, con solicitud de desestimación íntegra e imposición de costas a la parte actora, requiriéndose a la sociedad demandada para que acreditara la representación de su mandatario procesal.

CUARTO.- Diligencia de ordenación de 14 de septiembre de 2017 tuvo por contestada la demanda, y constando que ninguna de las partes había solicitado vista, se dejaron los autos para sentencia, en este juicio cuya tramitación ha observado las formalidades que prescribe la Ley, resultado los siguientes:

HECHOS PROBADOS

1.- El actor, XXXXXX XXXXXX, cliente minorista consumidor, tiene abierta cuenta corriente con la entidad de crédito demandada, Caja Laboral Popular Coop de Crédito, num. XXXXXX, en la que se gestiona la tarjeta de crédito Visa Gold, con contrato núm. XXXXXX, y la tarjeta de crédito Visa Pro, con contrato núm. XXXXXX, que son los documentos nos. 5, 6 y 7 de la demanda, a los que se hace aquí expresa remisión.

2.- Entre el 9 de diciembre de 2013 y el 26 de enero de 2016, en las fechas que se relacionan en el ordinal tercero de los hechos de la demanda, al que se hace aquí expresa remisión, diversas cantidades en concepto de comisión por descubierto, o denominaciones similares, ante retrasos de pagos del actor, la demandada ha percibido, mediante cargo en la cuenta, la cantidad de 564,78 euros en el contrato de la Visa Gold, y 401,47 euros en el contrato de la Visa Pro.

3.- El contrato de cuenta a la vista del documento núm. 5 de la demanda contiene referencia a una comisión por reclamación de posiciones deudoras en la condición particular 2ª, así como en las condiciones generales 5ª y 6ª; así como en los contratos de los documentos nos. 6 y 7 de la demanda, a una comisión de impago fija de 30,05 euros.

4.- El demandante reclamó mediante carta de 8 de marzo de 2016 el reintegro de estas comisiones, y posteriormente el 6 de mayo, y la demanda respondió el 3 de mayo y el 10 de mayo de 2016 respectivamente, rechazando satisfacer la reclamación, por aducir que era comisión por descubierto por más de 30 euros, pactada en los contratos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La versión judicial de hechos procede de los que son conformes entre partes, y de lo documentado, puesto que es todo el material probatorio de este proceso.

Contamos con los contratos bancarios, entre cliente minorista consumidor y empresario profesional del crédito, con su tenor, que destaca a demandada,

Igualmente constan las cartas de reclamación, respondidas por la entidad bancaria, sin que su contenido preciso tenga importancia, ya que se resumen en algo idéntico a lo que se discute en el propio juicio,

La controversia fáctica, que más bien es valorativa, no tiene debate acerca de la cuantía de las comisiones cobradas, que ahora reclama el cliente de la entidad financiera.

Y no es la suficiencia o no del consentimiento informado de los contratos bancarios por el demandante lo que se ha de estudiar aquí, sino el contenido de lo impuesto, como informado, y para ser consentido.

SEGUNDO.- La demanda ejerce una reclamación de cantidad y emplea el juicio verbal, ágil y más barato, como proceso plenario de pequeña cuantía, aunque, en efecto, invoca el art. 89 RD-Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, TRLGDCU, y dice que ejerce acción de reclamación del reintegro de comisiones indebidamente cobradas, lo cual implícitamente supone la nulidad por abusiva de las cláusulas de los contratos financieros que repercuten dichas comisiones al consumidor, y reseña doctrina de apelación referida a la nulidad por abusividad.

Ya tiene resuelto el juzgador que cabe reclamar el reembolso de unos pagos por el consumidor, con fundamento dimanante de la nulidad por abusiva de la cláusula en que se le asignan por el profesional o empresario que la predispuso, sin pretender expresa y separadamente la nulidad de la cláusula por abusividad, aunque implícitamente proceda el pronunciamiento que se dicte de la invalidez de una cláusula abusiva.

Desde una perspectiva de exclusión de las formalidades irritantes que menguan la efectiva tutela judicial es si el ejercicio de una reclamación fundada en la nulidad por abusividad sobre consumidores no exige de modo inexcusable una petición en la demanda aislada y precedente a la condena de pago.

La tutela judicial en el ejercicio de esta acción individual es siempre de condena, la pretensión desea una suma de dinero del profesional demandado y la pide a la jurisdicción, y no se ejercer una acción mero- declarativa, ni constitutiva. La condena puede formalmente llevar implícita la declaración de nulidad, en lo que supone un facere ideológicamente previo, esto es, de estar y pasar por la nulidad judicialmente apreciada, como causa de la condena de dare.

Por ello, fiscalizando la abusividad de la comisión por descubierto de la cuenta a la vista, y de reclamación de impagados de las tarjetas visa, fija de 30 euros ante la posición deudora vencida, tiene que declararse que, expresamente pactadas, como es lo cierto, resultan abusivas, como se viene declarado en las reclamaciones de créditos mediantes requerimiento monitorio.

En general, lo son de conformidad con art. 85.6 TRLGDCU, por el desequilibrio prestacional en demérito de la posición del consumidor derivado de la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, dado que cualquiera que sea el lapso temporal de descubierto son cifras fijas, que suponen un porcentaje significativo del capital pendiente.

Y en particular, lo son por atentar contra el principio del art. 87.5 TRLGDCU, que se refiere a una estipulación “que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva”, puesto que elementalmente la reclamación de cobro no es un servicio para el prestatario a quien se reclama. E igualmente por infracción del art. 89.3 TRLGDCU, que considera abusiva “la imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario”, puesto que la recuperación de impagados corresponde por ley al acreedor y no puede repercutirse la gestión de cobro al cliente moroso.

En cambio la obligación de indemnizar intereses moratorios, en el marco de la libertad contractual que reconoce el art. 1.255 CCiv. Si previera una compensación razonable, modulada de acuerdo con “la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación”, superaría los estándares marcados por el TJUE, redactadas las condiciones del contrato con ponderación de la pérdida de expectativa de la acreditante entidad bancaria.

La nulidad de cláusulas abusivas da lugar a su expulsión del mundo jurídico, y se calcula una condena, en lo numérico no discutida, conforme a un dictum implícito de invalidez, puesto que no nos hallamos en un proceso declarativo plenario, supone la estimación de la condena al pago como se formula en la demanda.

TERCERO.- En cuanto a los intereses moratorios, procede la condena al pago de los devengados desde la primera interpelación extrajudicial, perfectamente razonada, conforme a la batería de preceptos de arts. 1.100, 1.101 y 1.108 CCiv, siendo líquida la suma reclamada.

CUARTO.- La parte demandada soportará las costas procesales que ha causado por el principio cuasi objetivo de vencimiento del art. 394.2 LEC para los declarativos de primera instancia.

VISTOS los preceptos y jurisprudencia citados, y demás de general y pertinente aplicación, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, que emana de la soberanía popular,

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por XXXXXX contra CAJA LABORAL POPULAR COOP DE CRÉDITO, representada por el Procurador de los Tribunales XXXXXX debo condenar y condeno:

1.- A que la demandada pague al demandante la cantidad de novecientos sesenta y seis euros y veinticinco céntimos (966,25 €), más los intereses al tipo legal del dinero sobre esta suma desde el 8 marzo de 2016 hasta el dictado de esta sentencia.

2.- Pronuncio el reembolso de las costas procesales a cargo de la parte demandada.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. MAGISTRADO que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.


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