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Caixabank condenada a devolver 5.881,87 € de comisión de apertura, gastos hipoteca, impuestos y vencimiento anticipado

Caixabank condenada a devolver 5.881,87 € de comisión de apertura, gastos hipoteca, impuestos y vencimiento anticipado

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón condena a Caixabank a devolver a dos consumidores las cantidades que éstos habían pagado en concepto de comisión de apertura, gastos de hipoteca (Notario, Registro y Tasación), impuestos y cláusula de vencimiento anticipado. La condena alcanza también a las costas causadas en el procedimiento.

Los consumidores recuperan así 5.881,87 euros, cantidad a la que hay que sumar los intereses devengados desde la fecha de presentación de la demanda.

La Jueza, declara la nulidad, por abusivas, de las cláusulas del contrato donde se incluyen estos gastos, tributos y comisiones por no haberse negociado individualmente y por causar, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato (consumidor y entidad financiera).

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SENTENCIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 CASTELLÓN

Procedimiento: Asunto Civil 000212/2017
EL JUEZ QUE LA DICTA: DÑA. XXXXXXX
Lugar: CASTELLÓN
Fecha: Ocho de junio de dos mil diecisiete

PARTE DEMANDANTE: D. XXXXXXX y DÑA. XXXXXXX

Representada por la Procuradora de los Tribunales: Dña. XXXXXXX.

PARTE DEMANDADA: CAIXABANK, S.A

Representada por la Procuradora de los Tribunales: Dña. XXXXXXX.

OBJETO DEL JUICIO: Declaración de nulidad de cláusulas abusivas en préstamo hipotecario

SENTENCIA Nº 000117/2017.

En Castellón, a 8 de junio de 2017.

Vistos por Dª. XXXXXXX, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de los de Castellón y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario número 212/2017-E, promovidos por D. XXXXXXX  y DÑA. XXXXXXX, representados por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXXX, contra CAIXABANK, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXXX, en representación de D. XXXXXXX  y DÑA. XXXXXXX, presentó demanda contra CAIXABANK, S.A., interesando sentencia estimatoria por la que se declare la nulidad de determinadas cláusulas y condiciones, en concreto de la cláusula por la que se dispone la comisión de apertura (cláusula cuarta), la de gastos y tributos a cargo de la prestataria (cláusula quinta), y la de resolución anticipada del préstamo por la entidad de crédito (cláusula sexta), contenidas en el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre la parte hoy demandante y la entidad financiera Barclays Bank, S.A, actualmente bajo el nombre social de la demandada, de fecha 11 de marzo de 2013, interesando la declaración de nulidad de las referidas cláusulas y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, en concreto el importe de 5.881,87 euros, con sus intereses legales; y costas del procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para que contestara en el plazo de 20 días, contestación que se verificó en plazo, manifestando en esencia su allanamiento respecto de la petición de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado -que interesa sea acogido sin imposición de costas-, pero manteniendo la falta de concurrencia de abusividad en las demás cláusulas convenidas (comisión de apertura y gastos) cuya nulidad se pretende de contrario; celebrándose la audiencia previa en fecha 8 de junio de 2017, resultando únicamente admitida la documental por reproducida, por lo que, al amparo de la previsión contenida en el artículo 429.8 de la LECiv, quedaron los autos vistos y conclusos para resolución.

TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, incluida la relativa al plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensión de la demanda y oposición de la demandada. La parte actora plantea acción individual de nulidad de determinadas cláusulas y condiciones, en concreto de la cláusula por la que se dispone la comisión de apertura (cláusula cuarta), la de gastos y tributos a cargo de la prestataria (cláusula quinta), y la de resolución anticipada del préstamo por la entidad de crédito (cláusula sexta), contenidas en el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre la parte hoy demandante y la entidad financiera Barclays Bank, S.A, actualmente bajo el nombre social de la demandada, de fecha 11 de marzo de 2013, interesando la declaración de nulidad de las referidas cláusulas y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente, en concreto el importe de 5.881,87 euros, con sus intereses legales.

Por la demandada se contesta a la demanda, con oposición a la misma en cuanto al fondo, manifestando en esencia su allanamiento respecto de la petición de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado – que interesa sea acogido sin imposición de costas -, pero manteniendo la falta de concurrencia de abusividad en las demás cláusulas convenidas (comisión de apertura y gastos) cuya nulidad se pretende de contrario.

SEGUNDO.- Valoración de la prueba y solución del presente supuesto. Ante los hechos sometidos a su consideración y tras una detenida revisión de la prueba practicada obrante a las actuaciones esta juzgadora considera que la demanda merece ser estimada íntegramente.

Y ello por cuanto seguidamente consta expuesto. En el presente supuesto, y concurriendo el allanamiento de la parte demandada a la pretensión relativa a la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado (estipulación sexta) de las contenidas en el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre la parte hoy demandante y la entidad financiera Barclays Bank, S.A., actualmente bajo el nombre social de la demandada, de fecha 11 de marzo de 2013, la cuestión controvertida queda localizada en el análisis de la concurrencia de abusividad en las demás cláusulas convenidas en el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre la parte hoy demandante y la entidad financiera Barclays Bank, S.A., actualmente bajo el nombre social de la demandada, de fecha 11 de marzo de 2013, en concreto, la de comisión de apertura (cláusula cuarta) y gastos y tributos (cláusula quinta), cuya nulidad se pretende de contrario.

Se considera en primer lugar la nulidad de la cláusula de comisión de apertura (cláusula cuarta). En este ámbito, debe recordarse la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que ha establecido la estimación, incluso de oficio, de la nulidad de las cláusulas abusivas contractualmente impuestas en perjuicio de los consumidores y usuarios, citando así la Sentencia TJCE Pleno, S 27-6-2000; la STJCE de 4 de junio de 2009, la STJUE de 14 de junio de 2012 y, más posteriormente, la Sentencia 30 de mayo del 2013 del TJUE.

En el presente supuesto se constata que en el contrato se incluyen determinadas cantidades en concepto de comisión de apertura, cantidades que deben considerarse abusivas y por tanto nula su inclusión, toda vez que es doctrina reiterada y asumida, según tiene declarado el TJUE, que respecto de los gastos y comisiones ha de quedar debidamente justificado que obedecen a servicios efectivamente prestados y en el presente caso tal circunstancia no consta debidamente acreditada, además de considerar que la comisión de apertura pactada en la condición general concreta del préstamo convenido infringe la normativa de consumidores y usuarios, resultando por cuanto se refiere a la imposición de gastos y tributos que la misma quiebra el principio de igualdad de las partes contratantes contenido en el artículo 1256 del Código Civil, al tratarse el considerado de un contrato de adhesión que no admitió la posible negociación de ninguna de las estipulaciones integrantes de su clausulado por parte del prestatario. Al respecto cabe citar la doctrina contenida en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, AAP, Tenerife sección 4 del 05 de Julio del 2011 (ROJ: AAP TF 841/2011), en la cual se declara lo siguiente:

“Disposición negocial que desde luego, es enteramente subsumible en el concepto de cláusula abusiva, en cuanto constituye una estipulación que no habiéndose negociado individualmente causa, en contra de las exigencias de la buena fe y en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de partes derivados del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.1 Directiva 93/13/CEE y art. 10 bis.1 LGDCU , y en concreto, dentro de su tipología, entre aquellas que imponen al consumidor una indemnización (cláusula penal) desproporcionadamente alta para el caso en que no cumpla con sus obligaciones contractuales, tal y como prevé la disposición adicional 1a de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (recogida en la actualidad en el art. 85.6 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias). Y es reiterado por la Resolución de la Audiencia Provincial de Girona, AAP, Civil sección 1 del 23 de Febrero del 2012 (ROJ: AAP GI 25/2012 ), Recurso: 31/2012, Ponente: MARIA ISABEL SOLER NAVARRO.-

Todo lo cual nos lleva a declarar nula dicha cláusula. Debe citarse también AAP, Cádiz, Sección 2 del 30 de diciembre de 2015 ( ROJ: AAP CA 177/2015 ) en cuanto resuelve lo que sigue: “Comisiones por impago. Por fin, las comisiones por impago (30 euros por cada cuota impagada) también se han de tener por abusivas en la medida en que cualquier comisión que las entidades bancarias repercutan en los clientes debe corresponder a la prestación de un servicio real acreditado que es el que se remunera según se infiere del artículo 277 del Código del Comercio. Se ha de tener por tanto presente la naturaleza bilateral y contraprestacional de la propia comisión.

En cualquier caso debe llamarse la atención acerca de lo dispuesto en el art. 85.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que califica como abusivas “las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones”.

De igual modo, el art. 87.6 del mismo texto legal considera abusivas las cláusulas que impongan “el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente” o “la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados”.

Pues bien, en el presente caso, se reclaman comisiones por devolución o impago de recibos no justificándose el coste real a que hayan dado lugar dichos impagos por lo que el establecimiento de la comisión supone por un lado, la imposición de una sanción al consumidor que no cumple su obligación además del interés moratorio impuesto y por otro, la reclamación de cantidades por servicios que no constan prestados o por daños que no constan efectivamente causados, por lo que debe darse lugar a su declaración de abusividad”.

Igualmente procede citar la doctrina contenida en el AAP, Madrid sección 14 del 02 de junio de 2015 (ROJ: AAP M 441/2015), en el que se declara cuanto seguidamente consta expuesto: COMISIÓN DE DEVOLUCIÓN.

La comisión de reclamación de deuda o comisión de devolución que tiene todas las características para ser declarada abusiva y excesiva; nada más y nada menos que la mitad del saldo deudor por el principal, y su influencia sobre la liquidez porque la certificación de saldo deudor no explicita si se han girado intereses sobre ella.

A la vista de la situación podemos, incluso de oficio, revisar la comisión de devolución que tiene todos los ingredientes necesarios para ser declarada abusiva. Este carácter abusivo determina, en todo caso, por virtud de lo preceptuado por el artículo 83 del mencionado Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la nulidad de pleno derecho de dichas cláusulas.

Nulidad que debe determinar, por virtud de lo establecido por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y conforme a la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -Sentencia de 30 de mayo de 2013 – la total exclusión de su aplicación al consumidor y sin que resulte procedente, en modo alguno, su integración”.

Pero además está huérfana de causa contractual que la justifique; no hay causa justa de obligación ni de atribución patrimonial, porque no obedece a un servicio realmente prestado.

No hay entrega de un efecto mercantil para su descuento que obligue a procurarlo entregar su importe al acreedor, y si ese no fuese el caso, devolver el efecto con la declaración de impago para que no se perjudique.

Nótese que la emisión de recibos se hace a través de medios electrónicos de transmisión directa entre el banco emisor de la tarjeta y el banco domiciliatario y en este esquema, la devolución del efecto no responde a un servicio del recurrente a favor de su cliente, ni está basada en una causa autónoma e independiente: es el acto final consecuencia de una decisión libérrima del deudor de impagar, todo lo contraria a derecho que se quiera, pero libérrima.

Por esa razón, la ruptura de la unidad esencial de la gestión para cobrar por la devolución del efecto impagado nos parece inadmisible, máxime cuando penaliza absurdamente al deudor, y como se decía más arriba corremos el riesgo de encubrir intereses moratorios.

Tal doctrina, precedentemente expuesta, es plenamente aplicable al supuesto de la presente reclamación. En definitiva, se concluye que la referida comisión por apertura del 1% debe ser excluida, según la doctrina del TJUE.

No cabe su moderación o integración por el Tribunal, tal y como se desprende asimismo de reiterada y constante doctrina expuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La consecuencia de lo expuesto es que se debe excluir totalmente la suma correspondiente a la comisión por apertura, ascendiente al importe de 1.434’44 euros, a satisfacer por la parte prestataria de una sola vez en el momento de la entrega del capital prestado, pues no se justifica su devengo al no responder el mismo a ningún servicio efectivamente prestado ni a gasto generado alguno que por la parte se haya acreditado.

Y por cuanto se refiere a la cláusula por la que se imponen gastos y tributos a la parte prestataria (cláusula quinta) la misma igualmente debe ser declarada nula, por abusiva, toda vez que su inclusión en el contrato de préstamos ahora considerado quiebra el principio de igualdad en la contratación consagrado en el artículo 1256 del Código Civil, al hacer recaer la parte predisponente, sin posibilidad alguna de negociación, la carga del abono de los gastos y tributos a la parte adherente.

La referida cláusula impone a la parte prestataria los honorarios y suplidos del Notario autorizante de la escritura y los de inscripción en el Registro de la Propiedad, así como los impuestos y arbitrios que se devenguen directa e indirectamente de la escritura, establecidos o que se establezcan en el futuro, así como el informe de tasación inicial y el que se obtenga cada tres años de vigencia del préstamo, los gastos derivados de la prima del seguro de incendio y daños sobre la finca hipotecada y cualesquiera otros gastos debidos en virtud de la misma.

Al respecto debe considerarse la doctrina sentada por la STS, Sala 1ª, Pleno, n.º 705, de 23 de diciembre de 2015 (rec. n.º 2658/2013 . Ponente: Excmo. Sr. D. XXXXXXXX) que declara nulas, por abusivas, determinadas cláusulas insertas en los contratos de préstamo celebrados con consumidores por parte de las entidades BBVA y Banco Popular, entre otras, la relativa a la atribución de los gastos de la operación al consumidor, y que debe hacerse extensiva a las impuestas por el resto de entidades financieras, resolución que resulta de aplicación al supuesto enjuiciado y en la que la Sala declara cuanto seguidamente consta expuesto:

1.- En primer lugar, resulta llamativa la extensión de la cláusula, que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones [como veremos] contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto.

El art. 89.3 TRLGCU califica como cláusulas abusivas, en todo caso, tanto “La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables” (numero 2º), como “La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario” (numero 3º).

El propio artículo, atribuye la consideración de abusivas, cuando se trate de compraventa de viviendas (y la financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, por lo que la utilización por la Audiencia de este precepto es acertada), a la estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (art. 89.3.3º letra a) y la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario (art. 89.3.3º letra c).

Asimismo, se consideran siempre abusivas las cláusulas que tienen por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados (art. 89.3.4º) y, correlativamente, los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación (art. 89.3.5º).

2.- Sobre tales bases legales, no cabe considerar que la sentencia recurrida haya vulnerado ninguna de las normas legales citadas como infringidas, al declarar la abusividad de la cláusula.

Baste recordar, en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación.

Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución especial (art. 685 LEC).

En consecuencia, la cláusula discutida no solo no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista.

Lo que conlleva que se trate de una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas (art. 89.2 TRLGCU).

En la sentencia 550/2000, de 1 de junio, esta Sala estableció que la repercusión al comprador/consumidor de los gastos de constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula.

Y si bien en este caso la condición general discutida no está destinada a su inclusión en contratos seriados de compraventa, sino de préstamo con garantía hipotecaria, la doctrina expuesta es perfectamente trasladable al caso.

3.- En lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario, nuevamente no se hace distinción alguna.

El art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando que, en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el prestatario (letra d).

Por otro lado, el art. 15.1 del texto refundido señala que la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributaran exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo.

Pero el art. 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales, indicando el art. 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.

De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante.

En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a derecho.

Ya dijimos en la sentencia 842/2011, de 25 de noviembre, si bien con referencia a un contrato de compraventa de vivienda, que la imputación en exclusiva al comprador/consumidor de los tributos derivados de la transmisión, era una cláusula abusiva, por limitar los derechos que sobre distribución de la carga tributaria estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la condición general que contuviese dicha previsión debía ser reputada nula”.

En consecuencia, constando en la cláusula considerada la imposición a la prestataria de todos los gastos e impuestos mencionados, incluso los derivados del pago de la prima del seguro de incendio y daños sobre el inmueble gravado con el derecho real de hipoteca, la cláusula ahora considerada debe ser declarada nula, con los efectos inherentes a la indicada declaración (art. 1303 del CC), que no son sino los que imponen que la entidad demandada deberá reintegrar a los actores los gastos en que los mismo hayan incurrido como consecuencia de la aplicación de la referida cláusula en la formalización del contrato que ahora nos ocupa y que en su conjunto ascienden a la cantidad de 4.447,43 euros, tal y como se acredita de la documental aportada con el escrito de demanda (documentos n.º 3 a 9) y que resulta suficiente para justificar el desembolso por parte de los prestatarios de las cantidades cuyo reintegro por tales conceptos se reclama de la entidad bancaria, por consistir en la liquidación de gastos efectuada con los actores por la Gestoría “Grupo BC de Asesoría Hipotecaria, S.L., en relación con el citado préstamo hipotecario, la factura emitida por la Notaría de D. XXXXXXX y del titular del Registro de la Propiedad de valencia, el Modelo 600 (AJD) de la Consellería D’ Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat valenciana así como el justificante de pago a dicha entidad del impuesto de referencia por parte de los demandantes y la factura correspondiente a la tasación de la finca hipotecada emitida por la empresa “Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, S.A”.

Por consiguiente y en atención a lo expuesto, siendo que la desvirtuación de los hechos contenidos en la demanda corresponde a la demandada y ésta no se ha verificado, conforme al artículo 217.3 de la LECiv, la consecuencia necesaria tiene que ser la estimación de la demanda presentada, en aplicación de los fundamentos expuestos.

TERCERO.

Costas. Procede expresa imposición de las costas de esta instancia a la parte demandada, de conformidad con el artículo 394.1 de la LECiv, sin que proceda acceder a la petición de no imposición de costas interesada por la parte demandada respecto de su allanamiento parcial por aplicación de la disposición contendida en el artículo 395 de la LECiv -“a contrario sensu”-.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

1º) Estimo íntegramente la demanda interpuesta por D. XXXXXXX y DÑA. XXXXXXX  y, en consecuencia:

2º) Declaro la nulidad de las cláusulas por las que se dispone la comisión de apertura (cláusula cuarta), así como la de gastos y tributos a cargo de la prestataria (cláusula quinta), y la de vencimiento anticipado (cláusula sexta), contenidas en el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre la parte hoy demandante y la entidad financiera Barclays Bank, S.A., actualmente bajo el nombre social de la demandada, de fecha 11 de marzo de 2013.

3º) Condeno a CAIXABANK, S.A. a la devolución a la actora de las cantidades cobradas indebidamente, en concreto el importe de 5.881,87 euros (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO), con sus intereses correspondientes.

4º) Impongo las costas ocasionadas en esta instancia a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, de la que se librará testimonio suficiente para su unión a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, previniéndoles que la misma no es firme, por caber contra ella recurso de apelación.

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50 €, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.


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