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Caixabank condenada a anular contrato de tarjeta Visa Classic y devolver el capital que exceda del prestado

Caixabank condenada a anular contrato de tarjeta Visa Classic y devolver el capital que exceda del prestado

En Primera Instancia, el Juzgado número 7 de Avilés, declara la nulidad de un contrato de tarjeta Visa Classic de Caixabank con modalidad de crédito revolving por usurario de la condición general (TAE del 26,82 %). También condena a dicha entidad a abonar al demandante la cantidad que exceda del total del capital prestado teniendo en cuenta lo que se haya percibido.

Caixabank presenta recurso de apelación contra el usuario, desestimando dicha apelación la Audiencia Provincial de Asturias, lo que conlleva a que la entidad se encargue del pago de las costas del procedimiento.

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SENTENCIA

 

Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª) Sentencia num. 304/2017 de 6 octubre

Jurisdicción: Civil

Recurso de Apelación 289/2017

Ponente: Ilmo. Sr. D. XXXXXX

AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 6 OVIEDO

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACIÓN (LECN) 0000289 /2017

Juzgado de procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.7 de AVILES

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000606/2016

Recurrente: CAIXABANK, S.A.

Recurrido: XXXXXX

RECURSO DE APELACION (LECN) 289/17

En OVIEDO, a Seis de Octubre de dos mil diecisiete. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, compuesta por los Ilmos. Srs. Dª. XXXXXX, Presidente; D. XXXXXX y Dª XXXXXX, Magistrados; ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA Nº 304/17

En el Rollo de apelación núm. 289/17, dimanante de los autos de juicio civil ORDINARIO, que con el número 606/16 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Avilés, siendo apelante CAIXABANK S.A., demandado en primera instancia, representado por el Procurador Sr. XXXXXX y asistido por el Letrado Sr. XXXXXX; y como parte apelada DON XXXXXX, demandante en primera instancia, representado por la Procuradora Sra. XXXXXX y asistido por el Letrado Sr. XXXXXX; ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Avilés dictó sentencia en fecha 02.05.17 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Que debo estimar la demanda interpuesta por D. XXXXXX, frente a CAIXABANK S.A, por lo que:

1- Se declara la nulidad por usurario de la condición general que establece que el interés remuneratorio del contrato de TARJETA VISA CLASSIC suscrito el 12 de ENERO de 2007 entre las partes.

2- Se condena a la demandada a abonar al demandante, la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta del total lo ya percibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital, y que hayan sido abonadas por el demandante, especialmente las cantidades cobradas por disposición de efectivos, intereses, comisión por reclamación de cuota impagada, cuota anual de la tarjeta y cuotas de seguros asociada a la tarjeta, según se determine en ejecución de sentencia, más intereses legales.

3- Se imponen costas a la parte demandada.”

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, del cual se dio el preceptivo traslado a las partes personadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 461 de la vigente Ley, que lo evacuaron en plazo. Remitiéndose posteriormente los autos a esta Sección, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 02.10.17.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En la demanda rectora de la presente litis juicio ordinario presentado por D. XXXXXX se ejercitaba acción de nulidad de la condición que establece el interés remuneratorio de la tarjeta de crédito Visa Classic frente a la entidad bancaria CAIXABANK con quien la había suscrito en fecha 12/0172007, y la condena a la entidad demandada, por aplicación del art. 3 de la Ley de represión de usura a abonar al demandante, la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando el cuenta el total de lo ya percibido por todos los conceptos.

La sentencia dictada en la instancia estima la demanda presentada en base a lo establecido en la STS de 25 de noviembre de 2015 a los efectos de considerar usurarios los intereses remuneratorios en un contrato de crédito revolving, al encontrarnos en el presente caso ante un contrato de crédito tarjeta visa classic que preveía una modalidad de revolving para el caso de que se aplazara el pago concretado en enero de 2007 a un TAE del 26,82 %, teniendo en el mes de abril de ese año el TAE aplicado a las operaciones de crédito al consumo una media del 9,47 %, de donde resulta que el interés pactado en la póliza supone un incremento de casi 3 veces la magnitud de referencia. Con condena en costas.

Interpuesto recurso de apelación por la parte demandada, se opone alegando vulneración de la ley de usura por cuanto no concurre un interés notablemente superior al normal de dinero para este tipo de financiación (tarjetas de crédito sin garantías y no el mercado de los préstamos al consumo, existiendo circunstancias concurrentes que justifican el tipo de interés), por lo que el tipo de interés remuneratorio aplicado no puede considerarse usurario, dado que es el tipo de interés utilizado no ha duplicado el tipo medio publicado por el Banco de España.

El demandante va contra sus propios actos al solicitar la nulidad de la cláusula tras 10 años utilizando la tarjeta y haber sido él mismo quien optó por el método de pago aplazado. Habiéndose producido la confirmación del contrato derivado de haber atendido el demandante los recibos de la tarjeta calculado al tipo establecido durante más de 8 años y haber procedido a la cancelación del mismo en el año 2014. Existiendo un retraso desleal al haber transcurrido diez años de uso normal y habitual de la tarjeta.

SEGUNDO

– El contrato que nos ocupa fue suscrito en el año 2007. Se trata de un contrato de tarjeta de crédito Visa Classic con la modalidad incorporada por defecto de “crédito revolving”. Tipo de interés para pago aplazado: 2 % nominal mensual (TAE 26,82 %).

De ello resulta que se trató la concertada de una operación de crédito en la que el actor es consumidor y a la que es aplicable la Ley de Represión de la Usura, de acuerdo con su artículo 9, que establece que «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015, cuya doctrina aplica la recurrida, declara el carácter usuario de un crédito “revolving”, concedido a consumidor demandado, razonando al respecto que “La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa, ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo“.

Es más, en la propia sentencia de Pleno precitada, ya se argumenta y justifica la procedencia de esta aplicación de la Ley de Usura, a contratos de crédito distintos al tradicional de préstamo y así, se declara en la misma: “En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio , 113/2013, de 22 de febrero y 677/2014, de 2 de diciembre.

Por otra parte, en cuanto a la interpretación del art. 1 de la citada Ley de Usura, se razona en la misma que: “A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley“.

TERCERO

– Pues bien, a partir de esa aplicación al contrato litigioso de la Ley de Usura, con el citado alcance interpretativo, los distintos motivos de impugnación que se articulan en el recurso han de ser desestimados pues en todos ellos se aparta la recurrente de la doctrina que sobre los mismos ha sentado la sentencia de Pleno del TS de 21 de noviembre de 2015, que esta Sala ha de tomar como referencia para su resolución, en cuanto si bien se trata de una sola sentencia, que en cuanto tal no constituye doctrina legal, según reiterada jurisprudencia del TS recogida entre otras en las STS de 29 de noviembre de 2002 y 15 de octubre de 2008, al exigirse para ello la existencia de “… dos sentencias de esta Sala de Casación Civil sobre interpretación y aplicación de la Ley u otras fuentes del derecho, respecto a casos idénticos”, ello no obstante se trata de una sentencia dictada con unanimidad por el Pleno de los Magistrados que la integran, y que contiene una clara modificación de la doctrina anterior a la hora de decidir cual es el término de comparación o de referencia a tomar en consideración para resolver en cada caso, si concurren en el producto de crédito litigioso, los requisitos objetivos del apartado 1º del art. 1 de la Ley de Usura, y concluir su carácter o no usurario.

En este sentido es evidente que una sola Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (máxime cuando esta es de Pleno), puede tener valor vinculante como doctrina jurisprudencial para el propio Tribunal y para los demás tribunales civiles, como sucede cuando con la motivación adecuada se cambia la jurisprudencia anterior (por muy reiterada que sea ésta) y fija la nueva doctrina, pues en otro caso resultaría un sinsentido y contrario a la naturaleza de las cosas que se cambiara la jurisprudencia para un caso y sin embargo continuara siendo obligatoria la anterior modificada en tanto no se dictara por el propio TS una segunda sentencia.

CUARTO

– En cuanto al tipo de interés. El estipulado en el contrato fue TAE 26,82 %.

Es evidente que no puede tomarse como referencia como se dice en el recurso para considerar lo que sea “el interés normal del dinero” el ofrecido en el mercado para este tipo de productos, es decir, para las tarjetas de crédito sin garantías adicionales, para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero, sino por razones de transparencia reforzada exigible en contratos celebrados con consumidores, con cláusulas generales predispuestas como es el caso, la tasa anual equivalente, (TAE), pues según tal sentencia de Pleno, “Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre). Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.”).

Una gran parte del recurso se dirige a cuestionar el módulo de comparación para determinar la existencia o no de usura, los intereses fijados en el mercado para este tipo concreto de operación crediticia, esto es, para el articulado a medio de tarjetas de crédito, y su rechazo en la presente resolución al igual que en la instancia deriva de haber sido expresamente rechazado el mismo por la citada sentencia de Pleno del TS que sienta como doctrina a este respecto que esa comparación ha de realizarse con el interés medio de los prestamos a consumo, razonando al respecto que la cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso“.

En la sentencia recurrida se dice que en el mes de abril de 2007, fecha de suscripción, el TAE aplicado en las operaciones de crédito al consumo tenían una media de 9,47 % y en el contrato para el caso de pago aplazado se fijaba un TAE del 26,82 %.

Y esta Sala, tanto en la sentencia de 9 de junio de 2017 en criterio que aquí reiteramos, ya considerábamos que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado, permite considerar el interés estipulado como notablemente superior al normal del dinero.

QUINTO

Por lo que se refiere a la concurrencia de circunstancias excepcionales, y la no concurrencia de situaciones subjetivas de necesidad que le fuercen a aceptar ese interés del 26,82 % TAE.

Motivo de oposición que debe rechazado por cuanto ya tenemos dicho en la citada sentencia de esta sala: “En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada”, concluyendo que ese carácter del crédito al consumo por el tipo de operación, no constituye circunstancia extraordinaria que lo justifique, razonando al respecto que:

“Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico“.

Siendo las circunstancias excepcionales alegadas en el presente supuesto, el hecho que el destino de financiación no estaba ligado a ninguna necesidad más o menos relevantes, antes al contrario, y al hecho de haber contratado más tarjetas con el mismo fin y haberlas usado con normalidad durante 8 años, las cuales no pueden acogerse como circunstancias excepcionales pues todas ellas van insitas en lo que es propio de un crédito al consumo no alegando otras circunstancias excepcionales subjetivas concurrentes que determinaran la necesidad de aplicar ese interés tan elevado.

SEXTO

Se invoca en el recurso la doctrina de los actos propios y la confirmación del contrato, por cuanto el demandante ahora apelado era perfectamente conocedor de las cláusulas del contrato, yendo contra sus propios actos al ser él mismo quien optó por el método de pago aplazado pudiendo financiarlo a coste cero si liquidaba el crédito mes a mes.

La STS de 29 de marzo de 2016 se pronunció refiriéndose a contratos bancarios en que se impetraba la nulidad por error en el consentimiento pero que puede perfectamente aplicarse al supuesto que con ocupa y respondiendo a idéntica alegación que a la que ahora se formula, en el sentido siguiente: “esta sala ha dicho ya en numerosas ocasiones, para descartar que nos encontremos ante una infracción de la teoría según la cual nadie puede ir contra sus propios actos, que ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni la cancelación anticipada del contrato, ni incluso el encadenamiento de diversos contratos, pueden ser considerados actos convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en el consentimiento, ya que los mismos no constituyen actos inequívocos de la voluntada tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer dicha situación confirmatoria”.

Debe igualmente rechazarse la convalidación a que se alude en el recurso haciendo alusión al conocimiento y consentimiento de la actora, tanto previo como posterior a la celebración del contrato, del tipo de interés remuneratorio establecido en el mismo, pues siendo como es la sanción establecida en la Ley de Usura, para los créditos calificados según la misma de usurarios, de nulidad absoluta, y no mera anulabilidad, la misma sentencia de Pleno tan citada del tribunal Supremo ya recoge que esta sanción comporta una ineficacia del negocio que es radical, absoluta y originaria, y que en cuanto tal no admite convalidación confirmatoria porque es fatalmente insubsanable afectando la misma a la totalidad del convenio con la única consecuencia, establecida en el artículo 3, de que ha de retrotraerse la situación al momento inmediatamente anterior al préstamo.

El último de los argumentos alegados es el relativo a un retraso desleal en el ejercicio de los derechos dado que desde la fecha de la contratación hasta la presentación de la demanda han transcurrido 10 años de uso normal y habitual de la tarjeta de crédito.

En la STS de 2 de marzo de 2017 se recoge que: “La aplicación de la doctrina jurisprudencial del retraso desleal, como plasmación de un acto típico de ejercicio extralimitado del derecho subjetivo que supone una contravención del principio de la buena fe artículo 7.1 del Código Civil), requiere de la concurrencia de diversos presupuestos. Así, en el plano funcional, su aplicación debe operar necesariamente antes del término del plazo prescriptivo de la acción de que se trate.

En el plano de su fundamentación, su aplicación requiere, aparte de una consustancial omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo, de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito. Confianza o apariencia de derecho que debe surgir, también necesariamente, de actos propios del acreedor (SSTS 300/2012, de 15 de junio y 530/2016, de 13 de septiembre)”.

En el presente caso, de los hechos acreditados en la instancia, se desprende que falta la concurrencia del presupuesto del ejercicio desleal de la acción de nulidad. Pues, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, la mera inactividad o el transcurso dilatado de un periodo de tiempo no comporta, por sí solo, un acto propio del demandante que desconocía con carácter previo a la actual jurisprudencia dictada, el derecho que le asistía.

SÉPTIMO

La desestimación del recurso de apelación conlleva, a tenor de lo establecido en el art. 398 apartado 1º de la Ley de enjuiciamiento civil, la condena al apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. XXXXXX en nombre y representación de CAIXABANK S.A. contra la sentencia en fecha 2 de mayo de 2017 dictada por el Juzgado de Primera instancia nº 7 de Avilés en los autos de juicio ordinario nº 606/2016, CONFIRMANDO esa resolución, con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.

Contra la presente sentencia, cabe interponer en el plazo de veinte días recurso extraordinario por infracción procesal y/o, casación, conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 Euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el M. Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local, u organismo autónomo dependiente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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