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Banco Santander condenado a reembolsar las cantidades cobradas por intereses usurarios (24,6 % TAE)

Banco Santander condenado a reembolsar las cantidades cobradas por intereses usurarios (24,6 % TAE)

La Audiencia Provincial de Asturias (Sección 7ª), confirma la sentencia de 1ª Instancia y condena al Banco Santander a reembolsar a la consumidora – demandante, las cantidades indebidamente cobradas en concepto de intereses remuneratorios, tras anular el contrato de una tarjeta de crédito de las denominadas “revolving”.

Dictamina la Sala que, la declaración de usurario de una operación de crédito lo que implica es la nulidad radical y absoluta del propio contrato en su totalidad.

Así, condena al Banco Santander, a la devolución de la cantidad abonada en concepto de intereses (con una TAE del 24,6 %) como consecuencia ineludible de la nulidad que se declara. 

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SENTENCIA

 

AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 7 GIJÓN

SENTENCIA: 00293/2017

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de GIJÓN

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000484 /2016

Recurrente: BANCO SANTANDER S.A.
Procurador: XXXXXXX
Abogado: XXXXXXX

Recurrido: XXXXXXX
Procurador: XXXXXXX
Abogado: XXXXXXX

SENTENCIA nº. 293/2017

PRESIDENTE: ILMO. SR. D. XXXXXXX
MAGISTRADO: ILMO. SR. D. XXXXXXX
MAGISTRADO: ILMO. SR. D. XXXXXXX

En GIJÓN, a ocho de junio de dos mil diecisiete.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en GIJÓN, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 484/2016, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 de GIJÓN, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACIÓN (LECN) 240 /2017, en los que aparece como parte apelante, BANCO SANTANDER S.A., representado por el Procurador de los tribunales, Sr. XXXXXXX, asistido por el Abogado D. XXXXXXX, y como parte apelada, DOÑA XXXXXXX, representada por el Procurador de los tribunales, Sr. XXXXXXX, asistido por el Abogado D. XXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Gijón, dictó en los referidos autos Sentencia de fecha 2 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO: ESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por DOÑA XXXXXXX frente a BANCO SANTANDER, S.A. con los siguientes pronunciamientos:

1.- Declarar el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato de tarjeta de SANTANDER PLUS suscrito entre las partes el 17/10/10.

2.- Condenar a la demandada a abonar las cantidades que hubiera percibido en concepto de intereses remuneratorios durante la vigencia del contrato a determinar en ejecución de sentencia previa exhibición de la documentación bancaria precisa, más el interés legal del dinero desde cada pago.

3.- Condenar a la demanda al abono de las costas.

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de BANCO SANTANDER, S.A., se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite se remitieron a esta Audiencia Provincial, y cumplidos los oportunos trámites, se señaló para la deliberación y votación del presente recurso el día 7 de junio de 2017.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

Vistos siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado XXXXXXX.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.– La sentencia objeto de apelación estimó la demanda interpuesta por la representación de doña XXXXXXX contra Banco Santander, S.A., y tras considerar nulo el contrato de tarjeta de crédito concertado entre las partes el día 17 de diciembre de 2010, de acuerdo con lo establecido en los arts. 1 y 3 de la Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la usura, declaró el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato de tarjeta de crédito, y condenó a la demandada a abonar las cantidades que hubiera percibido en concepto de intereses remuneratorios durante la vigencia del contrato a determinar en ejecución de sentencia previa exhibición de la documentación bancaria precisa, más el interés legal del dinero desde cada pago.

SEGUNDO.- La sentencia es apelada por la citada demandada, quien en primer lugar alega incongruencia extra petita de la Sentencia dictada, argumentando que lo pedido en la demanda fue la declaración de nulidad del interés remuneratorio por usurario, pretensión que fue acogida pese a que las consecuencias de la nulidad por usura, derivadas de la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1.908 no es la nulidad del tipo de interés sino del contrato en sí mismo, se argumenta así que la declaración que se realiza conlleva que el contrato continúe vigente, con la posibilidad de que la actora pueda disponer del crédito conferido sin pagar remuneración alguna.

El motivo no se acoge. Ciertamente la declaración de usurario de una operación de crédito lo que implica es la nulidad radical y absoluta del propio contrato en su totalidad, sin que pueda pretenderse la nulidad únicamente de determinada cláusula (en este caso la que estipula el interés remuneratorio), mas en el supuesto de autos, en realidad se acumularon dos acciones, una de nulidad de la cláusula en cuestión, fundada en la normativa de protección de consumidores y usuarios, argumentando su abusividad por falta de transparencia, y la otra, como se deduce del propio suplico de la demanda la de nulidad por usura, con fundamento en los arts. 1 y 3 de la mentada Ley, y ciertamente en el suplico de la demanda no se pide expresamente que se declare la nulidad del contrato, mas parece claro que esta petición aparece implícita en la propia petición que se hace de declaración como usurario del tipo de interés remuneratorio pactado, aunque en la demanda se limite a solicitar las consecuencias de dicha nulidad, máxime cuando en su propia fundamentación ya se alega que su carácter usurario conlleva la nulidad del contrato.

TERCERO.- Cuestiona también la parte apelante la decisión adoptada sobre el carácter usurario del crédito, al entender que no nos encontramos ante un supuesto en el que los intereses pactados sean notablemente superiores al normal del dinero, pues para ello se ha tomado índice de referencia el baremo del Banco de España para préstamos al consumo, partiéndose así de una base o información sesgada, y para productos bien diferentes, resultando público y notorio (artículo 281.4 LEC (LA LEY 58/2000)), que en este tipo de productos, tarjetas de crédito, el precio normal que fijan todas las entidades bancarias es el de un intereses mensual del 2 % y un TAE entre el 24 y el 26 %, por lo que deberemos estar a esa normalidad del dinero a la hora de valorar el producto concreto contratado, así como que tal interés tiene su justificación por las especiales características del producto, que suponen una a disponibilidad económica inmediata, con una facilidad de financiación y gran nivel de flexibilidad, que se contrarresta con la fijación de un interés superior, pero que no significa que deba de ser usurario o excesivo, menos cuando se tiene pleno conocimiento del mismo y se acepta por ambas partes contratantes.

Se afirma además que así se advierte incluso por el propio Banco de España, tal como expuso en su contestación, quien señala en su página web que las características de las tarjetas de crédito y su facilidad de uso aconsejan llamar la atención sobre el hecho de que utilizar una tarjeta de crédito tiene las mismas consecuencias que disponer de cualquier crédito o modalidad de financiación.

Sea usted consciente, por tanto, de su obligación de devolver el dinero y de pagar los intereses.

Este mismo argumento ya fue rechazado en un supuesto similar contemplado en nuestra sentencia de 30 de marzo de 2017, en donde se dice que el motivo de impugnación tampoco se comparte, pues la sentencia no hace más que seguir los criterios al respecto sentados por la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, en donde se parte de que hay que atender, más que al tipo nominal de interés remuneratorio, al TAE, en este caso del 24,60 %, en cuanto representativo del coste real que para el consumidor supone la operación, comparándolo con el normal del dinero, y tal como se hace en aquella se acude a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

En este caso se acude a tales estadísticas publicadas el Boletín del Banco de España para el año 2010 en el que se deduce que la TAE media para el mismo en los préstamos de consumo fue de 7,47 % (cuestión esta alegada y no expresamente controvertida).

En el supuesto contemplado por el Tribunal Supremo se trataba de un contrato de préstamo personal revolving, consistente en un contrato de crédito que le permitía la cliente hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o mediante el uso de una tarjeta expedida por Banco, por lo que en supuesto es esencialmente idéntico al aquí examinado, y si en el caso por él examinado, en el que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, consideró que era un tipo de interés «notablemente superior al normal del dinero, otro tanto cabe decir en el supuesto de autos, en el que el TAE estipulado es 359 veces superior al normal del dinero.

Y con respecto a la argumentación de que debemos tener en cuenta las especiales características del producto, como las ya señaladas referidas a la facilidad de obtención del crédito, y disponibilidad inmediata, cierto es que, aún cuando el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado ello puede venir justificado con las circunstancias del caso, pero, tal como señaló el Alto Tribunal, estas circunstancias deben ser acreditadas por la demandada, y si bien tales circunstancias, implicar la concesión de crédito con un mayor riesgo para el prestamista al ser menores las garantías concertadas, aún cuando ello puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

CUARTO.- Alega la apelante infracción del art. 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), puesto que el mismo prohíbe dejar para la ejecución de sentencia la determinación de las cantidades objeto de condena, y cuestiona las razones tenidas en cuenta en la resolución impugnada para adoptar dicha decisión, toda vez que la actora tenía a su disposición para cuantificar la cantidad a devolver.

Al respecto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de Pleno de 16 de enero de 2012, RIC núm. 460/2008, que reiteran las de 28 de junio, 11 de julio y 24 de octubre de 2012, 9 de enero y 28 de noviembre 2013 y 11 de junio de 2015, ha declarado, -en interpretación de los artículos 209. 4.º LEC (LA LEY 58/2000) y 219 LEC (LA LEY 58/2000)-, que el contenido de estos preceptos debe ser matizado en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión.

Esto puede suceder cuando, por causas ajenas a ellas, a las partes no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. Para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes.

No es aceptable que deba denegarse la indemnización por falta de un instrumento procesal idóneo para su cuantificación.

Como se examinó en la citada STS del Pleno, cuando se produce esta situación cabe acudir a dos criterios que impidan la indefensión de las partes. Es posible remitir la cuestión a otro proceso o, de forma excepcional, permitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución. Ambas soluciones han sido utilizadas en sentencias de esta Sala atendiendo a las circunstancias singulares de cada caso.

En el supuesto de autos, la Sala se inclina por considerar ajustada la decisión de diferir la cuantificación exacta al trámite de ejecución de sentencia, pues no debemos olvidar, en primer lugar que la condena a la devolución de la cantidad abonada en concepto de intereses, es una consecuencia ineludible de la nulidad que se declara (art. 1.303 del Código Civil (LA LEY 1/1889)), y que aún cuando ciertamente la suma a devolver sería el resultado de la diferencia entre el capital dispuesto y la cantidad efectivamente abonada por la actora para la devolución del crédito, dichos factores se desconocen, siendo preciso una actividad probatoria para lograr su conocimiento, por lo que difícilmente basta con una simple operación de resta para conocer el importe a abonar, ahora bien, tampoco puede desconocerse que de aquel modo se fijan una bases precisa suficientes, sencillas, y sin especial complejidad probatoria para determinar el importe debido, si bastase con aportar los extractos mensuales de liquidación del crédito.

Por otro lado, parece lógico pensar que la actora carecería de toda la documentación necesaria para poder determinar el importe del exceso cobrado por la demanda y ello contrasta con la posición de la demandada, quien racionalmente debe poseerla, y si bien es cierto que pudo recabarse extrajudicialmente o incluso por medio de diligencias preliminares, no lo es menos también que la demandada, en disposición de la documental pudo aportarla ya en el curso del proceso, con el fin de no tener que diferir esta cuestión al trámite de ejecución.

QUINTO.- Con respecto a la alegación del retraso y mala fe con el que se efectúa una reclamación de nulidad sobre un contrato del año 2.010, donde se ha venido reconociendo una apariencia de buen derecho, respecto a la aplicación del contrato y sus intereses, la STS del Tribunal Supremo 1 de abril de 2015, señala que el retraso desleal, que opera necesariamente antes del término del plazo de prescripción extintivo de la acción, encuentra su específico fundamento de aplicación como una de las formas típicas de los actos de ejercicio extralimitado de los derechos que suponen una contravención del principio de buena fe (artículo 7.1 del Código Civil).

De forma que para su aplicación se requiere, aparte de la natural omisión del ejercicio del derecho y un transcurso dilatado de un periodo de tiempo, de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del crédito.

Confianza que debe surgir, necesariamente, de actos propios del acreedor a tal efecto (STS de 15 de junio de 2012, núm. 399/2012 (LA LEY 79022/2012)).

En definitiva, para la aplicación de la doctrina sobre el retraso desleal, expone la STS de 7 de junio de 2010, es necesario que la conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia al derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible (STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997 (LA LEY 8008/2002)).

En este sentido, la Sala no considera aplicable la mentada doctrina en el supuesto de autos, por cuanto el hecho de haber venido utilizando la tarjeta de crédito y abonando los intereses pactados no es un acto concluyente al respecto, si la actora no era consciente de la anormalidad de los mismos y su carácter desproporcionado, lo que buenamente pudo suceder si la propia apelada alega que este tipo de intereses era el que normalmente aplicaban las financieras en este tipo de operaciones, y ella no era consciente de sus derechos, y de otro lado, porque como señala la apelada, el carácter usurario del crédito conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva», sentencia núm.539/2.009, de 14 de julio, por lo que no pudo la demandada esperar de la conducta de la demandante su conformidad con la validez del negocio y la convalidación del mismo.

SEXTO.- La desestimación del recurso interpuesto determina que se impongan al apelante las costas causadas por razón del mismo (art. 398 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)).

Por lo expuesto, esta Sala dicta el siguiente,

FALLO

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BANCO DE SANTANDER, S.A., contra la sentencia de fecha 2 de febrero de 2017, dictada en autos de P. Ordinario 484/16 tramitados en el Juzgado de primera instancia 5 de Gijón, que se confirma, con imposición al apelante de las costas causadas por razón del recurso.


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