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Banco Santander condenado a devolver 1.225,65 € cobrados ilegalmente en un préstamo revolving con TAE de usura (21,57 %)

Banco Santander condenado a devolver 1.225,65 € cobrados ilegalmente en un préstamo revolving con TAE de usura (21,57 %)

La Audiencia Provincial de Salamanca revoca la sentencia de 1ª Instancia y condena al Banco Santander a devolver a un usuario las cantidades cobradas ilegalmente por un préstamo revolving.

La Sala, en aplicación de la Ley de Represión de la Usura (Ley Azcárate de 1908), declara usurario el tipo de interés asociado al préstamo (21,57 % TAE)  contratado con el Banco Santander, por ser notablemente superior al normal del dinero.

La consecuencia de la nulidad del préstamo es que, el consumidor, estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, debiendo, pues devolver el banco el exceso cobrado, que asciende en este caso a 1.225,65 €.

Como ya fue declarado en su día por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de noviembre de 2015, la nulidad de este tipo de productos es calificada como radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva.

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SENTENCIA

 

Recurso de Apelación: 596/2015

Ponente: Ilmo. Sr. D. XXXXXXX.

AUDIENCIA PROVINCIAL SALAMANCA SECCIÓN 1

SENTENCIA NÚMERO 124/16

ILMO. SR. PRESIDENTE: DON XXXXXXX, ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
DON XXXXXXX, DOÑA XXXXXXX.

En la ciudad de Salamanca a dieciocho de Marzo de dos mil dieciséis.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha visto en grado de apelación el JUICIO VERBAL Nº
325/15 del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Salamanca, Rollo de Sala Nº 596/15; han sido partes en este recurso: como demandante-apelante DON XXXXXXX representado por la Procuradora Doña XXXXXXX y bajo la dirección del Letrado Don XXXXXXX y como demandado-apelante BANCO SANTANDER S.A. representado por el Procurador Don XXXXXXX y bajo la dirección del Letrado Don XXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- El día 3 de Junio de 2015 por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Salamanca se dictó sentencia en los autos de referencia que contiene el siguiente: “FALLO: Desestimo la demanda interpuesta por D. XXXXXXX con Procurador Dña. XXXXXXX y Letrado Sr. D. XXXXXXX, contra BANCO SANTANDER con Procurador D. XXXXXXX y Letrado Sr. D. XXXXXXX, absolviendo a éste de los pedimentos contra él contenidos, sin hacer condena en costas, por lo que cada parte abonará las propias, siendo las comunes por mitad.”

2º.- Contra referida sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación jurídica de la parte demandante, quien después de hacer las alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones terminó suplicando se dicte sentencia, por la que estimándose íntegramente el recurso de apelación interpuesto se estime y declare la nulidad total del contrato de préstamo y en su defecto la nulidad relativa de la cláusula de intereses con los efectos y el alcance señalados.

Dado traslado de dicho escrito a la representación jurídica de la parte contraria por la misma se presentó escrito en tiempo y forma oponiéndose al recurso de apelación formulado para terminar suplicando se dicte resolución desestimando el recurso de apelación y confirmando íntegramente la sentencia de instancia, con imposición de las costas de este recurso a la apelante.

3º.- Recibidos los autos en esta Audiencia se formó el oportuno Rollo y se señaló para la deliberación, votación y fallo del presente recurso de apelación el día nueve de Marzo de dos mil dieciséis pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente para dictar sentencia.

4º.- Observadas las formalidades legales.

Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON XXXXXXX.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La parte de demandante fundamentó su recurso de apelación en el error en la valoración la prueba y en la infracción legal, por entender que concurren en el presente caso los requisitos del artículo 16 de la Ley de Créditos al Consumo, puesto que la copia adjunta del contrato es ilegible; asimismo concurran los requisitos de la Ley de 1908 para declarar nulo el préstamo por usurario, puesto que se pactó un TAE del 21,57 %, que es desproporcionado, habiéndose además producido un cobro indebido de un seguro de vida y por medio de los testigos se ha acreditado la necesidad del prestatario al celebrar dicho contrato.

La parte demandada se opuso a dicho recurso.

SEGUNDO

Así las cosas, es preciso indicar inmediatamente que el presente juicio verbal comenzó por medio de demanda en la que la parte actora solicitó la nulidad del préstamo personal concedido por el banco de Santander, por infracción del artículo 16 LCC (RCL 1995, 979 y 1426), ya que no respeta los requisitos de forma y contenido de dicho artículo, en el sentido de que está redactado con una letra que resulta ilegible y con un contraste de impresión no adecuado; así como por ser un préstamo usurario, ya que el TAE es de 21,57 % siendo un préstamo del año 2012, así como por haberse llevado a cabo un cobro duplicado- ya devuelto- indebido del seguro de vida.

La sentencia de primera instancia desestimó el recurso, porque sí existe un documento escrito sobre el préstamo legible y claro. No siendo tampoco usurario porque no contiene ninguno de los requisitos del artículo uno de la Ley de 1908 de represión contra la usura, no habiéndose siquiera acreditado las circunstancias especiales y lo angustioso de la situación del demandante para aceptar el presente préstamo, que iba dirigido a la reparación de un vehículo de motor.

Contra dicha sentencia se ha alzado en apelación la parte demandante que reitera en su recurso los argumentos contenidos en su demanda.

Pues bien, en cuanto a la nulidad del contrato por infracción del artículo 16 de la Ley de Créditos al Consumo, hemos de insistir en que no existe defecto de forma alguno que pueda poner en duda la validez del presente contrato, de acuerdo con el documento unido a los folios 116 siguientes de los autos, pues se trata de un documento claro, legible, que contiene todas las condiciones a las que está sujeto, como son los costes del préstamo, plazos, fechas de cada cuota, plan de amortización, TAE y cómo se ha calculado, etc. se identifica perfectamente las partes, si bien carece de membrete oficial, aunque no en las condiciones generales que se incluyen como anexo del mismo.

Sin que pueda partirse para determinar ese carácter ilegible y los defectos formales del presente contrato de la copia que ha querido acompañar la parte demandada como documento nº 2 de su demanda, puesto que es una fotocopia que ha podido ser reproducida las veces que se haya querido hasta hacerla ilegible, de modo que no se tiene garantía de que sea ese el estado de la fotocopia que se entregó por el banco al consumidor, siendo así que, sin embargo, la entidad bancaria sí ha presentado como documento número cuatro una copia perfectamente legible y respetuosa, como hemos dicho, con los requisitos del citado artículo 16 de la Ley de Créditos al Consumo.

No puede tampoco admitirse que dicho contrato fue entregado de esa manera a los efectos de que no pueda ser leído por el aquí demandante, puesto que según la referida documental en relación con el interrogatorio de la parte y la testifical hemos de concluir que el demandante acudió a la sucursal de la entidad demandada para solicitar un préstamo, cuya finalidad era arreglar su vehículo, informándosele de las condiciones del préstamo, plazos, intereses, TAE, etc, y después de varios días firmó el contrato.

TERCERO

Por otro lado, en cuanto a la nulidad del préstamo por usurario, es preciso recordar al respecto que cómo declara la STS, Civil sección 1 del 25 de noviembre de 2015 (ROJ: STS 4810/2015 – ECLI: ES: TS :2015: 4810), Sentencia: 628/2015 (RJ 2015, 5001).

Recurso: 2341/2013. Ponente: XXXXXXX – que versaba sobre el carácter usurario de un “crédito revolving” concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE- que “el art. 315 del Código de Comercio (LEG 1885, 21) establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (RCL 2011, 1943 y 2238), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril , y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (LEG 1889, 27) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el artículo 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se denlos requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito “revolving” que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito “revolving” en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado”.

CUARTO

En el presente caso, la operación de préstamo fue concertada con fecha de 21 diciembre 2012. El interés concertado, entendido en el sentido jurisprudencial antes citado, como referido al llamado TAE, es decir, no sólo al interés remuneratorio pactado, sino a todo tipo de prestación pactada en favor de la entidad crediticia, en el presente caso es del 21,57 % TAE.

Interés que desde luego duplica con creces el interés normal de las operaciones de crédito al consumo a la citada fecha del contrato según los datos publicados por el Banco de España en su web oficial- portal del cliente bancario, que a fecha de diciembre de 2012 para los créditos al consumo era de 8,32% TAE.

Siendo así que al respecto la entidad de crédito demandada en su escrito de oposición al recurso tan solo insiste en que el interés que hay que tener en cuenta es el interés remuneratorio del 16,5 %, lo que no es así, pues como hemos visto, hay que tener en cuenta por las razones indicadas el TAE, que ciertamente es muy superior al interés normal del dinero entendido en el sentido jurisprudencial antes citado.

Sin que existan pruebas en autos que permitan concluir que no es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, ya que el banco no ha acreditado en modo alguno, como a él le corresponde de acuerdo con la doctrina jurisprudencial antes citada, que las circunstancias concretas del caso- garantías, elevados riesgos, plazo, importe, etc. sean lo suficientemente especiales y excepcionales como para justificar un interés tan elevado.

Por consiguiente, procede estimar el presente recurso de apelación y declarar la nulidad por usurario del préstamo objeto de juicio, nulidad que ha sido calificada por la Sala 1ª del TS como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, debiendo, pues devolver el banco el exceso cobrado, que es lo solicitado en la demanda.

Sin que para ello suponga ningún obstáculo las pretensiones ejercidas por el demandante en su demanda, reiteradas en su recurso de apelación, puesto que en el suplico de la demanda se decía claramente que se solicitaba que se declarase la nulidad del préstamo objeto de litigio por las razones indicadas en la demanda, donde claramente se hablaba en el fundamento de derecho letra B) de la nulidad del préstamo por usurario, mencionándose el artículo 1 de la LRU (RCL 1983, 1856) ahora aplicada.

Todo ello con imposición ex art. 394.1 LEC (RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) a la parte demandada de las costas de la primera instancia, al estimarse la demanda.

QUINTO

Por aplicación del artículo 398.2 LEC (RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892), no se hace imposición de las costas de este recurso a ninguna de las partes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución.

FALLAMOS

Estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña XXXXXXX en nombre y representación de DON XXXXXXX contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Salamanca con fecha 3 de Junio de 2015 en los autos originales de que el presente Rollo dimana, revocamos la misma, y en consecuencia, declaramos la nulidad del préstamo objeto del presente juicio, condenando a la entidad demandada a la devolución de la cantidad de 1.225,65 €, con imposición a dicha entidad demandada de las costas de la primera instancia, y sin hacer imposición de las costas de esta alzada a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma y remítase testimonio de la misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado, hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.


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