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Banco Santander condenado a anular un contrato de tarjeta de crédito con una TAE del 26,82 %

Banco Santander condenado a anular un contrato de tarjeta de crédito con una TAE del 26,82 %

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Avilés dictó sentencia en la que estimó parcialmente la demanda interpuesta por Banco Santander, donde se condena a una usuaria a abonar a la entidad sólo el capital que pendiente de devolver, deduciendo las cantidades pagadas por intereses de mora, comisiones y demás pagos, por un contrato de tarjeta de crédito.

Banco Santander reclamaba un saldo deudor de 6.683,75 € por el contrato de tarjeta de crédito. En el contrato de tarjeta de crédito se estableció un interés remuneratorio del 26,82 %. La usuaria alegó la nulidad del contrato de tarjeta de crédito con base en la Ley de Represión de la Usura, y solicita que se declare la nulidad de las cláusulas relativas a intereses de demora y reclamación de posiciones deudoras.

La Audiencia Provincial de Asturias, desestima el recurso de apelación interpuesto por Banco Santander, y declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito por usurario.

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SENTENCIA

 

AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 5 OVIEDO

SENTENCIA: 00133/2017

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN (LECN) 000110/2017

Ilmos. Sres. Magistrados:

DON XXXXXX

DOÑA XXXXXX

DON XXXXXX

En OVIEDO, a siete de Abril de dos mil diecisiete.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento Ordinario nº 327/16, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Avilés, Rollo de Apelación nº 110/17, entre partes, como apelante y demandante BANCO SANTANDER, S.A., representada por el Procurador Don XXXXXX y bajo la dirección de la Letrado Doña XXXXXX, y como apelada y demandada DOÑA XXXXXX, representada por la Procuradora Doña XXXXXX y bajo la dirección de la Letrado Doña XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Avilés dictó sentencia en los autos referidos con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “FALLO: que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por “Banco Santander, SACONDENO a XXXXXX a abonar únicamente el capital que tenga pendiente de devolución, con deducción de las cantidades que hubiese pagado anteriormente por intereses remuneratorios, de demora, así como comisiones de devolución y demás pagos efectuados por la prestataria, y cuya concreta cantidad se determinará en ejecución de sentencia.

Sin expresa imposición de costas”

TERCERO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por Banco Santander, S.A., y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C (LA LEY 58/2000), se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente la Ilma. Sra. DOÑA XXXXXX.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Por la entidad Banco Santander, S.A. se promovió demanda de juicio ordinario frente a Doña XXXXXX en reclamación de 6.683,75 €. Sostiene la demandante que previamente acudió a un procedimiento monitorio al que se opuso la demandada, que ésta suscribió con la entidad bancaria un contrato de tarjeta de crédito, cuyo número de contrato se detalla.

Como quiera que la demandada incumpliera con sus obligaciones de pago, se aportó con la demanda la certificación del Banco en la que se consigna que el día 5 de agosto de 2.015 la tarjeta de crédito de la demandada, por razón de las disposiciones realizadas, presentaba un saldo deudor de 6.683,75 €. Igualmente se aporta el contrato de tarjeta de crédito, que fue suscrito el 6 de abril de 2.010, estableciéndose un interés remuneratorio del 26,82 %.

A la pretensión actora se opuso la demandada, quien alegó la nulidad del contrato de tarjeta de crédito con base en la Ley de 23 de julio de 1.908 de Represión de la Usura y, subsidiariamente, se solicita que se declare la nulidad de las cláusulas del contrato relativas a los intereses de demora y reclamación de posiciones deudoras, con las consecuencias legales pertinentes, citando al respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015, así como dos sentencias de esta AP.

El Juzgador “a quo” dictó sentencia estimando parcialmente la demanda, condenando a la demandada a abonar únicamente el capital que tenga pendiente de devolución, con deducción de las cantidades que hubiese pagado anteriormente por interés remuneratorio, de demora, así como comisiones de devolución y demás pagos efectuados por la prestataria y cuya concreta cantidad se determinará en ejecución de sentencia.

Basa el Juzgador “a quo” su resolución en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015 , así como en las sentencias de esta AP, una de la Sección Primera de 8 de febrero de 2.016 y otra de la Sección Cuarta de 25 de enero de 2.016.

En el caso de la primera sentencia de la Audiencia Provincial, se señala que el interés remuneratorio era del 30,06 % TAE y en la sentencia de la Sección Cuarta el interés era del 22,5 % TAE; argumenta el Juzgador “a quo” que se ha aportado el tipo medio de interés en los préstamos al consumo en la fecha de la celebración del contrato, que era del 9,60 %, lo que no es discutido por la contraparte, y añade que para tener un criterio adicional sobre la desproporción el interés legal en 2.010 es del 4 % y en dicha fecha el criterio de abusividad de la Ley 7/1.995, de 23 de marzo (LA LEY 1239/1995), de Crédito al Consumo para los descubiertos en cuentas corrientes para consumidores era de 2,5 veces el interés legal, lo que determinaba que no se considerase abusiva a tales efectos un interés que no superara el 10 %.

Frente a esta resolución interpuso la entidad bancaria el presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- Tres son los motivos del recurso de apelación interpuesto. En primer lugar, se alega que la sentencia recurrida basa toda su argumentación en la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), en la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2.015 (LA LEY 50858/2015) y en las dos citadas sentencias de la AP de Asturias.

Sin embargo, considera la parte apelante que en el presente caso no nos encontramos ante un préstamo, sino ante una tarjeta de crédito, tratándose por tanto de dos productos financieros totalmente diferentes, que nada tienen que ver el uno con el otro. Pues bien, precisamente el TS en la sentencia de 25 de abril de 2.015 señala:

1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un “crédito revolving” concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 (LEG 1908, 57) de Represión de la Usura, que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) (LEG 1908, 57) ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885) (LEG 1885, 21) establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1.981 (RCL 1981, 10), vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (LA LEY 20192/2011) (RCL 2011, 1943 y 2238), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios”.

En segundo lugar, se alega por la apelante que el interés remuneratorio forma parte del precio y constituye el objeto principal del contrato, por lo que no puede ser objeto de un control de abusividad tal y como se ha hecho en este caso. La presente alegación no es cierta en lo relativo a que se ha aplicado el control de abusividad, sino que la resolución se ha basado en la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) y en la referida sentencia del Tribunal Supremo fundamentalmente.

Y a este respecto debe señalarse que precisamente el Alto Tribunal de la sentencia citada manifestó: “Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2.015, de 22 de abril (RJ 2015, 1360), y 469/2015, de 8 de septiembre (RJ 2015, 3977), la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) (LEG 1908, 57) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (LA LEY 1/1889) (LEG 1889, 27) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio (RJ 2012, 8857), 113/2013, de 22 de febrero,  y 677/2014, de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014) (RJ 2014, 6872)”… Y se añade: “Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2.012, de 18 de junio (RJ 2012 , 8857), y 677/2.014 de 2 de diciembre (LA LEY 229640/2014) (RCL 2014, 6872), exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) (LEG 1908, 57), nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado”.

Respecto a la consideración que se establece en la recurrida considerando el interés remuneratorio establecido como notablemente superior al del dinero, se llega a tal conclusión considerando que el interés pactado no sólo es notablemente superior al del dinero tomando como módulo el interés medio de los préstamos al consumo, sino que incluso supera con creces el límite para los intereses de demora que son sancionatorios, y a este respecto debe señalarse que en el contrato se fija como interés moratorio 24,60 % TAE, señalando el Juzgador “a quo” que: “se ha aportado el tipo medio de interés en los préstamos al consumo en la fecha de la celebración del contrato, 9,60 %, no discutido por la contraparte”.

Y añade que en la fecha del contrato el criterio de abusos y de la Ley 7/1.925 de 23 de marzo, de Crédito al Consumo para los descubiertos en cuentas corrientes para consumidores la aplicación del 2,5 veces el interés legal (artículo es 9.4), determinaba que no se considerase abusivo a tales efectos un interés que no superase el 10 %. Argumentación que no ha sido rebatida por la parte apelante.

A este respecto debe señalarse que el TS en la sentencia 25 de noviembre de 2.015 declaró al respecto: “El interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero”. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2.001, de 2 de octubre (LA LEY 7252/2001)).

Para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria a través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001 (LA LEY 14620/2001) (LCEur 2002, 52, 415), sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras, y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2.002, de 25 de junio (LA LEY 1062/2002) (RCL 2.002, 1685), dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

5.-Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal”.

TERCERO.- En último lugar la parte apelante manifiesta que la parte demandada contestó a la demanda alegando la nulidad del contrato por el carácter abusivo y usurario del interés remuneratorio y ello sin haber planteado reconvención la demandada para la declaración de nulidad, acotando el respecto con el art. 406.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), conforme al cual: “Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvención, formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante.

Sólo se admitirá la reconvención si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal”.

No señala la parte recurrente cuál sería el efecto de la pretendida reconvención. No obstante, debe señalarse que contrariamente a lo que alega la parte apelante no es precisa la reconvención, como así se colige del art. 408 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) y así lo declaró el TS en la sentencia de 29 de octubre de 2.013: “Elart. 408.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) permite al demandado oponer la nulidad absoluta del negocio en que se basa la pretensión por medio de excepción. Se trata de una excepción con un régimen especial (lo que se ha venido en llamar “excepción reconvencional”), por cuanto permite al demandante solicitar del Juzgado se le dé la oportunidad de contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo establecido para la contestación a la reconvención.

Esta previsión legal entronca con la doctrina jurisprudencial que afirmaba, antes incluso de esta previsión legal, la posibilidad de que la nulidad contractual se hiciera valer por vía de excepción, sin necesidad de acudir a la vía reconvencional (sentencias de esta Sala núm. 1034/1994, de 19 de noviembre (RJ 1994, 8538), recurso núm. 55/1992; núm. 508/1996, de 20 de junio (RJ 1996, 5105), recurso núm. 3447/1.992; núm. 974/2005, de 15 de diciembre (RJ 2005, 10155), recurso núm. 1499/1999; y núm. 35/2.008, de 23 de enero (RJ 2008, 216), recurso núm. 5641/2000)”.

Pues bien, en el presente caso la parte actora no hizo uso de la facultad que le confiere el art. 408 citado.

CUARTO.- Se imponen las costas del recurso a la parte apelante, de conformidad con el art. 398 de la LEC (LA LEY 58/2000).

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Banco Santander, S.A. contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Avilés, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se CONFIRMA.

Se imponen a la parte apelante las costas causadas en la presente alzada.

Habiéndose confirmado la resolución recurrida, conforme al apartado 9 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19390/2009), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se le dará el destino legal.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.

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