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Banca March condenada a devolver 5.333,36 € por comisiones de reclamación de deuda y de descubierto, más los intereses legales

Banca March condenada a devolver 5.333,36 € por comisiones de reclamación de deuda y de descubierto, más los intereses legales

Banca March es condenada por la Audiencia Provincial de Alicante, la cual desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por la entidad contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Denia.

Argumenta la Sala que para considerar debidas las comisiones objeto de la demanda (comisiones de reclamación de deuda vencida y comisiones de descubierto), no sólo que éstas hayan sido expresamente pactadas, sino que las mismas gocen de reciprocidad, es decir, que contra el pago de las mismas el cliente reciba un servicio efectivamente prestado o gasto habido.

Y aunque es cierto que las citadas comisiones se encuentran pactadas en el contrato, no responden a la prestación efectiva de servicio alguno por parte de la entidad financiera, puesto que ésta ya aplicaba un interés de demora de por sí muy elevado (27 %).

Estima la Audiencia que no es creíble que durante más de tres años la entidad realizara una gestión concreta, hasta en más de cuarenta ocasiones, que estuviese especialmente dirigida a conceder una ampliación del crédito al cliente. Sino que más bien parece que se trata de unas comisiones aplicadas automáticamente en todos los casos de descubierto, sin corresponderse con la prestación de un servicio concreto destinado a comprobar el riesgo de la operación y la solvencia del cliente.

Por lo que no constituye una buena práctica bancaria el exigir el pago de una comisión por reclamación de posición deudora, cuando pretende justificarse la prestación efectiva del servicio con la remisión de una carta generada periódica y automáticamente por el ordenador, máxime cuando el cliente ya abona a la entidad las correspondientes comisiones por mantenimiento y por administración.

Por último, entiende la Sala, que como criterio adicional, debe considerarse que la aplicación automática de este tipo de comisiones no constituye una buena práctica bancaria, ya que la reclamación debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada impagado y de cada cliente.

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SENTENCIA

 

Recurso de Apelación núm. 10/2015

Ponente: IIlmo. Sr. D XXXXXXX

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE – SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA Nº 10-06-VC01/15

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 703/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DENIA Nº 4

SENTENCIA NÚM. 32/15

En la ciudad de Alicante, a diecisiete de febrero de dos mil quince.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, constituida por el Iltmo. Sr. Presidente, Don XXXXXXX, ha visto los autos de Juicio Verbal número 703/14, sobre reclamación de cantidad, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia Núm. 4 de Denia, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, BANCA MARCH S.A., representada por el Procurador Don XXXXXXX, con la dirección del Letrado Don XXXXXXX y; como apelada, la parte actora, XXXXXXX S.L., representada por el Procurador Don XXXXXXX, con la dirección del Letrado Don XXXXXXX.

I – ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Juicio Verbal número 703/14 del Juzgado de Primera Instancia Núm. 4 de Denia se dictó Sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Que estimo la demanda formulada por XXXXXXX S.L. Representada por el Procurador Don XXXXXXX contra Banca March S.A. representada por la Procuradora D. XXXXXXX y en consecuencia condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de cinco mil trescientos treinta y tres euros con treinta y seis céntimos (5.333,36€) mas el interés legal de la citada cantidad desde la interpelación judicial. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada”

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la actora que presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 10-06-VC01/15, en el que se acordó devolver las actuaciones al Juzgado de instancia para subsanar un determinado trámite. Una vez subsanado, se señaló el día de la fecha para la resolución del recurso.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

II – FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La demanda que inicia este proceso tiene por objeto una pretensión de condena a la devolución de las sumas abonadas por la actora en concepto de comisiones sobre reclamación de deuda (descubierto en cuenta corriente e impago de cuotas de préstamo) y comisiones sobre descubierto pactadas en un contrato de apertura de cuenta a la vista celebrado el día 23 de septiembre de 2009 y en una póliza de préstamo-Línea ICO por importe de 30.000.- € celebrado el día 21 de octubre de 2009, devengadas durante el período comprendido entre el mes de enero de 2010 y el mes de julio de 2013 por no corresponderse con servicios efectivamente prestados por la entidad financiera, cuya cuantía se eleva a 5.333,36 €, distinguiendo 1.650 € por la comisión de reclamación de deuda y 3.683,36 € por la comisión de descubierto, más los intereses legales desde la interpelación judicial y costas.

La Sentencia de instancia estimó la demanda y frente a la misma se ha alzado la demandada quien alega la legalidad de las comisiones pactadas por estar debidamente pactadas y por corresponder a un servicio efectivamente prestado.

Antes de entrar a examinar las concretas alegaciones del recurso, transcribimos las cláusulas contractuales en las se establecieron las comisiones litigiosas:

La cláusula 11ª del contrato de apertura de cuenta a la vista, respecto de la comisión por descubierto, reza así: “El cliente solicita la concesión por la Banca de eventuales y sucesivos descubiertos en su cuenta, que se entenderán automáticamente formalizados cada vez que concurra una orden del cliente para cualquier tipo de disposición que pueda determinar la situación de descubierto y la aceptación por la Banca de dicha orden mediante el cargo correspondiente, sin necesidad de ningún otro requisito.

Salvo pacto en contrario, el descubierto deberá ser regularizado en el plazo máximo de tres días. Con independencia de ello, la Banca queda expresamente autorizada a percibir sobre dichos saldos deudores las comisiones e intereses que en cada momento tenga legalmente establecidos, pudiéndose en tal caso practicar la liquidación de la cuenta en plazos inferiores al semestre, aunque, como mínimo, mensuales.”

La comisión por descubierto se calculaba mensualmente aplicando sobre el mayor saldo descubierto el 3,5% y, durante el año 2010, se elevó al 4,5%.

En la cláusula segunda del contrato de préstamo se incluye la comisión por reclamación de deuda en los siguientes términos: “El/los deudor/es incurrirán en mora automáticamente sin necesidad de intimación o reclamación alguna, si dejase/n de pagar al vencimiento correspondiente cualquiera cantidad a su cargo por las obligaciones dinerarias dimanantes de este contrato.

La mora del deudor/es, además de su efecto como causa de vencimiento anticipado del préstamo, dará lugar a que las cantidades vencidas y no satisfechas devenguen intereses de demora a favor del Banco desde el día siguiente al del vencimiento hasta el momento de su pago, al tipo de interés nominal anual que como “INTERÉS DE DEMORA” se refleja en las condiciones particulares.

Como consecuencia de las gestiones efectuadas por la Banca para reclamar al/los prestatario/s y/o garantes de la Póliza, la regularización de posiciones deudoras vencidas y exigibles, motivadas por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en la presente Póliza de Préstamo, devengará una “Comisión por Reclamación de Deuda” por importe de 30,00 Euros.

Esta Comisión se percibirá en caso de que la reclamación por parte de la Banca efectivamente se produzca, sea cual fuere el medio utilizado para ello, liquidándose cada vez que dicha reclamación venga motivada por el incumplimiento de una obligación no reclamada anteriormente, bien sea por vencimiento de una nueva cuota o amortización que resulte impagada, liquidación de intereses o devengo de gastos y/o suplidos a cargo del titular de la Póliza que no sean debidamente atendidos en su integridad.”

El interés de demora nominal anual pactado se eleva al 27,00%.

Con carácter general y, respecto de la exigibilidad de las comisiones bancarias hemos de tener en cuenta su marco normativo: el cobro de comisiones por operaciones o servicios prestados por las entidades bancarias aparece regulado, por un lado, en el apartado quinto del Capítulo Primero de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 12 de diciembre de 1989, por la que se fijan los tipos de interés y comisiones, así como las normas de actuación, información a clientes de las entidades de crédito (derogada por la letra a) de la disposición derogatoria única de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios), conforme al cual:

“… Las comisiones por operaciones o servicios prestados por las Entidades de crédito serán las que éstas fijen libremente.

No obstante, las Entidades de crédito establecerán y harán públicas, previo registro en el Banco de España, unas tarifas de comisiones y gastos repercutibles con indicación de los supuestos y, en su caso, periodicidad, con que serán aplicables, no pudiendo cargar tipos o cantidades superiores a los contenidos en las mismas o conceptos no mencionados en ellas.

Tales tarifas podrán excluir las comisiones derivadas de servicios financieros de carácter excepcional o singular, y, en los supuestos que el Banco de España determine, de aquellos otros en los que intervenga apreciablemente el riesgo.

En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente. Las comisiones o gastos repercutidos deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos…“.

Y, por otro lado, en la Norma Tercera de la Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre (RCL 1990, 1944), sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, en la que se dispone:

1. Todas las Entidades de Crédito establecerán libremente sus tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a la clientela por las operaciones o servicios realizados o iniciados en España, sin otras limitaciones que las contenidas en la Orden y en la presente Circular.

Las tarifas comprenderán todas las operaciones o servicios que la Entidad realiza habitualmente.

Podrán excluirse de las tarifas las comisiones derivadas de servicios financieros de carácter excepcional o singular, y las que puedan corresponder a garantías crediticias, a aseguramiento de emisiones privadas y a servicios de factoraje sin recurso.

No obstante, podrán incluirse en las tarifas, con carácter indicativo, comisiones para estos servicios, sin perjuicio de que se les aplique en cada caso el tipo pactado.

En las tarifas de comisiones y gastos repercutibles se indicarán los supuestos y, en su caso, periodicidad con que serán aplicables. No se tarifarán servicios u operaciones no practicados…

2. Las Entidades no podrán cargar cantidades superiores a las que se deriven de las tarifas, aplicando condiciones más gravosas, o repercutiendo gastos no previstos. Se exceptúan de esta regla las comisiones señaladas expresamente como indicativas, según lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado precedente…

3. Las comisiones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente.

Consecuentemente, no podrán exigirse comisiones de apertura o similares en los descubiertos en cuenta corriente por valoración, o reiterarse su aplicación en otros descubiertos no pactados que se produzcan antes de la siguiente liquidación de la cuenta….”

En aplicación de las citadas normas, se hace imprescindible, para considerar debidas las comisiones litigiosas, no sólo que las mismas hayan sido previstas en los contratos suscritos entre las partes, esto es, que hayan sido expresamente pactadas sino que las mismas gocen de reciprocidad, esto es, que contra el pago de la misma el cliente reciba un servicio (“efectivamente prestado o gasto habido” dice la normativa bancaria referida).

Significa, pues, que de no acreditar la existencia del servicio efectivamente prestado o la realidad del gasto, el pago de la comisión realizado por el cliente carecería de causa y el cobro se reputaría indebido surgiendo la obligación de su devolución.

SEGUNDO

En primer lugar, examinaremos la alegación del recurso relativa a la procedencia de la comisión por descubierto al estar expresamente pactada y al corresponder a un servicio efectivamente prestado porque la demandante consiguió una financiación ágil, sin gastos de formalización y sin garantías añadidas que se acredita con la declaración testifical del Director de la oficina en el acto de la vista.

Se rechaza esta alegación porque, si bien es cierto que la comisión está pactada en el contrato, no responde a la prestación efectiva de un servicio por parte de la entidad apelante, si atendemos a las razones siguientes:

En primer lugar, consta acreditado con las liquidaciones mensuales aportadas por el actor que, sobre el descubierto, ya se venía aplicando un interés de demora del 27%, el cual tiene una finalidad indemnizatoria de daños y perjuicios imputable al incumplimiento o retardo en el cumplimiento de su obligación por parte de la actora.

En segundo lugar, no es creíble que durante tres años y medio se realizara hasta en más de cuarenta ocasiones una gestión concreta especialmente dirigida a conceder una ampliación del crédito al cliente como era la comprobación del riesgo de la situación de descubierto según su cuantía y plazo, la solvencia y garantías ofrecidas por el cliente; más bien, parece que se trata de una comisión aplicada automáticamente en todos los casos de descubierto sin corresponderse con la prestación de un concreto servicio destinado a comprobar el riesgo de la operación y la solvencia del cliente.

En tercer lugar, la liquidación de esta comisión se obtenía con la aplicación de un porcentaje sobre el descubierto máximo del mes, lo que es completamente ajeno al abono de un servicio concreto que se presta por la entidad financiera que debería de tener un coste fijo, lo que le acerca, habida cuenta de la fórmula de su cálculo, a un incremento del interés moratorio pactado del 27%, esto es, la comisión cobrada junto con el tipo de interés moratorio supone una doble remuneración para un mismo servicio, lo cual ha de reputarse un cobro indebido.

TERCERO

Seguidamente, abordamos la alegación del recurso relativa a la procedencia de la comisión por reclamación de posiciones deudoras, bien sea por reclamación del descubierto bien sea por el impago de las cuotas del préstamo, al corresponder a un servicio efectivamente prestado como se acredita con la documental consistente en las notificaciones dirigidas al cliente reclamando la regularización del descubierto y por la declaración testifical del Director de la oficina.

En relación con la comisión de reclamaciones de posiciones deudoras, la Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España correspondiente al año 2011 dice:

“Esta comisión constituye una práctica bancaria habitual, que tiene por objeto el cobro de los costes en que ha incurrido la entidad al efectuar las reclamaciones necesarias para la recuperación de los saldos deudores de su(s) cliente(s).

Ahora bien, desde la óptica de las buenas prácticas bancarias y ante la dificultad de las entidades de determinar a priori, y de justificar, a posteriori, para cada caso concreto, la existencia efectiva de gestiones de reclamación, es criterio del Servicio de Reclamaciones que su adeudo solo puede ser posible si, además de aparecer recogido en el contrato, se acredita que:

– Su devengo está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor (algo que, a juicio de este Servicio, no está justificado con la simple remisión de una carta periódicamente generada por el ordenador).

Es única en la reclamación de un mismo saldo. En consecuencia, de declararse vencida anticipadamente la totalidad de la deuda, solo podría adeudarse una nueva comisión por este concepto, con independencia de que, por criterios internos de recuperación de impagados, dicha deuda sea pasada al cobro total o parcialmente.

Caso distinto sería que en esas circunstancias se llegara a un acuerdo de refinanciación de la misma, de la que resultara un calendario de nuevas cuotas a pagar. En este caso sí que sería admisible, de llegar a producirse nuevos impagos de las mismas, la aplicación de la comisión de referencia.

No obstante, se considera que su adeudo es compatible con la repercusión de los gastos soportados por la entidad como consecuencia, en su caso, de la intervención de terceros en las gestiones de reclamación (por ejemplo, notaría).

– Dada su naturaleza, su cuantía es única, cualquiera que sea el importe del saldo reclamado, no admitiéndose, por tanto, tarifas porcentuales.

Además, y como criterio adicional, se considera que su aplicación automática no constituye una buena práctica bancaria, ya que la reclamación debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada impagado y de cada cliente.

En efecto, solo cuando se analiza, caso por caso, la procedencia de llevar a cabo cada reclamación, se justifica, bajo el principio de la buena fe, la realización de gestiones individualizadas de recuperación.”

Así las cosas, tampoco puede prosperar esta alegación porque:

1.-) no constituye una buena práctica bancaria exigir el pago de una comisión por reclamación de posición deudora cuando pretende justificarse la prestación efectiva del servicio con la remisión de una carta generada periódica y automáticamente por el ordenador, máxime cuando el cliente viene abonando una comisión por mantenimiento, una comisión por administración y, a partir del mes de abril de 2010, una comisión denominada de “tarifa plana”.

2.-) la declaración testifical del Director de la oficina no es suficiente para acreditar la prestación del servicio pues se refirió de manera genérica e imprecisa a gestiones telefónicas, a visitas personales al establecimiento del cliente y a la remisión al cliente de la reclamación mediante buzón virtual, no, por correo postal.

Por último, el silencio frente a la comunicación periódica de los extractos de la cuenta no puede implicar la aceptación tácita del devengo de las comisiones. La razón primordial se asienta en las reglas generales de los contratos, en cuanto la carencia de causa determina la inexistencia del contrato- falta uno de sus elementos esenciales- y en este sentido no es confirmable ni sanable.

CUARTO

La desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada según disponen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892).

QUINTO

Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578 y 2635).

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

III – PARTE DISPOSITIVA

FALLO: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Denia de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debo CONFIRMAR Y CONFIRMO la mencionada resolución, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada y con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución es firme al no caber contra la misma ningún recurso (ATS 21 de enero de 2014).

Así, por esta mi Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, Doy fe.


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