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Anulado el contrato de una tarjeta de BBVA por aplicar intereses abusivos del 22,95 % TAE

Anulado el contrato de una tarjeta de BBVA por aplicar intereses abusivos del 22,95 % TAE

La demanda fue presentada por una usuaria de EZ, la cual, tras haber reclamado la nulidad de una tarjeta de BBVA ante su Servicio de Atención al Cliente, y recibir respuesta negativa por parte de ésta, puso el caso en manos de uno de nuestros Abogados colaboradores, concretamente de Rodrigo Pérez del Villar Cuesta, experto en nulidad de contratos por usura y falta de transparencia, además de especialista en la reclamación de muchos otros tipos de abusos bancarios.

La tarjeta de BBVA tenía una TAE del 22,95 %, mientras que el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue contratada la tarjeta de BBVA fue del 8,42 %, permitiendo considerar que el interés estipulado en el contrato es notablemente superior al normal del dinero. Lo que conlleva la nulidad de dicho contrato, la cual es radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insanable, ni es susceptible de prescripción extintiva. Tal y como dice el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 (o Ley Azcárate).

Por lo tanto, la consumidora sólo está obligada a abonar por la tarjeta de BBVA el capital que efectivamente le ha sido prestado, es decir, que le tienen que de devolver todos los intereses, comisiones, seguros y cuotas anuales que llevase pagados durante la vida de la tarjeta. En este caso concreto, como la tarjeta de BBVA había sido contratada hacía pocos años (abril de 2015), la cantidad devuelta ascendió, entre principal e intereses, a una cuantía de 1.709,99 €.

La entidad, además de tener que anular el contrato de la tarjeta de crédito revolving, y restituir todo lo cobrado indebidamente en concepto de interés remuneratorio, más el interés legal desde la fecha de cada cobro deducido el capital efectivamente dispuesto, es condenada expresamente al pago de las correspondientes costas procesales.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 1 DE JAEN

SENTENCIA Nº 362/18

En Jaén a 10 de diciembre de 2018.

Don XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de esta ciudad y su Partido Judicial, ha examinado los autos de JUICIO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado bajo el núm. 1311/2018, entre partes, de una y como demandante Doña XXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña XXXXXX y defendida técnicamente por Don Rodrigo Pérez del Villar Cuesta contra la entidad BBVA S.A. representada por la Procuradora de los Tribunales Doña XXXXXX y defendida técnicamente por Don XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 19 de septiembre de 2018 Doña XXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña XXXXXX interpuso demanda de juicio ordinario, ampliada el 28 de septiembre de 2018, por la que ejercita acción de nulidad contractual y subsidiariamente nulidad de condición general de la contratación.

Admitida a trámite por Decreto de 28 de septiembre de 2018 se dio traslado al demandado para contestar, haciéndolo a través de su representación procesal el día 8 de noviembre de 2018.

SEGUNDO.- Señalada la Audiencia Previa para el día 4 de diciembre de 2018, tal día se celebra la misma con comparecencia de las partes, se ratifican en sus escritos y proponiendo como prueba, exclusivamente, la documental, quedan las actuaciones vistas para sentencia al amparo del Art. 429,8 LEC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora interesa se declare el contrato de tarjeta de crédito que le unía a la demandada de 2 de abril de 2015 por fijarse intereses notablemente superiores al interés normal del dinero conculcando la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1.908, con devolución de cantidad que en tal concepto se haya cobrado y excedido del capital efectivamente dispuesto.

Subsidiariamente, interesa sea declarada la nulidad de la condición general de establecimiento de interés remuneratorio por conculcación de la normativa reguladora de las condiciones generales de la contratación y la de protección de los consumidores por falta de cumplimiento de los requisitos de incorporación y transparencia.

Frente a ello, la entidad demandada excepciona la prescripción de la acción por aplicación de la Ley 16/2009 de servicios de pago que otorga los plazos de ocho y trece días al cliente para interesar la devolución de los adeudos domiciliados.

Subsidiariamente, se opone a las declaraciones de nulidad contractual o subsidiaria de nulidad de condición general de intereses remuneratorios al no conculcar dicha cláusula y el contrato integrado disposición legal alguna, no pudiéndose reputar la existencia de error o vicio en el consentimiento de la actora que ha activado y hecho uso de la tarjeta de crédito.

SEGUNDO.- En relación con la excepción de prescripción de la acción, en tanto la acción principal ejercitada por la parte actora es la de nulidad del contrato por conculcar la Ley de Represión de la usura, denunciando supuesto de nulidad radical y absoluta del contrato, es admitido de forma unánime por la doctrina y la jurisprudencia que la misma no se haya sometida a plazo de prescripción alguno, en tanto la infracción denunciada de estimarse determina la invalidez absoluta del contrato con restitución de las prestaciones retrotrayéndose al tiempo anterior a su celebración.

En este sentido, entre otras, la sentencia de 30 de enero de 2018 de la Sección 3 de la Ilma. Audiencia Provincial de La Coruña que dice: “Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Azcárate, «Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida…» .

La nulidad del préstamo usurario, claramente establecida por el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, comporta una ineficacia del negocio que es radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insanable, ni es susceptible de prescripción extintiva.

Dicha nulidad afecta a la totalidad del convenio con la única consecuencia, establecida en el artículo 3, de que ha de retrotraerse la situación al momento inmediatamente anterior al préstamo, lo que determina que el prestatario haya de devolver la cantidad efectivamente recibida sin que para ello haya de tenerse en cuenta plazo alguno establecido para tal devolución, ya que su fijación queda comprendida en la ineficacia absoluta y total de lo convenido, lo que lleva aparejada la consecuencia de que la devolución por el prestatario de la cantidad recibida ha de ser inmediata; y para el caso de que se hayan abonado algunos intereses por razón del préstamo, los imputa directamente al capital sin prever su reducción a un tipo distinto [Ts. 25 de noviembre de 2015 (Roj: STS 4810/2015, recurso 2341/2013) de Pleno y 14 de julio de 2009 (Roj: STS 4672/2009, recurso 325/2005)].”.

TERCERO.- Descartada la prescripción de la acción, hemos de analizar sí procede estimar la acción de nulidad contractual por fijación de interés remuneratorio que conculca la Ley de Represión de la Usura.

Es este sentido,este Juzgador ha seguido el criterio establecido por la Ilma. Audiencia Provincial de Jaén, Sección Primera en sentencia de 17 de febrero de 2016 que establece:

“Así debe deducirse sin género de dudas de la reciente Sentencia de Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, que precisamente versa sobre un crédito similar al de autos, cuyo contenido se resume de la forma siguiente: «carácter usurario de un crédito «revolving» concedido a un consumidor, consistente en que le permitía hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o mediante el uso de una tarjeta expedida por el Banco, hasta un límite de 500.000 pesetas, límite que podía ser modificado por el Banco, teniendo un tipo de interés remuneratorio fijado del 24,6 % TAE, y el interés de demora, el resultante de incrementar el interés remuneratorio en 4,5 puntos porcentuales.

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo le es de aplicación dicha Ley de Represión de la Usura, en concreto su art. 1, puesto que la Ley se aplica a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.

La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter abusivo del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, siempre que cumpla el requisito de transparencia y la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial.

La operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales: el interés debe ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«.

En el fundamento tercero dedicado al carácter usurario del crédito en cuestión se dice: «El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece:

«[s]erá nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «[l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido» .

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre 3.

A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art.1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero» .

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» .

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado

La claridad de esta Sentencia que por tal motivo hemos transcrito, ciertamente termina con las discrepancias existentes en distintas Sentencias de Audiencias Provinciales como las que cita el recurso, permite su aplicación sin solución de continuidad al caso de autos, y supone la desestimación de los dos primeros motivos del recurso.

En el año 2004, según las tablas publicadas por el Banco de España, el TAE en las operaciones de crédito al consumo a plazo entre 1 y 5 años, concretamente en Diciembre, era del 8,42 %.

Es claro que la de autos, al 22,95 %, como concluye la sentencia, aunque en relación al interés legal del dinero que no es el criterio de comparación como refiere la Sentencia del Tribunal Supremo, es notablemente superior al interés normal del dinero en operaciones de crédito, y de otro lado no se ha acreditado circunstancias excepcionales que justifiquen un tipo de interés notoriamente superior al referido.”.

Aplicando el criterio fijado por el Tribunal Supremo y acogido por la Ilma. Audiencia Provincial de Jaén, es necesario para determinar el interés como usurario o no hacer comparación con el TAE en las operaciones de crédito al consumo a plazo entre 1 y 5 años publicado por el Banco de España a la fecha de celebración del negocio.

Siendo la fecha de celebración el 2 de abril de 2015 y el TAE fijado por el Banco de España es de TAE 9,073 %, siendo el contractual del TAE 24,60 %. Evidentemente, se trata más del doble del que se habrá tener como referencia, lo que evidencia su desproporción.

Dada tal desproporción, concurre el supuesto de hecho previsto en el artículo 1 Ley de Usura de 23 de julio de 1.908, esto es que contiene un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; nulidad cuya consecuencia viene establecida en el artículo 3 en cuanto dispone que declarada la nulidad de un contrato el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Así, en el supuesto de hecho, procede estimar la demanda, declarando la nulidad contractual, con obligación de la demandada de restituir a la actora la cantidad cobrada en concepto de interés remuneratorio deducido el capital efectivamente dispuesto con la tarjeta de crédito por parte de la actora.

CUARTO.- En concepto de intereses, y declarada la nulidad del interés ordinario fijado en el contrato, es de aplicación los intereses del Art. 1.108 Cc, que establece: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.”.

Así, la cantidad debida devengará el interés legal de cada abono desde la fecha del mismo.

QUINTO.- Estimada la demanda, procede condenar en costas a la parte demandada.

FALLO

Debo ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por Doña XXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña XXXXXX y defendida técnicamente por Don Rodrigo Pérez del Villar Cuesta contra la entidad BBVA S.A., Y DECLARO LA NULIDAD DEL CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2015, CONDENANDO A LA DEMANDADA A RESTITUIR A LA ACTORA LO COBRADO INDEBIDAMENTE EN CONCEPTO DE INTERÉS REMUNERATORIO MÁS EL INTERÉS LEGAL DESDE LA FECHA DE CADA COBRO DEDUCIDO EL CAPITAL EFECTIVAMENTE DISPUESTO POR LA ACTORA.

Todo ello, con expresa condena en costas a la parte actora.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe la interposición de recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes a su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones y juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Don XXXXXXXX, de lo que como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.

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